Empresas recuperadas: Macri vetó de nuevo una ley aprobada por sus propios legisladores. La medida afecta a 29 fábricas de la Ciudad. Más de 2000 trabajadores pueden perder sus fuentes de trabajo.
La última sesión ordinaria de la Legislatura el 14 de diciembre de 2012 había terminado con un gesto muy bueno de los legisladores porteños hacia los trabajadores de las fábricas recuperadas en la ciudad. En esa jornada legislativa y por unanimidad, se extendió la iniciativa que desde 2009 protege a estas empresas recuperadas con los dos mil puestos de trabajo que generan y que benefician a muchas familias. Sin embargo, sorprendiendo a propios y extraños, Macri vetó la norma y la medida protectiva fue anulada desautorizando a sus propios legisladores que votaron por unanimidad la nueva protección. El veto, como corresponde a toda decisión simbólica fuerte, fue tomado pocas horas antes de la Navidad.
De esta manera el jefe comunal dejó sin efecto la ley 4008, que prorrogaba el plazo del ejecutivo para cumplir con otra norma, la 1529, que declara “de utilidad pública” a las empresas recuperadas y ordena al Estado de la ciudad a tasar los inmuebles y expropiarlos, a favor de las nuevas administraciones de trabajadores organizados en cooperativas.
La situación actual
Con la caída de la protección legal, las empresas recuperadas quedan a merced o bien del reclamo de sus antiguos dueños, que las abandonaron o que intentaron vaciarlas, o bien de las posibles ejecuciones judiciales por los juicios de quiebra que se llevan sobre la mayoría de ellas. Según el Boletín Oficial 3818 el jefe de gobierno porteño dejó sin efecto la Ley 4008, que prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad, y que emplean a más de 2000 obreros.Ellos fueron quienes, desde fines de los ’90, defendieron sus puestos de trabajo evitando que los patrones vaciaran las plantas fabriles.
Esas fábricas, que comenzaron a ser ocupadas en todo el país durante los últimos años del menemismo, fueron protegidas en la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1999, con la sanción y promulgación de la Ley 238, que dispuso declarar todas esas unidades productivas de “utilidad pública”.
Con el veto de Macri, entonces, esas empresas corren serios riesgos ante los embates judiciales de sus ex propietarios, quienes tras dejarlas vaciadas y quebradas y ahora, en plena producción gracias a la intervención de sus trabajadores, podrían hacerse de nuevo con ellas, con riesgo concreto de pérdida de miles de fuentes de trabajo.
