Por Carlos Carballo
Cátedra de Soberanía Alimentaria
Facultad de Agronomía
Las medidas económicas tomadas en cuatro meses por la gestión del presidente Macri han puesto al borde de la quiebra y desaparición al sector social y productivo más numeroso del campo. Cerca de 300.000 pequeñas unidades productivas a lo ancho y largo de nuestro país fueron puestas en crisis terminal por un conjunto de decisiones políticas que provocaron una inmensa transferencia de recursos y ganancias hacia los sectores más concentrados de los agronegocios, vinculados a explotaciones que de un día para el otro multiplicaron sus márgenes de ganancia al aumentar el valor del dólar un 50% luego del levantamiento del mal llamado “cepo cambiario”.
Los productores familiares, campesinos e indígenas, son los que producen el 70% de los alimentos frescos que consume nuestro pueblo.
El aumento de un 300% a 500% en el costo de la energía eléctrica así como el valor del gasoil, el incremento en los alquileres de la tierra, el aumento en el precio del maíz y de las semillas hacen insostenibles para este sector las producciones hortícola, floral, de cerdos y aves, de otros animales menores, de tambos y todo tipo de producciones con valor agregado.
Ante estas políticas negativas, el sector reclama medidas urgentes que no son atendidas: “necesitamos de un mercado interno fuerte, por lo tanto los más de 140.000 despidos estatales y privados y los aumentos de los costos, atenta contra nuestra existencia. A las medidas de ajuste y endeudamiento le corresponderán menor empleo y menor demanda de alimentos, bebidas, indumentaria, salud, etc. Compartimos el mismo destino, la misma lucha y la misma indignación ante la ola de aumentos en transporte, gas, agua, alquileres…”
Por estas razones y luego de evaluar 120 días de un mal gobierno, los pequeños productores van vislumbrando un nuevo régimen neoliberal, pro norteamericano y distante cada vez más del destino de los pueblos, que será sin dudas resistido por los afectados.
Es el caso de la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de la Provincia de Buenos Aires que ya anunció un plan de resistencia y lucha para defender sus tierras y producciones:
“No pensamos desaparecer ni cambiar nuestros modos de producción diversificados, no compramos paquetes tecnológicos, la tecnología es bienvenida mientras sea apropiada y apropiable, nos importa mucho producir sano y dejar de envenenar suelos, napas de agua y persona; confiamos en nuestras capacidades y desconfiamos soberanamente de los gringos”.
Las organizaciones campesinas e indígenas revitalizadas por la Ley de Agricultura Familiar que sancionó el anterior gobierno, sostienen que necesitan medidas urgentes para su supervivencia: subsidio al gasoil, tarifa social de la luz para las producciones, líneas de créditos blandos, nueva ley de arrendamiento, y reclaman la aplicación plena de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar* con presupuesto y precio sostén para las producciones.
Esta importante ley, sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada el 20 de enero de 2015 declaró de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y creo un Régimen de Reparación Histórica con aportes técnicos del estado y dinero para la expansión del sector.
Las organizaciones campesinas e indígenas que trabajan por un modelo de desarrollo rural sustentable e inclusivo, con empleo de mano de obra intensiva, necesitan el apoyo del estado para su desarrollo, ante el avance del agronegocio manejado por sectores del poder concentrado y las multinacionales, que se apropiarán de sus tierras si la crisis se profundiza, con el objetivo de expandir sus producciones de monocultivos.
En el inicio del actual gobierno las medidas desplegadas favorecen solo a los que más tienen, por lo tanto los pequeños productores reclaman decisiones políticas y económicas urgentes que reviertan la situación para no desaparecer.
