Si el Senado le da la media sanción a la Ley Bases la semana próxima, casi la totalidad del sistema científico será vulnerable a las decisiones de la administración libertaria que quiere destruir el estado.
Si la semana próxima, el Senado le da otra media sanción a la Ley Bases que aprobó la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo tendrá amplias facultades legislativas por un año, para intervenir sobre el funcionamiento de los principales organismos de ciencia y tecnología, definiendo dotación de personal, decidiendo despidos o modificando sus funciones. Los organismos científicos son 17, y son determinantes para transferir la generación de conocimiento que germina en las universidades hacia el sector productivo, sanitario y social de nuestro país.
En sí, por poner ejemplos, son actores claves para desarrollar tecnologías tan diversas como barbijos, satélites, nanosatélites, vacunas, medicamentos, técnicas para la obtención de energía, desarrollo de medicina nuclear, estudios geológicos claves para la industria minera nacional e internacional, conocimiento y prevención de sismos, estudios de diagnóstico para la industria pesquera, información sobre los mares y sobre la Antártida, alternativas para reemplazar el uso de químicos en la actividad agropecuaria, desarrollo de semillas resistentes a la sequía, robótica terrestre y submarina, generación de datos, tecnología para la defensa, etc, etc, etc.
Eso (y mucho más) es sólo la resultante tecnológica de lo que el sistema científico generó a lo largo de sus más de cien años de vida en nuestro país. Luego están las derivaciones profesionales, culturales y sociales de una labor que tiene altísima valoración entre los habitantes.
Con la “Reforma del Estado”, aprobada ayer en la Cámara de Diputados, 52 organismos descentralizados podrían desaparecer o desmantelarse, si la semana que viene, el Senado, avala lo que aprobó Diputados ayer. Dentro de esos 52 organismos están los 17 del sistema científico y tecnológico.
El proyecto dispone una emergencia pública en materia “administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Y con ese solo motivo, nuevamente, pretende lograr a su favor una amplia delegación de facultades para legislar, exclusivas del Poder Legislativo (art. 76 de la Constitución Nacional).
No conforme con ello, el artículo 3° del proyecto, bajo el título Reforma del Estado, establece que parte de esas delegaciones legislativas tendrán como base “mejorar el funcionamiento del estado” y “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas” y su “control efectivo interno”. Algo que puede llegar a afectar desde el Conicet hasta el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Las facultades delegadas en este proyecto, entre otras cosas, habilita al Poder Ejecutivo a disponer de todos los organismos de la Administración Pública Nacional central o descentralizada y a modificar o eliminar sus competencias o funciones por considerarlas “innecesarias” y también a reorganizar, modificar o transformar “su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Los organismos del Estado fueron creados por leyes debatidas y votadas por el Congreso de la Nación, tal como lo establece la Constitución y conforme a la forma democrática de gobierno, por lo que esta delegación pretendida y amplia avasalla el principio constitucional de división de poderes.
Organismos científicos nacionales que pueden desaparecer
En el contexto de grave ajuste y masivos despidos a trabajadores y trabajadoras del Estado que la gestión libertaria ya está llevando a cabo, las facultades delegadas legalizarían y facilitarían el desguace el Estado nacional. El proyecto de ley Bases, en su dictamen de mayoría, solo excluye de forma completa del artículo 3° a universidades nacionales y organismos dependientes del Poder Legislativo, Judicial y Ministerio Público.
De forma explícita dispone que un número reducido de organismos, solo 14 de 66, no podrán ser disueltos, aunque no se aclara si de forma total o parcial. No obstante, tal como dispone el artículo, podrán ser objeto de fusiones, modificaciones, centralizaciones que los sostengan desde el punto de vista formal, vaciados de contenido y pleno funcionamiento.
Ciencia y Tecnología, bajo amenaza
Algunos de los organismos que no podrían disolverse son: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La lista también incluye a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En cambio, tal como señala el abogado Gustavo Sosa en Economía Social y Derecho, podrían ser disueltos en su totalidad organismos como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional del Cáncer (INC), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Meteorológico Nacional, entre muchos otros.
¿Un país que busca desarrollarse desmantelando la ciencia?
El proyecto permite la intervención del Ejecutivo, por el plazo de un año, de los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, con unas pocas excepciones plasmadas en el artículo 6.
El sistema de Ciencia y Tecnología (CyT) está conformado por las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional y 17 organismos de la Administración Pública Nacional (APN) que se encuentran bajo diversas dependencias jurisdiccionales e integran el Consejo Interinstitucional de CyT.
Entre ellos, se encuentran organismos como la Administración de Parques Nacionales, Instituto Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Instituto Nacional de la Defensa, el Instituto Nacional de Investigación Pesquera, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros.
La CNEA es clave en el desarrollo de energía para la actividad productiva del país.
Si el Senado aprueba el proyecto la semana que viene, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de desmantelar las dotaciones de cualquier organismo CyT sin necesidad de intervenirlo o cerrarlo. Hasta ahora la administración libertaria se muestra indiferente a la importancia del sistema científico y tecnológico, y los ve como oficinas estatales sin funciones ni competencias.
Incluso, podría afectar a aquellos que están exceptuados expresamente en los artículos 3 y 6 del capítulo I del proyecto de ley, dado que toda la planta permanente de la APN que se encuadra en la Ley Marco de Empleo Público y está sujeta a quedar en disponibilidad de manera inmediata si se aprueba esta modificación legal. La estabilidad del empleo público desaparece y quienes ingresaron a la planta permanente por concurso, pierden su derecho a permanecer.
