La historia de esclavitud y muerte en lugares de trabajo ilegales, con condiciones detestables de higiene y seguridad, vuelve a repetirse sin que el gobierno de la ciudad haga nada.
Esta vez murieron dos niños, de 7 y 10 años asfixiados en el sótano de una vieja casa ubicada en Páez 2796, en el barrio de Flores, que era utilizada como un taller textil clandestino denunciado hace algunos meses por La Alameda y por vecinos de esa zona.
La Fundación La Alameda denunció a otros cuatro talleres en la misma cuadra, ubicados en Páez 2766, 2710, 2775 y 2721 y otro en Terrada 909. En Páez 2796 se produjo un incendio a las 10.30 de la mañana y al llegar los bomberos, el ingreso al lugar estaba tapiado, por lo que debieron tirar abajo una pared para poder ingresar. En el lugar murieron carbonizados dos nenes, de 10 y 7 años y sus padres resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Álvarez.
El inspector porteño, Edgardo Castro en declaraciones públicas denunció que el gobierno de la Ciudad “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos que evita que los mismos puedan ser clausurados” y acuso al director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, de proteger a los empleadores y a los talleres clandestinos avisando a sus dueños de las denuncias presentadas: “el gobierno de Macri notifica a los denunciados, los pone en alerta y protege a los talleres clandestinos”.
A su vez, el presidente de La Alameda, Gustavo Vera denuncio que las comisarias recaudan, cobrándole a los talleres clandestinos para dejarlos funcionar, alrededor de 4 millones de pesos por mes y puntualizó que esa suma es para el funcionamiento de las comisarias, mientras que una buena parte se la quedan los altos oficiales de las comisarias. Aseguró además, que la comisaria 50 recauda coimas de todos los talleres instalados en Floresta.
La tragedia de la calle Luis Viale
Como antecedente más cercano a esta nueva tragedia, recordamos la tragedia sucedida en marzo de 2006 con el incendio de un taller textil en la calle Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, que provocó la muerte de dos adultos y cuatro chicos bolivianos, que murieron carbonizados. No hay nadie involucrado por la justicia, que no movió nunca el expediente para averiguar que paso y la causa está próxima a prescribir.
En esta oportunidad, el taller clandestino que funcionaba en la calle Luis Viale, no tenía sistemas para combatir las llamas, no había puerta de emergencia y los obreros ni siquiera pudieron salir de la sala donde estaban trabajando. Este hecho generó en los primeros meses luego del siniestro mayores inspecciones laborales de parte del gobierno porteño con el cierre de algunos talleres y la ayuda a los migrantes que quedaban sin empleo e indocumentados.
Esta política dejo de ser activa una vez que el tema dejo de ser noticia en los grandes medios.
Recordamos que este nivel de explotación tiene consecuencias parecidas en otros países. Recordamos la tragedia de Bangladesh ocurrida a principios de abril de 2014, donde se derrumbó un edificio de cuatro pisos que funcionaba como fábrica textil clandestina provocando 575 muertos.
“Cama caliente” y trabajo esclavo
Los dueños de estos talleres clandestinos apoyados por organizaciones ilegales se dedican a explotar a familias enteras, incluidas niñas y niños, que trabajan seis días a la semana a razón de 14 a 16 horas diarias. El costo de esta mano de obra no supera el 3% del precio de venta en las grandes marcas. El concepto de “cama caliente” es usado para graficar la situación de trabajadores extranjeros indocumentados, la mayoría bolivianos, que tienen sus lugares de descanso al lado de las máquinas y soportan una explotación extrema.
Sus empleadores les quitan los documentos luego de ser traídos engañados desde sus países de origen y les dicen que pueden ser encarcelados si los descubren. Según la normativa vigente, son casos de trata de personas y sometimiento forzado a la esclavitud, ya que esos trabajadores no salen nunca de sus lugares de trabajo por la amenaza patronal.
Las organizaciones bolivianas afirman que cerca del 80% de los inmigrantes que vive en territorio porteño se dedica a este rubro. Alrededor de 30 mil trabajadores de estos talleres viven en condiciones de precariedad extrema.
Un sistema mafioso atrás de los talleres
Para graficar las características de estas actividades ilegales hay ejemplos concretos. En una investigación del Defensor del Pueblo de la Nación contra Juan Carlos Salazar Nina, quien tenía dos talleres ubicados cerca del Parque Avellaneda, se comprobó que uno de ellos tenía 21 máquinas y 25 obreros y el otro contaba con 15 máquinas y 12 obreros.
Todos los trabajadores eran inmigrantes, indocumentados, vivían bajo el sistema de “cama caliente”, las instalaciones no tenían habilitación ni condiciones mínimas de seguridad e higiene y así lo describía el informe judicial: “había personas en estado de esclavos, sometidos a explotación y servidumbre, menores de 18 años de ambos sexos.
Entre otros ilícitos se constató evasión impositiva – previsional (violación a la Ley penal-tributaria N°24.769, violaciones a la ley 25.871 (Migraciones), trabajo en negro o informal (Ley Contrato de Trabajo), violaciones a la ley 12.713 de Trabajo a Domicilio y a la ley de Trata de Personas 26.364 y su modificación N°26.842”.
Al amparo de la inacción estatal se fueron consolidando las “guardias blancas”, grupos organizados como fuerza de choque que actúan en defensa de los dueños de los talleres, atacando a las organizaciones que combaten la trata de personas y bloqueando los operativos de inspección.
Además, frenan cualquier intento de organización por parte de los trabajadores costureros, tienen estrechas conexiones con radios de la colectividad y con empresas de transporte que llevan y traen gente del barrio de Liniers a Bolivia. Todo este movimiento se especula, tiene protección policial.
La palabra de un ex – trabajador esclavo
Estrada Vázquez es un ex trabajador rescatado de un taller clandestino, es uno de los pocos que se animó a contar pormenores de este negocio: “los dueños de talleres operan con la empresa de transporte 6 de Agosto, una de las más fuertes en cuanto a la oferta de viajes entre Liniers y Bolivia que ayuda a los migrantes con los papeles y el dinero que es necesario mostrar en la frontera para justificar la condición de turista. La empresa no tiene un espacio físico donde funciona y para obtener los tickets hay que escuchar las radios de la colectividad que ofrecen números de teléfono. Por esa vía se gestionan las compras y se informa de dónde salen los micros”… “las emisoras son esenciales en la estrategia. Adentro de un taller se escuchan solo esas radios y si hay algún allanamiento te dicen “el monstruo argentino viene a quitarte el laburo”…”.
La Defensoría de la ciudad de Buenos Aires, en una investigación que realizó hace unos años, ratifica los dichos de este trabajador, el informe sostiene que muchas de las radios de la colectividad son manejadas por los dueños de talleres y desde allí piden empleados para los talleres.
En la Ciudad de Buenos Aires existen 33 radios destinadas a los oyentes de nacionalidad boliviana y distintas ONG y miembros de la comunidad mantienen estas señales para mantener el negocio de los talleres.
El ex – tallerista Vázquez sostiene que “en esas radios se impulsa el nacionalismo para recrear las condiciones que se perdió con la inmigración, todo es noticias bolivianas y música boliviana… pero el objetivo es mantener en ese círculo nacionalista cerrado para dominar mejor la voluntad y que los explotados permanezcan aislados.”.
