Puede ser en octubre o luego del ballotage en caso de que Larreta no consiga el 50% de los votos en la elección para definir al nuevo jefe de gobierno en la ciudad, pero la decisión ya está tomada: se vienen los parquímetros en los barrios porteños.
Con un parque automotor enorme, fruto de la posibilidad económica que brindó ampliamente el gobierno nacional anterior a una porción significativa de ciudadanos que pudieron acceder a tener vehículo propio, el desafío de la movilidad en Buenos Aires sigue siendo el mismo: ordenar los 2.000.000 de vehículos que se mueven a diario en la ciudad.
Palermo, Colegiales, Villa Urquiza, Belgrano y Núñez son algunos de los barrios más desbordados. En Villa del Parque durante la noche los vehículos están estacionados uno al lado de otro sobre las veredas y la calle, en muchos casos sin respetar las rampas para discapacitados o las ochavas.
La Secretaría de Transporte y Tránsito porteña enviará a la Legislatura el proyecto para llevar los parquímetros a los barrios luego de las elecciones. El renovado plan recaudatorio reemplazará a la propuesta aprobada en 2013, que fue frenada por dos recursos de amparo.
La principal diferencia con aquel proyecto es que las tickeadoras serán provistas por el Estado.
El nuevo proyecto contempla la ampliación del estacionamiento medido a casi todos los barrios de la ciudad.
A los espacios para estacionar en la vía pública, (playas de estacionamiento) se suman las opciones en cocheras privadas. En toda la ciudad existen 1333 garajes habilitados por la Agencia Gubernamental de Control pero hay muchos más autos estacionados en las calles por la crisis económica.
También la extensión de las bicicendas en los barrios resta capacidad de estacionamiento y son rechazadas por los frentistas que tienen autos y no pueden pagar estacionamientos privados.
El proyecto legislativo contempla la división de la ciudad en cinco zonas que serán controladas por cinco empresas diferentes. La propuesta incluye una tarifa progresiva más cara a medida que pasen las horas y gratuidad para el residente. La recaudación será retenida por el Estado y no por las empresas.
