La comunidad boliviana cartelizó los precios de la venta frutihortícola, con rentabilidad, en negro, del hasta 800%

Por Ricardo Guaglianone

En el debate acerca de los elevadísimos precios de alimentos en general y los productos frutohoticolas en particular, hay una instancia poco conocida aunque muy estudiada a nivel académico. Es el avance de la comunidad boliviana sobre el control de la producción, distribución y venta directa de estos productos, fijando márgenes de ganancias que terminan en precios exorbitantes para los consumidores.

Además, los estudios revelan la enorme informalidad de toda la cadena de comercialización de esta comunidad, con numerosos casos de trabajo en negro, cuasi esclavo, con condiciones de higiene y seguridad muy precarias, más una situación fiscal irregular en todo el circuito.
En ningún local de venta se dan tickets o boletas, la distribución desde las zonas de producción es totalmente en negro y sin facturas y no hay control de personal ni de procesos de verificación de costos, que puedan hacer más razonables los precios finales.

Los porcentajes territoriales en el dominio del mercado

Desde hace unos 14 años se están haciendo censos de control sobre la situación frutihorticola nacional. El Censo Hortícola de la Provincia de Buenos Aires, en 2001, ya registraba en la zona Sur (La Plata, Berazategui y Florencio Varela) la presencia de un 39.2% de productores bolivianos (el 75% de ellos en carácter de arrendatarios y el 25% de propietarios), los cuales trabajaban solo con mano de obra boliviana en situación legal muy precaria.

En el 2005 se registra un 30,4% de horticultores de esa nacionalidad en toda la provincia, mientras que en Córdoba, hacia el 2008, el 65% de los productores eran bolivianos y en Río Cuarto desde ese año, manejan el 80% de las explotaciones de frutas y verduras.
En Escobar, Luján, Pablo Podestá y Lomas del Mirador, en La Matanza, los mercados concentradores son operados exclusivamente por integrantes de la colectividad, que controlan el 80% de la producción.

Esta situación se repite a lo largo de todas las provincias argentinas. En el norte, por ejemplo, el 90% del mercado está dominado por la comunidad boliviana.
Este proceso se empezó a gestar hace unos 40 años, cuando productores hortícolas italianos fueron contratando a gran cantidad de trabajadores bolivianos que con el tiempo fueron convirtiéndose en productores y luego con el aporte de subsidios estatales muy importantes, fueron comprando tierras y mejorando la calidad de los productos hasta dominar, actualmente, el circuito de producción, distribución y venta de sus productos en varias provincias argentinas.
La mayoría de este circuito es en negro, sin ningún control estatal.

El avance sobre la comercialización

Según los estudios realizados por el Conicet, este proceso de control del mercado en frutas y verduras tuvo tres etapas.
Una etapa convergente, donde la producción atomizada de decenas de quintas se centralizó en mercados mayoristas (punto de concentración) y en años recientes, a la tradicional venta vía consignación (intermediarios) se le sumó la venta directa por parte del productor.

Los mercados concentradores (punto de concentración) es donde se forma el precio. Existen tres tipos de mercado concentrador: el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), los mercados satélites (informales) y los “nuevos mercados” de la colectividad boliviana, con la particularidad, en los últimos 5 años, de una mayor influencia de esta comunidad, en el funcionamiento del Mercado Central. y del Mercado Regional de La Plata.

Fijación de precios y toma de la renta social

Al controlar toda la cadena comercial, son formadores netos del precio de venta de frutas y verduras, por lo tanto, actores muy importantes en la absorción de una parte sustancial de la renta social, por la irracional tasa de rentabilidad que le aplican a sus producciones. Esta instancia se da con más claridad en la venta minorista en los centros urbanos, con verdulerías que cubren el 70% de la demanda, con porcentajes de ganancias mínimas del 400% sobre los precios de producción (en algunos productos el margen de ganancia llega al 800%).

La instancia de dominio territorial hace que puedan fijar precios homogéneos en todas las verdulerías, iguales o mayores a los que manejan los hipermercados, equiparando el nivel de rentabilidad que las grandes cadenas imponen a los productos que venden.

Este formidable crecimiento fue posible gracias al apoyo de los municipios a la colectividad boliviana, en la entrega de tierras y en la apertura de los mercados concentradores, o los que se impulsaron a nombre de la municipalidad (Moreno, José C. Paz) cediendo luego las tierras y el equipamiento, a la colectividad boliviana.

Tanto en esos “mercados propios” y en los tradicionales, los bolivianos impusieron nuevas estructuras, nuevas administraciones, nuevos actores, llegando a ejercer influencia sobre las políticas territoriales de los municipios de la región metropolitana.

Los argentinos no pueden participar

Estos “nuevos mercados” son dirigidos por personas de origen boliviano y para acceder a un puesto en ellos, es necesario asociarse (hay que ser boliviano o hijo de boliviano), y sólo los socios tienen derecho a participar de las reuniones y en la toma de decisiones.

El mantenimiento y la expansión de la estructura organizativa boliviana tiene dos tipos de sujetos, los de vínculos fuertes que son el corazón de la organización (familiares y amigos), y otros que llegan en carácter de mano de obra barata, provenientes de la misma comunidad de origen, que la familia que los trae y los explota, muchas veces, al límite de la esclavitud.

