La cooperativa La Litoraleña, que producen tapas de empanadas y tartas, luego de numerosas luchas, idas y venidas con las autoridades y los anteriores dueños, abrieron su segundo local de venta al público. Ahora atienden también en Av. Garay 3768 y siguen en su dirección histórica de Girardot 345.
Quedo atrás la lucha que los trabajadores de la Cooperativa La Litoraleña llevaron adelante en agosto de 2018, para resistir la amenaza de rematar el inmueble, evitando, con el apoyo de organizaciones políticas y vecinos, que se proceda a la ejecución del remate, luego de tres años de constituidos en cooperativa para defender sus puestos de trabajo.
La fábrica ubicada en Atanasio Girardot 345, Chacarita y es el sustento de más de 55 trabajadores y sus familias, que producen pastas, tapas de empanadas, prepizzas y diversos productos alimenticios.
El empresario que llevaba adelante la empresa los abandonó dejándolos a la deriva y con deudas salariales de más de 4 meses entre aguinaldo, vacaciones y premios. Desde ese momento decidieron en asamblea resistir el vaciamiento y sostener los puestos de trabajo gestionando la producción ellos mismos.
Los trabajadores, algunos con 26 años trabaja en La Litoraleña se constituyeron en La Nueva Litoraleña, Cooperativa de trabajo, ante la falta de respuestas del dueño que abandono la dirección de la empresa con grandes deudas. Eso fue lo que los convenció de que tenían que resistir y llevar adelante la fábrica para sostener a sus familias. Durante un año tomaron junto a diversas cooperativas y con el apoyo del barrio la fabrica, exigiendo al juzgado comercial N°18 que nos otorgue el permiso para poder producir.
Después de un año y medio de una dura lucha consiguieron el permiso laboral y se conformaron en Cooperativa, con matricula que les dio el INAE y un permiso judicial para producir hasta mayo del 2019.
En el ínterin los trabajadores se enteraron que acreedores buitres tomaron la deuda de la empresa y querían rematar el inmueble pero la lucha no lo permitió y hoy abren una nueva sucursal.
La situación era hasta ridícula en ese momento, ya que el juzgado comercial N° 18 a cargo de la Doctora Valeria Perez Casado, que otorgó el permiso, les cobra un alquiler de $ 50.000 por el inmueble, pero por presión de los abogados buitres los querían desalojar.
Luego de estas peripecias, de los tarifazos y las presiones, Los trabajadores continúan resistiendo y sostienen los puestos de trabajo con la ayuda de otras cooperativas, organizaciones sociales y políticas para poder seguir trabajando y gestionando la fábrica que les permite sostener a sus familias día a día.
