Por Mónica Rodríguez*
Como los ciudadanos de la ciudad sabemos, las comunas fueron “paridas con fórceps”. Cuando en 1996, la asamblea constituyente pensó y definió la ley más importante, le dio a la ciudad plena autonomía y estableció que debía ser dividida y descentralizada en “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial” denominadas Comunas (art. 127).
Cada una de estas unidades descentralizadas es conducida por un órgano colegiado integrado por siete miembros elegidos en forma directa por los habitantes de cada jurisdicción y de acuerdo a la representación proporcional que rige en nuestra ley electoral. También estableció que las juntas comunales debían ser acompañadas por un “organismo consultivo” de carácter honorario de asesoramiento, consulta y canalización de demandas, llamado el Consejo Consultivo Comunal, integrado por las distintas “organizaciones vecinales” y diferentes formas organizativas de la comuna.
Recién en el año 2005 -nueve años después- este capítulo de la constitución fue reglamentado a través de la Ley de Comunas Nº 1777 que rige hasta la actualidad y por la cual los 47 barrios porteños quedaron repartidos en 15 unidades descentralizadas.
Pero las comunas siguieron sin ver la luz hasta el año 2011 y no fue gracias a la voluntad política de quienes gobernaban en ese entonces sino por una sentencia judicial producto de una demanda interpuesta por un conjunto de ONGs y colectivos vecinales que llevaban 15 años de larga lucha y arduo trabajo en conjunto con miembros de la legislatura y equipos técnicos. En un punto se dieron cuenta de que con la sola participación y diálogo no iban a ver a las comunas funcionando y fue entonces cuando acudieron a la Justicia que ordenó el cumplimiento de la Constitución y la Ley reglamentaria.
Esta falta de convicción política es quizás uno de los factores que hoy impera para que estas unidades administrativas no terminen de tener más protagonismo en las decisiones y problemáticas locales y sigan estando encorsetadas en sus misiones y funciones. Esto es fácilmente comprobable: la mayoría de las comunas no tienen CUIT, no tienen presupuesto propio sino partidas delegadas por el gobierno central a pesar de que la Constitución marca que en cada unidad administrativa debe discutirse y surgir un Presupuesto Participativo -éste ha sido suplantado por un simulacro como es el “Buenos Aires Elige”-.
También es digno de mencionar que parte de las tareas que originalmente deberían ejercer los presidentes comunales como representantes legales y las juntas quedaron absorbidas por gerentes nombrados desde la casa de gobierno de la ciudad.
Por último, otro punto no menor y que no puede desconocerse es que desde el año 2011 hasta el 2019, es decir durante 8 años consecutivos, todas las comunas estuvieron presididas e integradas con mayorías del oficialismo que no hicieron óbice a las limitaciones impuestas por el Poder Ejecutivo. Recién en 2019 la oposición logró imponerse en la Comuna N° 8 y en la Comuna N° 4 y al día de hoy son las únicas comunas que tienen un presidente y una mayoría en la junta, diferente a la coalición gobernante en la ciudad.
LOS OBSTÁCULOS A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
¿Por qué hice esta introducción? Porque me parece importante poner en contexto el derrotero que debieron atravesar en todos estos años los Consejos Consultivos Comunales. Uno de ellos, el de la Comuna N° 11, no logró superar los obstáculos generales y los particulares que se suscitaron en la propia jurisdicción y estuvo casi 4 años paralizado.
Como sucedió con las unidades administrativas descentralizadas, el nacimiento del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna N° 11 también fue tortuoso. Con largos y sinuosos inconvenientes tardó más de un año en dictar su reglamento interno y constituir autoridades. En cada una de estas instancias además de vecinos y representantes de ONGs, había militantes de los partidos del oficialismo y de la oposición que tenían serios encontronazos en las asambleas. No faltaron grandes y graves incidentes que se producían en estos encuentros al punto que en una oportunidad los consejeros divididos en bandos fueron echados de un club (que gentilmente había prestado sus instalaciones) porque pasaron de las palabras a la agresión física y, en un espectáculo dantesco muy distante del sano debate democrático, terminaron volando hasta las sillas.
Demás está decir que este tipo de comportamientos fue alejando a los vecinos y representantes de entidades intermedias que estaban interesados en debatir proyectos, pero no compartían este tipo de actitudes.
Luego de mucho esfuerzo, finalmente se consensuó un reglamento y elegir autoridades. Y se pasó a tratar las problemáticas de los diferentes barrios de la comuna, temas que hasta ese momento habían sido postergados debido a la organización (o desorganización) interna.
