Fumigar sobre las escuelas es un crimen

Por Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata

 

La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata reitera los fundamentos científicos de la prohibición de usar agrotóxicos en cercanías de establecimientos educativos en Entre Ríos.

Se conoció la sentencia judicial sobre un amparo que solicitaba la nulidad del Decreto 4407, que autorizaba las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales entrerrianas. El amparo concedido dejó sin efecto los artículos que disminuían las distancias, por lo que persiste la prohibición de aplicaciones en horario escolar. Como resultado, quedan vigentes las distancias de 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.

Al conocer  este fallo judicial el presidente Mauricio Macri declaró que ” la medida pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos” y aseguró que “es un fallo absurdo, que no se basa en ningún rigor científico”.

Ante estas declaraciones, la Facultad de Ciencias Exactas se ve en la necesidad de reiterar públicamente la posición avalada por su Consejo Directivo y basada en las investigaciones que realizadas por el Centro de Investigaciones  del Medioambeinte (CIM), que  advirtien  que los residuos de glifosato, el peligroso herbicida utilizado para las fumigaciones en los campos de Entre Rios y otras zonas de nuestro país,  tienen un potencial carcinogénico y están presentes en diferentes concentraciones en todo nuestro sistema ambiental.

Damián Marino, investigador  del CIM, explica que “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual debió aumentarse la cantidad del químico por hectárea. En los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato a nuestros país,  número que pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.

En los estudios realizados en el CIM, sobre distintas muestras ambientales tomadas  en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 % de la carga másica total de plaguicidas de la muestra. También se ha demostrado que  es un contaminante pseudopersistente en suelos, lo que significa que en el ambiente no ha logrado degradar la cantidad que ingresa, y se acumula a razón de un miligramo por kilo por año.

Otros estudios  encontraron hasta 8 miligramos por kilo (considerando el glifosato y su metabólito AMPA), en los sedimentos de fondo de los distintos ríos y arroyos que desembocan en el Paraná, una concentración de glifosato en el fondo de los ríos entre 2 y 4 veces superior al que se encuentra en promedio en un suelo cultivado con soja.

La seriedad  de los trabajos realizados en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, avalada en ámbitos científicos y través de publicaciones de referencia,  ha motivado que  Dr Damian Marino haya sido consultado por el representantes del Poder Legislativo  entrerriano, uruguayo y por la Relatora independiente de las Naciones Unidas para la elaboración de normativas al respecto.

La comunidad de Exactas considera que sobran fundamentos científicos para sostener la legislación que impida la fumigación en zonas aledañas a los espacios escolares y que utilizar agrotóxicos indiscriminadamente constituye un verdadero crimen.

En lo que respecta a la eliminación de puestos de trabajo el fallo regula el uso de los plaguicidas sobre la población, pero no impide su aplicación, por lo que tampoco hay fundamento para la afirmación del Presidente.

Otras voces de repudio

Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Entre Ríos

Ctera

AGMER – sindicato de base de CTERA de Entre Ríos 

Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA)

Defensoria del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Facultad de Ciencias Exactas – UNLP

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