Gustavo Lesbegueris,  coordinador Operativo de Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó una denuncia acerca de la falta de vacantes en escuelas públicas de la ciudad.

La carta que publico en Facebook se debió a que el futbolista Walter Montillo denunció que a su hijo con síndrome de Down le impedían inscribirse en las escuelas de la ciudad. Su caso evidenció la falta de vacantes para niños y niñas con discapacidad en los establecimientos educativos. Si bien en la Ciudad de Buenos Aires existen diversas normas que establecen el derecho a una educación inclusiva, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizarla.

La denuncia pública  que realizó el futbolista Walter Montillo a raíz de la infructuosa búsqueda de una vacante para su hijo, expuso una vez más el desasosiego y el malestar de muchas familias que ven negado el acceso a la educación de sus hijos/as en escuelas pùblicas.

Este es el contenido de la carta de Lesbegueris:

“ La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en diciembre de 2006, establece, entre otros principios, los de no discriminación, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, respeto por la diferencia, aceptación como parte de la diversidad, igualdad de oportunidades y accesibilidad. Al mismo tiempo, obliga a los Estados Partes (entre ellos el nuestro, que la aprobó por Ley Nº 26.378 en el 2008) a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

En lo que respecta al derecho a la educación, los Estados Partes deben adoptar medidas que garanticen el acceso de los niños y las niñas con discapacidad a una educación inicial, primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita.

En la Ciudad de Buenos Aires contamos además desde 2009 con el aporte de la Ley Nº 3.331, de Políticas Públicas para la Inclusión Educativa Plena, entendida como el conjunto de procesos pedagógicos, institucionales, políticos y comunitarios que permite que la totalidad de los niños y jóvenes de la Ciudad se integren a propuestas educativas de alta calidad, a través de itinerarios escolares con modalidades regulares o alternativas, conforme a sus necesidades.

Sin embargo, observamos que pese al andamiaje normativo estamos lejos de que se garanticen las políticas de inclusión educativa reseñadas, lo que nos obliga a continuar bregando y reclamando por el efectivo goce y ejercicio de los derechos consagrados.

En tal sentido, necesitamos contar con información cierta que dé cuenta de los procesos de inclusión educativa escuela por escuela, según sala/aula/división y según tipo de recurso asignado y tipo de cobertura. Pero por sobre todas las cosas se requiere de un mayor compromiso de los gobiernos en materia de inversión educativa para sostener esa política pública.

Las denuncias de las familias dan cuenta de casos de afectación de los procesos de inclusión educativa, tanto en escuelas de gestión estatal como de gestión privada.

En el caso de las escuelas estatales se observa insuficiente la dotación de maestros/as de apoyo a la inclusión educativa, por lo que dicho recurso se brinda de manera limitada (sólo algunos días y sin cubrir la totalidad de la jornada escolar, aún en situaciones que requerirían de un acompañamiento diario). Asimismo, el Estado delega en las Obras Sociales y en las empresas de medicina privada –previa tramitación del certificado de discapacidad– el apoyo a alumnos/as cuyas familias cuenten con ese tipo de cobertura en materia de salud, a través de un prestador externo al sistema educativo.

Por otra parte, en establecimientos educativos de gestión privada continúan advirtiéndose mecanismos solapados de “selección de matrícula” que, sin información cierta y fehaciente a disposición de las familias y sin una voluntad política expresa por parte de las instancias de supervisión del subsistema de educación de gestión privada, resultan muy difíciles de dejar en evidencia y desarraigar.

Como vemos, se requiere de acciones concretas que evidencien el compromiso y la responsabilidad de las instituciones del Estado y de las escuelas de gestión privada en pos de garantizar la efectiva realización de las políticas de inclusión educativa y superar el estado de desánimo e impotencia que embarga a muchas familias que deben peregrinar por distintas escuelas en busca de una vacante para sus hijos/as.”