Por Gabriel Luna. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) da cuenta de un desplome pronunciado en las partidas destinadas a jubilaciones, pensiones y transferencias a universidades durante los primeros ocho meses del año. Este contexto se ha agudizado por el severo ajuste implementado por el Gobierno nacional y su ministro de Economía, Luis Caputo.
Según el informe, se ha registrado una caída del 30,1% en los gastos primarios en términos reales, lo que impacta directamente en varios sectores sociales. Los jubilados y pensionados han sido particularmente afectados, sufriendo un ajuste del 20,8% en sus haberes. Esta reducción se suma a un contexto histórico de pérdida de poder adquisitivo: desde 2015 hasta 2024, los haberes máximos han perdido un 53% de su valor real, y los haberes mínimos han caído un 49% (sin bonos) y un 33% (con bonos).
La situación es aún más crítica cuando se compara la jubilación mínima con el costo de vida. En agosto, la jubilación mínima era de $295,000 (con bonos incluidos), mientras que la canasta básica de los jubilados, según la Defensoría de la Tercera Edad de Buenos Aires, se sitúa en alrededor de $850,000. Esto implica que la pensión mínima apenas cubre diez días de gastos, dejando a muchos jubilados en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Además de los recortes en jubilaciones, las transferencias a universidades también han sufrido recortes sustanciales. El informe de la OPC señala que lo destinado a salarios para docentes y no docentes universitarios cayó un 30,4% y un 26,7% respectivamente, en términos reales. La asistencia financiera tanto para el funcionamiento universitario como para hospitales universitarios también se vio afectada, con descensos del 23,1% y 19,3%.
Ante este panorama, el Congreso aprobó el veto presidencial al aumento de jubilaciones y seguramente habrá veto para el financiamiento de la educación superior, que se tratara hoy en el Senado.
Es fundamental destacar que el ajuste no es algo nuevo; en realidad, los recortes han sido una constante en los últimos años, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Este panorama llama a la reflexión: es hora de cuestionar las políticas que perpetúan el saqueo de los derechos de los más necesitados. La lucha por una jubilación digna y por el financiamiento adecuado de la educación superior es una causa que nos involucra a todos como sociedad.