Cuando se constituyeron las comisiones, se comenzaron a tratar proyectos comunales, se hicieron diversos pedidos de informe a la Junta y cuando parecía que todo comenzaba a engranarse, sobrevinieron las elecciones generales, una nueva Junta Comunal se constituyó y los nuevos integrantes encargados del área que debían llamar a asamblea mes a mes fueron espaciando en el tiempo las convocatorias hasta que en 2017 el Consejo Consultivo Comunal prácticamente dejó de sesionar y las comisiones dejaron de reunirse.
Con esta realidad llegamos a 2019. A cada uno de los candidatos de las diferentes fuerzas políticas le llegó el reclamo por la rémora que inhabilitó el funcionamiento del CCC. Es así como una vez resueltas las elecciones, los juntistas electos ni bien asumieron se comprometieron a convocar a asamblea al CCC. Pero en el medio, sobrevino la pandemia y la cuarentena. Las urgencias taparon los temas importantes, entre ellos la normalización de este órgano de consulta y control comunal.
Recién en noviembre de 2020 y ante la insistencia de los vecinos, la junta comunal realizó la primera asamblea con una audiencia de más de 300 personas. Los comuneros explicaron los pasos a seguir para concretar la normalización de este instituto.
A posteriori, la junta nombró una mesa coordinadora interina, hasta tanto el consejo pueda darse sus propias autoridades, integrada por un militante de la fuerza política oficialista, otro de la oposición y una tercera vecina.
Recién en marzo y abril de este año volvieron a convocar a asambleas que fueron destinadas exclusivamente a la lectura del reglamento, en una especie de intento de “refundación” de un órgano que había sido paralizado de manera unilateral por la Junta Comunal y no por los consejeros, de manera que esa normativa estaba plenamente vigente y en ningún momento había sido puesta en tela de juicio para justificar que las reuniones, todas por ZOOM debido a la pandemia, se dedicaran pura y exclusivamente a la mera lectura de la norma, en vez de abocarse a hacer que el CCC comenzara a operar.
Recién en mayo se habilitaron las comisiones que están previstas en el reglamento y los vecinos comenzaron a inscribirse para participar. Ya se llevaron a cabo los primeros encuentros virtuales y se están armando las agendas de trabajo, presentando proyectos y haciendo consultas a los comuneros para ponerse al tanto de las acciones de gobierno que fueron llevando adelante en cada una de las áreas desde que asumieron en diciembre de 2019.
Lo cierto es que estos manejos (o desmanejos) hicieron que nuestra Comuna durante 4 años tuviera totalmente paralizado el principal órgano de consulta que habilita la democracia participativa a nivel local y no se generaran proyectos desde las bases, quedando todas las decisiones en manos de una junta que ni siquiera se vio compelida a consultar nada a los vecinos, mucho menos hubo control de gobierno.
LO QUE SE PERDIÓ EN EL CAMINO
Entre otras cosas, este “congelamiento” impidió que el consejo consultivo participara de los debates del Código Urbanístico de manera organizada y eso permitió que el digesto se llevara puesta la Ley N° 4367 que había modificado el Código de Planeamiento Urbano y limitado la altura de edificación en un polígono de Villa del Parque que hoy ve multiplicarse edificios de altura; tampoco el órgano consultivo pudo seguir interponiendo el reclamo para que el Hospital Zubizarreta tuviera un tomógrafo, un equipamiento que hoy es determinante para la detección de neumonías por Covid-19 como así también de patologías cerebrales, coronarias o accidentes donde la “hora de oro” es fundamental para salvar vidas.
El CCC todos estos años no pudo controlar los planes de podas y talas de árboles en los 4 barrios de la jurisdicción y mucho menos conseguir que el Hospital Zubizarreta tuviera dentro de su área programática un Centro de Salud y Acción Comunitaria.
Tampoco pudo continuar apoyando al colectivo de vecinos que está luchando para que los pasos a nivel sobre la línea del ferrocarril San Martín no sean reemplazados por 11/14 túneles sino por una trinchera ferroviaria que le devolvería a la Comuna 11 un corredor verde de 20 hectáreas.
Finalmente, este CCC estuvo imposibilitado de elevar propuestas en las reuniones de la actualización del Plan Urbano Ambiental, una ley trascendental que, de aprobarse en la Legislatura, marcará la vida de los vecinos de manera transversal por los próximos años.
Pero más allá de todo esto, quiero cerrar este artículo con una mirada positiva: el CCC de la Comuna 11 hoy volvió a estar vivo gracias a la tenacidad de vecinos perseverantes que aún en los momentos más duros, cuando parece que todo fenece y los avances no se dan, siguen bregando por nuestra ciudad, para que alcance el pleno ejercicio de la democracia participativa.
Y una convicción es una especie de denominador común en quienes pensamos de esta manera: los gobiernos pasan y los vecinos quedamos para seguir construyendo la ciudad que queremos.
*Directora del periódico aquivilladelparque