La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará el caso Iron Mountain, a partir de la denuncia formulada contra el Estado argentino por el padre de uno de los diez bomberos fallecidos en la tragedia de Barracas en febrero de 2014.
Rolando Monticelli –padre de una de las víctimas- se presentó el 28 de enero de este año ante el organismo de la OEA que analizará su petición. Su hijo era Juan Matías, quien murió aplastado por una pared durante el incendio intencional del depósito que tenía la multinacional estadounidense en condiciones muy precarias.
El 4 de mayo pasado, la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional integrada por Julio Lucini y Mariano González Palazzo rechazó que los familiares de las víctimas pudieran ser querellantes en la causa donde ejecutivos de la multinacional y ex funcionarios porteños de Cambiemos están procesados.
“Espero que la CIDH pueda contribuir a que haya justicia o que presione para que así sea. Pedí que arbitraran todos los medios a su alcance para que intimen al Estado argentino por lo que pasó en Iron Mountain y, además, para que hagan una revisión de mi caso. Deberían releer todos los artículos de los derechos laboral, civil y sobre todo de la Constitución Nacional, ya que se vulneraron cuando me hicieron una jugada sucia en el Indec. Me difamaron, atentaron contra mi dignidad y mi derecho a trabajar en paz. Me calumniaron”, dijo en declaraciones periodisticas el padre del bombero de 26 años fallecido en Barracas.
Su hijo era uno de los seis bomberos que integraba el cuerpo de la Policía Federal. También hubo dos bomberos voluntarios y dos integrantes de Defensa Civil entre las víctimas fatales del siniestro.
La CIDH respondió que por reglamento, la petición podría tratarse recién en 2019.
Sus declaraciones son muy graves apuntando a amenazas recibidas: “En el escrito hice hincapié en los errores que cometió la Justicia argentina, la forma en que llevó el caso y que, por ejemplo, muchos responsables de primera línea fueron dejados de lado. También relaté cada una de las situaciones que me tocaron vivir personalmente: las amenazas, que me presenté en el Juzgado con todas las pruebas y nunca se me dio una respuesta satisfactoria”.
La persecución, según Monticelli, comenzó cuando se cruzó con Juan José Gómez Centurión, el funcionario que debía inspeccionar a la compañía de Estados Unidos mientras estaba al frente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña. Según el padre del bombero, el militar con pasado en la guerra de Malvinas y también carapintada –hoy vicepresidente del Banco Nación– lo “amenazó de muerte”.
