Desde hace unos años, el tema de vacantes en escuelas públicas es un verdadero trastorno para los porteños por la falta de escuelas nuevas que satisfagan la demanda y se puedan incluir a todos los alumnos que lo requieran en esa opción.
No se sabe bien cuantas vacantes faltan en las escuelas públicas para satisfacer la demanda pero este año alrededor de 12.000 estudiantes quedaron afuera del sistema y debieron ser anotados en colegios privados.
La Ciudad tiene esta carencia de hace varios años. Por ejemplo, el año pasado faltaron vacantes para 11.432 estudiantes, mientras que en 2017 fueron 11.958, la mayoría en el nivel inicial. Este año, lejos de buscar revertir esas cifras, el monto destinado a educación fue el más bajo de la historia: en 2012 representaba el 27,8% y este año cayó al 18,5% este año.
Ante los requerimientos por que el gobierno porteño diga los verdaderos faltantes de ingresos en las escuelas públicas, se realizaron presentaciones judiciales para obtener esos datos, pero nunca fueron dados.
Por esta razón, la Justicia porteña falló en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por volver a incumplir su obligación de brindar datos completos sobre la falta de vacantes.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó una multa de $ 15.000 más $ 1.000 por cada día de retardo en ofrecer la información.
Este problema existe desde que Macri era jefe de gobierno en la ciudad. En esa oportunidad empezaron a faltar vacantes en forma muy visible. Entonces la Justicia acordó un plan de trabajo entre el Estado porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia para concertar una política que garantice las vacantes suficientes en el nivel inicial, el cual fue homologado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Allí se convino la creación de mesas bimestrales de trabajo entre el Gobierno porteño para monitorear el proceso y proponer acciones que ayuden al cumplimiento de su objetivo. Cinco días antes de estos encuentros, el Ministerio de Educación debe poner a disposición la información que se tratará.
Ya con la gestión de Soledad Acuña, el 22 de agosto de 2016 la cartera educativa incumplió con la antelación de los documentos y el juez de primera instancia los forzó a que el plazo sea de 15 días. El 5 de abril de este año volvió a faltar al acuerdo y el magistrado de grado los multó con $ 15.000 y $ 1.000 por cada día de retraso.
Este fallo fue apelado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario confirmó el castigo. Con el voto de Carlos Balbín y Fabiana Schafrik, los jueces ratificaron la sentencia el 29 de septiembre.
