POR JONATAN BALDIVIEZO, MARÍA EVA KOUTSOVITIS Y ALEJANDRO VOLKIND
En la ciudad, los tan anunciados vouchers educativos, denominados oficialmente como “Programa Ayuda Cuota Escolar”, creado a través de la Resolución N.º 1452-MEDGC/24, resultaron más de lo mismo: más plata para subsidiar a las escuelas privadas, con escaso control y sin justificaciones claras.
Mientras tanto, el presupuesto destinado a la educación pública sigue en picada, y las escuelas se caen, literalmente, a pedazos, tal como sucedió esta semana en el barrio de Monte Castro.
El GCBA otorga subsidios millonarios a la oferta educativa privada sin regulación legal. También subsidia la demanda sin controles serios en los precios de las cuotas que en los hechos están liberadas.
En la Ciudad de Buenos Aires la seguridad jurídica de los prestadores de los servicios públicos se traduce en la seguridad económica del negocio garantizado, todo con la nuestra.
Lluvia de subsidios a la gestión privada
Tres semanas atrás, Jorge Macri anunció que el gobierno porteño cubriría el 50% de la cuota programática de los estudiantes que asisten a escuelas de gestión privada subvencionadas en los tres niveles: inicial, primario y secundario, con un tope de $30.000 por hijo y por mes.
La ayuda económica, según indicó, cubriría los meses de mayo, junio y julio y beneficiaría a 212.000 estudiantes y 853 escuelas privadas, según cifras oficiales.
El anuncio buscaba atender una de las principales preocupaciones de las familias porteñas: el aumento sideral que tuvieron las cuotas de los colegios privados desde diciembre de 2023. Estos aumentos estuvieron estimulados por la alta inflación que se disparó y por la oleada de desregulación y descontrol de los precios de los servicios públicos.
Esta semana, finalmente, se conoció que esa “ayuda escolar” representó casi 1.900 millones de pesos ($1.866.734.988) para el mes de mayo. Se presume que cifras similares, o aún mayores, serán desembolsadas por el Ministerio de Educación en junio y en julio.
El dinero no fue a las familias que lo solicitaron, sino que fue directamente a las escuelas privadas de nivel inicial, primario y secundario, que todos los meses ya reciben subsidios millonarios para pagar los salarios docentes, y que ahora recibieron 30.000 pesos, en muchos casos, por cada estudiante que cursa en ellas.
De esta forma, una escuela como el exclusivo colegio Guadalupe, ubicado en el corazón de Palermo y cuya cuota supera los 200.000 pesos, recibió un subsidio para sus 635 estudiantes equivalente a casi 20 millones.
El monto se suma al subsidio que el colegio recibe todos los meses para pagar los salarios docentes, por el cual en abril recibió casi 35 millones de pesos.
Pregunta: ¿Con qué criterio se reparten estos subsidios, que solo en un mes (abril) representaron casi 20 mil millones de pesos, monto similar al que recibirán para todo 2024 las escuelas públicas para mantener su infraestructura edilicia?
Planeros educativos
En la Ciudad de Buenos Aires, siete de cada diez escuelas privadas están subsidiadas, y el número va en aumento. La mitad de ellas, con aportes estatales que van del 75% al 100%.
Según datos oficiales, en 2015 el Estado porteño subsidiaba a 789 establecimientos educativos privados. Ahora, ocho años más tarde, ya son 853 las escuelas privadas que se verán beneficiadas por los subsidios estatales que pagamos todas y todos los porteños.
El incremento de escuelas financiadas y del importe de los subsidios no responde a una absorción mayor de matrícula: las 789 escuelas subsidiadas en 2016 absorbían a 360.000 estudiantes, ahora en 2024 las 853 absorben a 361.000.
¿Con qué criterio se reparten los subsidios?
La Dirección General de Educación de Gestión Privada de la CABA (DGEGP) asegura que el principal criterio para definir a qué escuela otorgar aporte y decidir el porcentaje de este se refiere a las características de la población atendida.
Sin embargo, recibir un subsidio del 100% no implica la gratuidad para las familias. De hecho, es la excepción. En el nivel secundario, los colegios que reciben subsidios y cobran cuota 0 se cuentan con los dedos de una mano, actualmente son solo cuatro.
Al acceder a este beneficio para el pago de salarios y aportes —al que se suman otros como el pago del Fondo de Financiamiento de Infraestructura de Escuelas Seguras o, hasta febrero, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y material didáctico—, las escuelas privadas aceptan ciertas regulaciones estatales, como el tope máximo de cuota que pueden cobrar y la cantidad de becas a conceder (de acuerdo a la Ley Nacional N.º 13.047, las becas no deben ser menores al 10 % del número de alumnos/as de la matrícula).
Sin embargo, la regulación es casi una formalidad, ya que rige para la parte de la cuota denominada “aranceles programáticos”. La otra mitad de la cuota se denomina “aranceles extra programáticos”.
En este rubro, el GCBA permite a los colegios cobrar a las familias un monto correspondiente a conceptos como mantenimiento y equipamiento, material didáctico y otros servicios como transporte, servicio médico y seguridad, etc. Para este rubro, no existe ningún tope o control y en los hechos termina duplicando el valor de la cuota.
