Entre las interminables maneras históricas de apropiarse de las tierras de los pueblos originarios, ahora protegidas por leyes nacionales y por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha surgido una nueva maniobra, bastante original, que pretende seguir con la recurrencia de despojar de sus tierras a los mapuches, aunque si hay dignidad de los jueces, finalmente la estrategia debería fracasar.
Se trata de un conflicto por la titularidad de tierras en la provincia de Neuquén, donde el gobierno local reconoce a la familia Campo pero no al Lof Campo Maripe
¿Por qué se da esta sutileza en apariencia solo formal?
El actual gobernador Sapag opta por “Reconocer a la Familia Campo” como propietarios de tierras. Es decir, reconoce a los individuos que hoy conforman la comunidad mapuche pero los despoja, no les reconoce, todos sus derechos como Lof, es decir, parte de un Pueblo Originario.
Entonces, con esta argucia “legal” es posible aplicarles el Código Civil para trasferir la tierra en calidad de propietarios privados.
Es concebir la “tierra” como un elemento material y tangible para fines solo productivos y económicos.
Esta maniobra es para que los mapuches reciban, extorsivamente, una compensación llamada “servidumbre” a cambio de aceptar la pérdida de su hábitat y en la práctica sumar a los Campo al conjunto de marginales y excluidos de la riqueza que sale a diario de ese pueblo expoliado que es hoy Añelo, donde se desarrolla este conflicto.
¿Por qué los Campo Maripe le exigen a Sapag los reconozca como Lof Campo Maripe?
Porque son mapuches y se asumen como individuos que tienen un origen familiar y territorial común. Es decir, han desarrollado toda su vida ligados a un espacio territorial originario que les da identidad. Y tiene un origen familiar ligado originariamente a ese territorio.
En la cosmovisión mapuche, eso es tener Tuwvn (origen territorial) y Kvpan (origen familiar). Dos elementos básicos para asumirse como mapuche. Y fundamentalmente la autoadscripción o autoidentificación.
En otras palabras, es el acto libre y consciente de sentirse parte de una historia, de un origen, de una identidad común con las demás comunidades que conforman el Pueblo Originario Mapuche.
Por último, se requiere para este reconocimiento que sus pares lo reconozcan como tales. Es decir, las comunidades vecinas con quienes convive a diario, con quienes debe tener una relación de armonía y respeto. Y posteriormente el aval de la institución que los representa: la Confederación Mapuche de Neuquén a través de su Consejo Zonal, cosa que ocurre en la práctica.
El trámite de registro de la Comunidad es el último paso formal que el Estado debe y está obligado a realizar.
Decimos “registro” y no “reconocimiento”, porque el reconocimiento ya está dado a partir del artículo constitucional que reconoce la “preexistencia de los pueblos indígenas” y exigen al Estado su inscripción.
La Constitución dice que los Campo Maripe son “preexistentes”. Son preexistentes al pueblo de Añelo, a la provincia de Neuquén, a la familia Sapag, a los (ministros) Gastaminzas, a los Bertoyas… a cuantos los rodeen en la zona.
Este es el mecanismo que fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia en un fallo hecho público el 10 de diciembre de 2013 que el gobierno de Sapag se resiste a cumplir, pero que, si hay dignidad de los jueces y voluntad política del Estado Nacional, deberá aplicar.
Esta jugada perversa para apropiarse de las tierras mapuches, no es un capricho del gobernador Sapag ni una mala interpretación de la historia.
Es garantizar la “paz social” y la “seguridad jurídica” que las petroleras exigen para sus “inversiones de riesgo”.
Para eso necesitan mantener en inseguridad jurídica y territorial a la población originaria de las regiones con petróleo.
Por Marina González
El Gobernador Sapag está haciendo su propio negocio personal, seducido por la política de depredación del Gobierno Nacional, que ES EL VERDADERO CULPABLE, pero como les pagan los K le echan la culpa al gobernador.