Empresas recuperadas: Macri veto de nuevo una ley aprobada por sus propios legisladores. La medida afecta a 29 fábricas de la Ciudad. Más de 2000 trabajadores pueden perder sus fuentes de trabajo.
Una decisión difícil de justificar
La última sesión ordinaria de la Legislatura el 14 de diciembre de 2012 había terminado con un gesto muy bueno de los legisladores porteños hacia los trabajadores de las fábricas recuperadas en la ciudad. En esa jornada legislativa y por unanimidad, se extendió la iniciativa que desde 2009 protege a estas empresas recuperadas con los dos mil puestos de trabajo que generan y que benefician a muchas familias.
Sin embargo, sorprendiendo a propios y extraños, Macri vetó la norma y la medida protectiva fue anulada desautorizando a sus propios legisladores que votaron por unanimidad la nueva protección. El veto, como corresponde a toda decisión simbólica fuerte, fue tomada pocas horas antes de la Navidad.
De esta manera el jefe comunal dejó sin efecto la ley 4008, que prorrogaba el plazo del ejecutivo para cumplir con otra norma, la 1529, que declara “de utilidad pública” a las empresas recuperadas y ordena al Estado de la ciudad a tasar los inmuebles y expropiarlos, a favor de las nuevas administraciones de trabajadores organizados en cooperativas.
La situación actual
Con la caída de la protección legal, las empresas recuperadas quedan a merced o bien del reclamo de sus antiguos dueños, que las abandonaron o que intentaron vaciarlas o bien de las posibles ejecuciones judiciales por los juicios de quiebra que se llevan sobre la mayoría de ellas. Según el Boletín Oficial 3818 el jefe de gobierno porteño dejó sin efecto la Ley 4008, que prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad, y que emplean a más de 2000 obreros que, desde fines de los ’90, defendieron sus puestos de trabajo evitando que los patrones vaciaran las plantas fabriles.
Esas fábricas, que comenzaron a ser ocupadas en todo el país durante los últimos años del menemismo, fueron protegidas en la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1999, con la sanción y promulgación de la Ley 238, que dispuso declarar todas esas unidades productivas de “utilidad pública”.
Con el veto de Macri, entonces, esas empresas corren serios riesgos ante los embates judiciales de sus ex propietarios, quienes tras dejarlas vaciadas y quebradas y ahora, en plena producción gracias a la intervención de sus trabajadores, podrían hacerse de nuevo con ellas, con riesgo concreto de pérdida de miles de fuentes de trabajo.
El regalo para el año nuevo: el veto inexplicable
Obreros gráficos, textiles, gastronómicos, madereros, entre otros, evitaron en su momento que los empleadores vaciaran las plantas fabriles, vendieran sus maquinarias, se declararan en quiebra y los dejaran en la calle sin nada.
Esas fábricas, que son puestos de trabajo y familias, fueron protegidas a partir de 1999 con la Ley 238 y desde allí, esas unidades productivas son de “utilidad pública”, se pueden expropiar con fondos públicos y además, la norma ordenaba al Estado porteño que debía presentarse en todos los juicios de quiebra para evitar el cierre y el despido de sus trabajadores.
La normativa estableció un primer plazo de vigencia por cinco años, que sólo podía ser extendido por una nueva ley que fuera votada por la Legislatura. En 2004 los ediles sancionaron la Ley 1529 y prorrogaron ese plazo hasta 2008. La nueva Legislatura votó la Ley 2970 y extendió los plazos hasta 2011. El año pasado la protección legal fue ratificada por cuarta vez y los diputados porteños volvieron a extender los plazos hasta 2017 (Ley 4008). Sin embargo, el 16 de diciembre, la norma quedó sin efecto, gracias a un decreto firmado por Macri junto a su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera.
Porque las fábricas son de los trabajadores
Con este veto, los procesos de quiebra se pueden volver en contra de los trabajadores y los vaciadores que se fugaron hace diez años, podrán reclamar, sin ningún impedimento legal, que les quiten todo a los trabajadores y los dejen en la calle. Los nuevos dueños de las recuperadas han hecho una tarea increíble luego de la desidia de sus antiguos empleadores, por esto es injusto el veto y ellos son los verdaderos dueños de las empresas: levantaron gigantescas deudas de los anteriores dueños, habilitaron las líneas de producción, recuperaron proveedores y clientes, invirtieron ganancias en nuevas maquinarias, pagan las contribuciones sociales en el marco de una economía social que desarrollaron con mucho sacrificio, mantuvieron y alimentaron circuitos de trabajo asociado, entre otros logros. Este veto tendrá seguramente la férrea pelea de las cooperativas para nuevamente defender sus puestos de trabajo.