Esto permite que un colegio como el Instituto River Plate (que depende de un club que acaba de anunciar que en 2023 tuvo “el mejor balance de los 122 años de su historia, con un superávit de 52,3 millones de dólares), reciba el 60% de subsidio para sus cuatro niveles (inicial, primario, secundario y terciario). Sólo en abril de 2024, el Ministerio de Educación le transfirió más de 70 millones de pesos.
La lista de escuelas privadas es larga e incluye a colegios como el Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Las Cañitas; o el Hans Christian Andersen, cuya sede se encuentra en el exclusivo barrio de Belgrano.
La insensatez de esta política pareciera tener un reconocimiento implícito de los propios colegios, quienes suelen ocultar en sus páginas web el beneficio estatal que reciben.
Un sistema de subsidios sin control
Esta discrecionalidad en el reparto de subsidios motivó un informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, donde se denunció el escaso o nulo control sobre el destino de esos millonarios fondos: “Se verifica ausencia de control oportuno y eficaz por parte de la DGEGP sobre las rendiciones mensuales de aplicación de fondos públicos efectuadas por los colegios privados”.
En el informe, se detalla que la mitad de las instituciones secundarias analizadas no fueron supervisadas por el organismo Estatal, y las que sí, una sola vez; mientras que los aranceles tuvieron cuatro valores diferentes estipulados a lo largo del año. Tampoco se verificó que la cuota de mantenimiento, que también reciben como aporte estatal, haya sido debidamente utilizada.
La opacidad que reviste todo el sistema de subsidios quedó demostrada cuando ni siquiera la Auditoría de la Ciudad pudo acceder al monto neto efectivo percibido en el año por cada establecimiento subvencionado, tampoco pudo realizar una comparación precisa entre las distintas fuentes de información financiera —SIGAF y SINIGEP— sobre montos aportados y rendidos anualmente.
Crece el presupuesto para escuelas privadas y se achica para las públicas
A diferencia de lo que sucede con el presupuesto educativo, que en la última década perdió diez puntos —pasó del 27,8% al 17,2%—, los montos destinados a solventar a las escuelas privadas crecen año tras año.
En 2015, representaba el 16,2% del gasto total del Ministerio de Educación y en 2023 llegó al 17,5%. Este presupuesto nunca se subejecuta e incluso es ampliado durante el año.
En 2023, a los más de 63.000 millones de pesos presupuestados inicialmente, se le sumaron casi 20.000 millones de pesos más que fueron íntegramente utilizados. En total: 81.942 millones de pesos.
El trato preferencial que recibe la educación privada en la Ciudad quedó reflejado de manera explícita en enero de 2021. El GCBA recortó 371 millones de pesos que estaban destinados al Plan Sarmiento, programa que provee dispositivos tecnológicos a los estudiantes de escuelas estatales, para transferir ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada.
De hecho, el mismo día de esta semana que salió publicado que se destinarían casi 1.900 millones de pesos en “ayuda escolar” a estudiantes de escuelas privadas, el Ministerio de Educación publicó que de los 102.939 estudiantes secundarios que asisten escuelas públicas, tan sólo 624 recibirán la beca estudiantil, es decir el 0,6%. Cabe destacar que los estudiantes de escuelas privadas que recibieron la “ayuda escolar” fueron más de 62.000, una relación de uno a 100.
Para la segunda y última cuota de la beca se determinó un monto de 56.250 pesos. Para las becas estudiantiles, el GCBA destinará 35 millones de pesos, en cambio, para la “ayuda escolar” a estudiantes privados, destinará 1.900 millones de pesos.
Jorge Macri aseguró en el anuncio del “Programa Ayuda Cuota Escolar”: “Nuestro objetivo es claro: vamos a poner todos los recursos disponibles y nuestro mayor esfuerzo para que ninguna escuela cierre y para que todos los chicos estén en las aulas aprendiendo. La educación siempre es y será nuestra prioridad”. Queda claro que la única educación que es prioritaria es la de gestión privada.
Obligaciones incumplidas
Financiar la educación privada no es la regla y, de hecho, no sucede así en buena parte del mundo. Sin viajar demasiado lejos, en Uruguay, la iglesia tiene el monopolio de la educación privada, pero no recibe ningún tipo de financiamientos estatal.
En Finlandia, para tomar un ejemplo que suele ser afecto a los funcionarios del PRO, el Estado financia a los escasos colegios privados que existen, pero con la condición de que no lucren con la educación, es decir que tienen prohibido cobrar cuota. Su razón de existir está ligada a que dan respuesta a una necesidad donde el Estado no llega.
La realidad en la Ciudad de Buenos Aires, como se puede observar, es diametralmente opuesta y hasta incumple con la propia Constitución. Su art. 25 dispone que “la Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos”. Esta ley no existe y desde hace más de 25 años que espera ser tratada y aprobada en la Legislatura porteña.
Por ello, el financiamiento a los establecimientos educativos de gestión privada a través de fondos públicos en la CABA requiere una revisión en toda su dimensión y alcance.
Más cuando las escuelas públicas se caen a pedazos, tal como sucedió con el techo de la escuela primaria Casimiro Maciel, ubicada en Monte Castro.