Forman así, un grupo empresarial sin control estatal, con suficiente masa crítica como para convertirse en un colectivo con poder de decisión para imponer sus propias reglas de juego en el mercado. Esto se logró con una súper explotación de mano de obra, salarios paupérrimos y actividad en negro.
Por ejemplo, en El Peligro (paraje de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires), ante la escasez de peones bolivianos en el área, están empleando argentinos, pero solo cuando pueden marcar las condiciones; ¿qué significa esto?, básicamente, que acepten un salario “degradado”, como el que le pagan a sus compatriotas que llegan desde las distintas localidades de Bolivia.

La ayuda y la falta de control estatal

La capacidad para acceder a tierras productivas, sea en calidad de propietarios o arrendatarios, está relacionada directamente con el apoyo en subsidios y otras regalías del poder político hacia estas comunidades.

Dar a conocer solo algunos de estos subsidios, ayuda para dimensionar el impacto: en Octubre 2012 el director del Programa de Innovación en Producción Alimentaria, Roberto Llanes les otorgó subsidios (sin retorno) para insumos, tales como invernáculos, sistemas de riego por goteo y de filtro para aumentar la producción de frutas y verduras en Rosario.

El 15 agosto 2008 el intendente de Gral Rodríguez entregó gratuitamente, desde motos fumigadoras hasta insumos agroindustriales, así como nylon cristal para generar invernáculos; elementos que venían siendo pedidos por la comunidad boliviana.

En Octubre de 2011 el Municipio de Pilar entregó 400 mil pesos en subsidios a 25 productores de Pilar, todos bolivianos, en el marco del programa Pequeños y Medianos Productores Periurbanos. El evento contó con la presencia del Intendente local, Humberto Zúccaro, representantes del INTA, e integrantes de la Comunidad Boliviana en Argentina.

Allí se anunció que Pilar recibirá otros 800 mil pesos para destinar a los productores. El jefe comunal, señaló: “los subsidios son una manera de contribuir a la integración, evitando procesos de estigmatización y violencia para con los compatriotas bolivianos, quienes en sus quintas elaboran productos que sirven para abastecernos a todos”. Nada dijo del abuso de esta colectividad en el manejo comercial de esos productos y la estigmatización que hacen de los argentinos que no pueden acceder con la misma facilidad a estos subsidios y entrega gratuita de tierras.

Recientemente, el 2 de febrero 2014, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Gustavo Arrieta, firmó un convenio de promoción para pequeños productores frutihortícolas, con un fondo de 10 millones de pesos para los partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata, donde los productores bolivianos controlan el 80% del mercado en todas sus etapas.
Toda esta fenomenal ayuda estatal (es mucho más extensa) permitió el desarrollo de esta comunidad y el control casi absoluto de toda la cadena comercial.

Asimismo, es de destacar la falta de control fiscal, sanitario y condiciones de trabajo de parte del estado, tanto local como nacional, sobre estas producciones que se manejan con mano de obra semi- esclava.
Todo este andamiaje les permite ser formadores de precio con altas e injustificadas tasas de rentabilidad en los mercados propios de distribución mayorista y la cartelización de la venta minorista de frutas y hortalizas.

Conclusiones

El capitalismo moderno conduce a un mercado de trabajo dual, en el que coexiste el sector primario, con puestos de trabajo bien remunerados y buenas condiciones laborales, y el sector secundario, inestable, de baja remuneración y condiciones de trabajo peligrosas.
El sector secundario en la comunidad boliviana en nuestro país es fuerza de trabajo inmigrante dirigida por otros inmigrantes que generan condiciones de aislamiento de esos trabajadores para poder someterlos a regímenes de explotación exacerbada, en la mayoría de los casos de esclavitud y eludiendo la legislación local. Para lograr este sometimiento, tanto en las actividades agrícolas como textiles, los inmigrantes conducen a sus empleados a no tener interacciones por fuera del propio enclave étnico.

El ingreso a través de las redes étnicas termina atrapando a los migrantes en relaciones clientelares que generan esta relación de esclavitud encubierta. Por lo tanto, en estos espacios cerrados existen quienes se favorecen excesivamente y quienes sufren condiciones paupérrimas de empleo y nivel de vida.
En definitiva, son pocos los que pueden alcanzar los peldaños más elevados en la llamada “nueva escalera boliviana” hacia el progreso. Hacemos hincapié que ese “progreso” se genera a costa de mano de obra esclava y precios abusivos que absorben buena parte de la renta de los consumidores locales.

Fuentes:
La Razón Digital / ANF / La Paz
Fundación La Alameda / Página 12
Estudios de campo del Conicet
ONG “Vínculos en Red / Clarín Digital

Población boliviana en Argentina

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena recientemente dio a conocer que un millón doscientos mil bolivianos sin documentación legal residen en la República Argentina y 350.000 bolivianos tienen sus papeles al día. En un seminario internacional de defensores del pueblo en Buenos Aires, la colectividad boliviana le informó al Defensor del Pueblo, sobre el número y situación de residentes legales y de los indocumentados, donde un importante número son jóvenes, muchos de origen indígena, que están sometidos a explotación laboral y explotación sexual con total impunidad y que la mayoría no tiene derecho a la salud y la educación, entre otras formas de violencia, ejercidas por sus propios compatriotas, organizados como verdaderas mafias, que actúan con total impunidad en Argentina.