Por Maricel Cioce*
Hace 3 años el actual presidente Mauricio Macri negó la existencia de un círculo de personas influyentes hacedores del programa político y económico del Pro. Hoy ese círculo, forma parte del gobierno.
Los ministros empresarios
Dicha cúpula está conformada por grandes empresas que se ubican en posiciones estratégicas, y desde la asunción del nuevo jefe de Estado, en puestos políticos nodales para la proyección del país. En este sentido, conocer el accionar de los empresarios es fundamental para analizar su influencia en el desarrollo de decisiones políticas, económicas y sociales.
¿Cómo se hace un ajuste en la economía? Sencillo, se pone por delante una lógica del cálculo económico, favorecida por un gabinete que no toma en cuenta dimensiones sociales de sus decisiones.
Muchas carteras del Estado Nacional son ahora conducidas por quienes hasta hace pocos meses dirigían grandes empresas. Comenzando por el mismísimo grupo económico de los Macri, que acaudaló entre constructoras, automotrices, recolectora de residuos, correo, desarrollos inmobiliarios y Boca Juniors.
El caso de Juan José Aranguren, ex presidente de la petrolera Shell a cargo del Ministerio de Energía y Minería, es otro de los más resonantes. Un empresario tan exitoso en materia de importación de combustibles, ahora ministro, otorgó a esa firma siete de ocho licitaciones pùblicas.
Nicolás Gandini, periodista especializado del diario Perfil, publicó a fines de abril que según una declaración jurada del propio Aranguren ante la Oficina Anticorrupción, cuenta con unos $ 13 millones en acciones de Royal Dutch Shell. Sin inquietarse, el nuevo ministro reconoció que retiene acciones adquiridas mientras fue CEO de Shell, cargo que dejó el 30 de junio de 2015.
Algunos otros CEOs nombrados son el ministro de Producción, Francisco Cabrera, que dirigió Hewlett-Packard, fue fundador y CEO de la compañía de pensiones Máxima AFJP; el secretario de Comercio, Miguel Braun, exponente de la Fundación Pensar y ex director del Banco Ciudad, es sobrino de Federico Braun, el presidente de los supermercados La Anónima y vicepresidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). La familia Braun además es accionista del Banco Galicia.
Los principales colaboradores del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, son el ex CEO de LAN Gustavo Lopetegui y el ex presidente de Farmacity Mario Quintana. Este último también es creador y financista del fondo Pegasus, un grupo que además de invertir en el mercado inmobiliario bajo el nombre de Rukán Desarrollos, con construcciones residenciales en San Isidro, countries, ampliación del shopping Tortugas Open Mall y otros proyectos del estilo, reúne empresas de servicios financieros, retail y complejos de agroindustria como la Cía. Láctea Pampa Cheese.
Otros igual de polémicos son Guillermo Dietrich, de la concesionaria automotriz del mismo nombre, en el Ministerio de Transporte, que para justificar el aumento en las tarifas de colectivo dijo que «Se hizo populismo con el transporte en estos años»; Ricardo Buryaile, ex dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas CRA, a cargo del Ministerio de Agroindustria; Leonardo Sarquis, ex gerente de la semillera Monsanto, es el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense.
Según el economista Ricardo Aronskind, este hacinamiento de CEOs en el gabinete de Macri supera a los que integraron otros gabinetes, como el que tuviera el ex presidente Carlos Menem, que terminaron destruyendo la economía del país en los años 90.
Las designaciones fueron anunciadas por Luis Betnaza, de Techint, cuando en noviembre del 2014, durante un encuentro organizado por el Foro de Convergencia Empresarial, dijo con total transparencia: “el mercado le va a ganar al Estado”.
Las incompatibilidades
Entonces ¿Cómo actúa el gobierno cuándo hay que aplicar restricciones a las empresas para evitar la fuga de capitales y los tarifazos, o cuándo se necesite redistribuir los ingresos para lograr pobreza cero, o cuándo haya que defender a los consumidores de los abusos cometidos por las mismas empresas a las que están vinculados?
En relación a la redistribución regresiva de ingresos, la reciente quita de retenciones a la minería, la eliminación retenciones al agro, no hacen otra cosa que favorecer a los sectores económicos más concentrados.
Si ya es una fantasía que se profundice la inclusión social cuando se establece como primera medida el levantamiento del llamado “cepo cambiario”, que permitió la liberación del mercado y un control que roza lo nulo de las importaciones que entran al país, resulta casi imposible que se garantice un piso de inversiones para la provisión de bienes y servicios acordes a las necesidades de desarrollo del país.
Por el contrario, la devaluación, el aumento de precios y el congelamiento salarial, implican la transferencia de los ingresos de trabajadores y jubilados a las grandes empresas exportadoras de agronegocios y al sector financiero.
Lo que cae no son los precios sino la producción
Luego de varias décadas de desindustrialización, durante los últimos 12 años se registró un incremento en el peso relativo de la industria en el conjunto de la economía argentina. Hoy ya se reconocieron despidos, por ejemplo en una de las más destacadas, la rama automotriz, que se ve impactada por la suba de precios, la devaluación y la reapertura de las importaciones. Al mismo tiempo se redujeron notablemente la producción y la demanda en el mercado local.
Según informó la cámara de fabricantes ADEFA, en el mes de enero de 2016 la producción de autos bajó un 30% en relación al mismo mes del año anterior. Esta caída se debe a la disminución de un 49% interanual de las exportaciones, cuyo principal destino es Brasil, que a su vez está en recesión desde hace más de un año.
Efectos económicos y sociales
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dirigido por Agustín Salvia, informó que la tasa de pobreza registró un aumento que llega al 34,5% en el primer trimestre de 2016, un millón y medio de pobres más que 2015.
Las proyecciones de este estudio no toman en cuenta las pérdidas de empleo, ni el aumento del precio del transporte y servicios domiciliarios. En cuanto a los despidos hay varias informaciones, las estimaciones basadas en la información de ANSES sobre registros de aportes, hablan de una perdida de decenas de miles de puestos de trabajo.
Consultoras privadas hablan de 140 mil despidos entre público y privado, haciendo hincapié en el sector de la construcción. No hay cifras oficiales de despidos ya que en el primer trimestre de 2016 no se realizó la Encuesta Anual de Hogares del INDEC que evalúa principalmente la dimensión ocupacional y situación laboral.
Sabiendo de estos números, el Gobierno tiene decidido vetar la ley que declara la emergencia laboral, prohíbe los despidos y establece el pago de doble indemnización si el proyecto recibe en Diputados la media sanción que le falta para ser aprobada.
Con todos estos datos de la realidad.
¿Logrará Macri instalar en la sociedad la idea de neutralidad del Estado frente al rotundo hecho que está en manos del poder económico?
*Para consultar el informe estadístico véase “Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina Urbana” Del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
*(Socióloga, UBA).
