¿Para qué sirven las comunas en la ciudad?

Por Ricardo Guaglianone

Pocos saben que las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una importancia jurídica e institucional igual al rango que la Carta Magna le otorga a la Legislatura y al Poder Ejecutivo. Constitucionalmente, en el Capítulo Sexto se reconocen a las comunas como gobiernos autónomos con presupuestos asignados para su pleno desarrollo, con facultades exclusivas y otras concurrentes con el gobierno central.

Esta idea de impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos y descentralizar el poder, se plasmó en la reforma constitucional de 1994.

Tan es así, que el tema Comunas y Presupuesto Participativo, traspasa todo el texto constitucional, por esta razón, consideramos una obra de arte de los políticos de todos los bloques legislativos, haber borrado de la consideración ciudadana esta importantísima instancia de participación de la sociedad civil: unos no cumpliendo con el mandato de la constitución porteña y otros (los legisladores de cualquier color político) invisibilizando este tema.

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Democracia representativa vs participativa

Una de los mayores  logros de la clase política porteña en estos años, luego de la crisis del 2001,  fue que la sociedad civil en su conjunto  no participe  activamente ni tenga incidencia real en las discusiones acerca de políticas sociales y mucho menos, que tenga poder en la asignación de recursos, una posibilidad que seria factible si se hubieran desarrollado  correctamente y con mayores atribuciones las comunas en la ciudad.

El problema  es que los legisladores confunden y tergiversan –por ignorancia o por conveniencia—el carácter participativo del régimen político,  definido con estas características en la Constitución de la ciudad.

La democracia porteña tiene carácter participativo, está lo define la Carta Magna porteña,  no es una democracia representativa, por lo tanto,  los legisladores surgidos de cada elección deberían propiciar la concreción de este mandato constitucional, principalmente a través de los gobiernos comunales y de sus Consejos Consultivos de Vecinos, que en la actualidad no sirven para nada.

Anulada de facto la posibilidad de participación ciudadana en las comunas, la única instancia de incidencia  que existe en decisiones que pueden afectar al medio ambiente o a la vida cotidiana de la gente, es la Audiencia Publica, una instancia constitucional obligatoria, pero no vinculante.

Allí  los vecinos pueden expresar sus reparos por algún proyecto polémico o proponer alternativas ante las propuestas del poder político, que es finalmente el que decide si tiene en cuenta o no esa opinión. La otra instancia de participación legal es la Iniciativa Popular, pero su  implementación es prácticamente imposible  ya que se requiere el aval del 15% del electorado porteño para que se tenga en cuenta una iniciativa ciudadana para tratamiento obligatorio.

La instancia política que permitía una  participación  plena de los ciudadanos, era la de comunas con gobiernos autónomos, donde la  Junta Comunal de siete miembros era la encargada de conducir el  proceso de participación civil en los asuntos públicos. Sin embargo, en cinco años nunca hubo información masiva a la población ni se realizó un trabajo personalizado con las instituciones intermedias para sumarlas al proceso. Esto revela la real intención de generar un desaliento que finalmente logró que  las comunas no sirvan para nada y que los ámbitos de participación se conviertan en  una especie de entretenimiento que no logra ningún resultado concreto en los temas de fondo.

La necesidad de reformar la ley

Tal como fueron desarrolladas, las comunas no sirven más que para hacer algunos trámites como si fueran los CGP anteriores a la ley. Para lograr los ambiciosos objetivos constitucionales planteados en la Reforma de 1994,  es necesario una urgente  reformar de  la Ley, cuestión que a ningún bloque legislativo le interesa.

Por lo tanto, ante la negación legislativa de ampliar las facultades de las comunas,  la posibilidad de desburocratizar y descentralizar en serio  la gestión en la ciudad para beneficio del ciudadano, (el destinatario de los bienes y servicios),  no existe en la perspectiva actual.

Otro de los temas que quedan en el olvido es la posibilidad del saneamiento de las cuentas del sector público orientadas a evitar el derroche, la malversación o el uso del dinero público para sostener estructuras  partidarias empleando a militantes o allegados en puestos de responsabilidad gubernamental o destinar el dinero a obras innecesarias, como renovar el asfalto de una calle, dos o tres veces en un par de años.

Conclusión: a los funcionarios y los legisladores no les interesa que los vecinos tengan más incidencia en las cuestiones públicas. Que no se entienda mal, en la ciudad la democracia es participativa no representativa, el que decide las cosas son los ciudadanos, no los legisladores.

Por esta razón, hay audiencias públicas obligatorias y una banca del pueblo en la Legislatura que nunca fue habilitada.

Un ejemplo del despropósito legislativo: este año se está discutiendo la Reforma del Código de Planeamiento Urbano que afectara profundamente la vida en la ciudad, sin embargo, los Consejos Consultivos de Comunas y las Juntas Comunales no tienen ni voz, ni voto y ni siquiera son consultados para saber que opinan en cambios que afectaran para bien o mal a sus barriadas.

En comunas como las de Barcelona o los Cantones Suizos, la incidencia de los ciudadanos es vital. Estos sistemas se los  llama Gobiernos Multifunción, porque se ocupan de las cuestiones locales con buenos presupuestos asignados por ley, pero también participan activamente de la definición de políticas públicas nacionales y de la Eurozona. Estamos muy lejos de ese nivel, a pesar que la Constitución de la Ciudad Autónoma les da otra entidad a las comunas, despreciada por los integrantes de casi todos los bloques legislativos mayoritarios.

La única instancia para reflotar esa hermosa idea expresada en la Constitución es una reforma de la ley de Comunas, que le de atribuciones a los ciudadanos, presupuesto asignado por ley y habilite la discusión de que ciudad queremos y que barrio queremos entre todos.

Lo demás es todo verso.

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