La nueva norma sobre las condiciones de alquileres en la ciudad fue sancionada por la Legislatura el 24 de agosto último, por 51 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.
La ley N° 5859 prohíbe cobrar a los inquilinos comisiones inmobiliarias, honorarios por intermediación, corretajes o administración y gastos de gestoría de informes, fijación 4,15% como monto máximo de comisión y obliga a las inmobiliarias a exhibir estas disposiciones en sus oficinas y páginas web.
La iniciativa partió originalmente de proyectos presentados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y otras organizaciones que tomó la legisladora María Rosa Muiños y la presento en el recinto. La iniciativa buscaba la eximición a inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias, la entrega gratuita de informes de dominio y la implementación de un sistema de sustitución de garantías.
El oficialismo también presentó un proyecto que planteaba la prohibición de cobrar comisiones inmobiliarias a los inquilinos y la fijación del 4,15% como monto máximo de comisión a percibir de los propietarios. El proyecto establece que exclusivamente el propietario es el que va a pagar los principales gastos que antes llevaba adelante la parte débil en esta relación cliente-inmobiliaria que es el inquilino.
El artículo segundo establece la incorporación como inciso 7 al artículo 13 que corresponde a las prohibiciones:
“Queda expresamente prohibido en las locaciones de inmuebles con destino habitacional en los que el locatario sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación. La prohibición resulta extensiva a los honorarios por administración de dichas locaciones”.
Estas medidas es un muy buen paliativo para los inquilinos de la ciudad, pero pone de relieve la falta de políticas de viviendas accesibles en el ámbito local. También se especula que finalmente, los propietarios llevaran el costo de las comisiones y otros egresos a los precios de los alquileres o que se retiraran unidades ofrecidas del mercado.
