por Julia Strada y Hernán Letcher*
La Ley Ómnibus enviada al Congreso por el actual presidente, es el tercer escalón en contra de los trabajadores y con beneficios al poder económico. Veamos la secuencia:
El primero fue el Plan Licuadora del ministro Caputo del 12 de diciembre: una devaluación inédita del 120% que duplico la inflación de diciembre, combinada con 140% de devaluación para la industria (por suba del Impuesto País), más el aumento de combustibles, la eliminación de subsidios a las tarifas de transporte, luz y gas y la suspensión de la obra pública en todo el país.
El segundo fue el DNU Ley de la Selva de Sturzenegger, con desregulaciones en comercio interior, salud, código aduanero, tarjetas de crédito, minería, ley de tierras, sector aerocomercial), la conversión en sociedades anónimas de todas las empresas públicas y también de los clubes, y un retroceso histórico por su magnitud respecto de la ley de trabajo y la ley de asociaciones sindicales.
La tercera es la ley “Argentina en Venta” (mal llamada Ómnibus). Damos dos ejemplos, que grafican la increíble estafa al pueblo y como este gobierno entregara todos los activos del estado que nunca deberían venderse, a sus amigos poderosos, tanto nacionales como extranjeros.
El punto central, que reporta gravedad por su carácter irreversible en caso de concretarse, tiene que ver con la privatización de 41 empresas públicas. Gran parte de éstas registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos e irremplazables de la economía. Los ejemplos más notorios son YPF y el Banco Nación, que lejos están de ser empresas deficitarias. En 2023 YPF registró reservas abultadas que más que superan el juicio buitre por 16.000 millones de dólares que quieren usar de excusa para su venta.
La suma de recursos y reservas de YPF, tanto de petróleo como de gas, asciende a 310.500 millones de dólares. A esto habría que adicionarles las reservas y recursos a descubrir en la formación Palermo Aike y en las áreas Off Shore. Es un botín irresistible.
El Banco Nación, por su parte, se acercó en 2023 en torno a 700 mil millones de pesos de ganancias y tiene más de 13 billones en depósitos públicos y privados codiciados como fondeo por la competencia. Precisamente, el 15 de diciembre, la calificadora de riesgo FIX SCR perteneciente al Grupo Fitch otorgó al BNA la máxima calificación a corto plazo (A1+) y la segunda mejor calificación a largo plazo (AA) con perspectiva estable. Los factores de la calificación fueron contundentes: Franquicia dominante (18,7% depósitos y 17,8% de los préstamos totales del sistema), buena rentabilidad («a septiembre 23 el flujo operativo mejoró 88% interanual» sostiene el reporte), razonable calidad de activos dada la atomización de la cartera, razonable cobertura con previsiones, adecuada liquidez (activos de alta liquidez son el 48% de los depósitos), mejora en su capitalización (21% activos tangibles).
Queda claro que, especialmente en los casos de YPF y BNA, si es venderlas, no por registrar déficit, sino porque son un fabuloso negocio para uno o varios privados.
Aparte de estos dos negociados que quiere concretar Milei, un párrafo fundamental merece Aerolíneas Argentinas, que en 2023 arrojo ganancias por 32 millones de dólares y cuyo servicio en la conectividad de cabotaje permite que existan 21 ciudades sólo con vuelos realizados por la aerolínea de bandera, y que dejarían de existir con la política de cielos abiertos, entre ellas : Resistencia, Rio Gallegos, Rosario, La Rioja, Bahía Blanca, Mar del Plata, Esquel y Merlo.
¿Y el resto de las empresas públicas? Si la intención es que el Estado abandone la inversión en infraestructura estratégica como el gasoducto Néstor Kirchner o en cloacas y agua potable o en nuevas vías férreas para trenes de carga y pasajeros, desde ya, tanto IEASA (ex ENARSA) como AYSA y Trenes Argentinos dejarían de tener sentido, lo que sería una decisión que apunta a la destrucción del futuro del país. Estas empresas si representan el grueso de las transferencias del Tesoro (el 90% del punto de PBI que supone el total del déficit de empresas públicas) pero su venta al sector privado significaría la pérdida de servicios esenciales y el atraso de décadas en el beneficio que dan al pueblo.
Empresas estratégicas y soberanas: ¿porque venderlas?
Otras empresas que figuran en el listado de las privatizaciones propuestas tienen un carácter absolutamente estratégico y asociado a la soberanía: Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) tiene a su cargo Atucha I y II y la Central de Embalse, que producen energía nuclear – limpia y que permite la diversificación de la matriz energética- con tecnología propia, argentina. Pocos saben que Dioxitek realiza el procesamiento del uranio concentrado, para abastecer los reactores nucleares. La tecnología para la fabricación de polvo de uranio y cobalto escasea en el mundo. Sólo dos países poseen tecnología similar: Brasil y Suecia. Abandonar la producción es abandonar un recorrido soberano que, por el contrario, debemos profundizar.
Otro de los fabulosos negocios que planea hacer Milei es la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados, pensando en la privatización de las jubilaciones sin dudas. Mediante el artículo 226 se transfieren los activos de ese Fondo de la ANSES al Tesoro Nacional. Las acciones en su interior son USD 13.100 millones (equivalente al 17,4%), teniendo 76.000 millones de dólares a noviembre de 2023.
De esta forma se le otorga al sector privado aquellas acciones en potestad de los jubilados/as que son sus activos de carácter anticíclico, que son recursos derivados del nivel de participación accionaria del Estado en las empresas del sector privado. Esta síntesis que esta expresada en la llamada “Ley Ómnibus” muestra un panorama del profundo sentido anti patria y anti pueblo del gobierno actual.
¿Cuantos traidores a la Patria habrá entre Radicales, PRO, peronistas, partidos provinciales, que votaran esta entrega total de soberanía argentina y de futuro del pueblo argentino?
Fuente: El Cohete a la Luna
