En un clima de gran agitación por la fecha del 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se realizara un paro de mujeres contra la violencia machista, por la afirmación de los derechos de las mujeres y por el tratamiento de una ley de aborto legal en el país.
El actual presidente Macri ordenò debatir el tema en las cámaras, creando un clima de análisis con varios enfoques, que van desde la idea de tapar los conflictos sociales y económicos con un debate artificial hasta el intento de dividir a los movimientos feministas y fuerzas políticas que avalan este debate.
Sin embargo, la Legislatura porteña había sancionado una ley que regulaba los casos de aborto no punible cuando corriera riesgo la vida o salud de la mujer o adolescente cuando Macri era jefe de gobierno porteño, pero el mandatario vetó la normativa.
La normativa había sido sancionada por la Legislatura en septiembre de 2012 y fue vetada al mes siguiente.
La ley regulaba los casos de aborto no punible cuando corriera riesgo la vida o salud de la mujer, cuando el embarazo proviniera de una violación y admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad. Además, no fijaba un plazo máximo de semanas de gestación para llevar adelante el aborto.
La ley 4.318 fue aprobada por la Legislatura en septiembre de 2012 con 30 votos a favor y 29 en contra. Establecía que los hospitales públicos y privados debían realizar la interrupción legal del embarazo en los casos en que se afecte la salud de la mujer o como consecuencia de una violación, sin más requisitos que la voluntad de la mujer y en un plazo de cinco días. Además, prohibía que se interpongan “obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la prestación”.
El debate había sido precedido por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «F.A.L.». Allí se sentó una posición respecto al artículo 86 del Código Penal que reconoce el derecho al aborto no punible desde 1921. Según estableció la Corte, todas las mujeres tienen derecho a realizar esta práctica si el embarazo resultara de una violación, y no sólo en caso de discapacidad mental. Además, en esos casos no se requiere autorización judicial ni denuncia previa.
Macri vetó la legislación porteña por considerar que «excede lo establecido por la Corte Suprema», según explicitó en el decreto 504/2012, firmado también por de los ministros de Salud y la Jefatura de Gabinete, ocupada en ese momento por Horacio Rodríguez Larreta.
