Entrevista al legislador Gustavo Vera (primera parte)

“Si no les alcanza los votos, los compran”

El Nuevo Código de Planeamiento Urbano que se está por habilitar en la Legislatura de la ciudad será una norma de vital importancia para la vida cotidiana de los porteños.

Se promete con su sanción un futuro brillante para el desarrollo urbano de la ciudad, pero las lindas palabras y promesas ya sabemos que muchas veces no coinciden con lo que ocurre en la realidad cotidiana.

Esto parece suceder con esta nueva norma que renovará el Código de Planeamiento Urbano vigente  desarrollado en 1977, para instrumentar el actual Plan Director para Buenos Aires. Este plan se sustentó en la zonificación de la ciudad con conexiones viales (autopistas), se jerarquizó el uso del automóvil particular y las edificaciones de perímetro libre (torres).

Como en otros temas relevantes,  los ciudadanos de cada barrio no saben se está discutiendo en la Legislatura.

Para clarificar este y otros temas entrevistamos al legislador Gustavo Vera quien es presidente de la ONG La Alameda, con la que mantiene hace años, una lucha frontal contra la trata de personas, el trabajo esclavo de los talleres clandestinos y la prostitución. También intervino en esta charla, Gustavo Deplast , asesor de Vera y Presidente de la ONG SOS Caballito.

¿Cuál es el objetivo de la modificación del actual código y que aspectos consideras más virtuosos y cuestionables de la propuesta?

Vera: Primero vamos a explicar la parte filosófica y luego el aspecto técnico.

Estamos gobernados por un partido que tienen una fuerte tendencia a basar su función en la especulación inmobiliaria, en la estratificación del suelo para los negocios inmobiliarios y la construcción de torres. Existen gran cantidad de viviendas ociosas que están en manos del polo inmobiliario.

A pesar de las continuas construcciones en la ciudad no hay acceso a la vivienda. En el discurso inaugural de Larreta en la apertura del año legislativo no apareció la palabra vivienda, si mencionó algunas urbanizaciones puntuales, pero la vivienda como acceso universal para los trabajadores de clase media, en la ciudad más rica del país, no existe.  Hay menos acceso a este derecho que en San Luis, que en Chaco o en Tucumán.

Junto a organizaciones de vecinos como Basta de Demoler venimos denunciando  que sistemáticamente se están violando normas constitucionales de l ciudad y del código de planeamiento actual porque permanentemente se están habilitando permisos especiales, muchas veces ilegales,  a favor de estos polos inmobiliarios que tienen una relación directa con el poder ejecutivo de la ciudad y el poder ejecutivo nacional, sin respetar ni siquiera lugares con protección como patrimonio histórico o cultural.

¿Tienen algún ejemplo concreto de estas prácticas?

Por ejemplo, junto a otros legisladores hemos presentado amparos y frenado obras faraónicas como la que estaban construyendo alrededor del Palacio Roccatagliata donde la Justicia ordenó suspender la construcción de dos torres, una de 13 pisos y otra de 27 con una altura de 83,80 metros y aproximadamente 43.200 metros cuadrados, alrededor de la histórica Villa, en el barrio de Coghlan. Sin embargo,  la empresa incumple el fallo que restringe las obras. Existen decenas de caso con las mismas características.

La modificación del Código de Planeamiento Urbano lo que busca básicamente es blanquear esta situación ilegal, que es el atropello sistemático a las normas para llevar adelante estos negocios inmobiliarios, sin límites.

Otro ejemplo: a mediados de marzo  votaron en la Legislatura que una manzana de Puerto Madero reservada para fines educativos fuera habilitada para un negocio inmobiliario con el apoyo de tres o cuatro legisladores que no son del PRO, sospechamos que a cambio de oscuras prebendas.

Pero el PRO no es mayoría en la cámara ¿Cómo logra estos resultados?

El PRO se maneja con un esquema de toma y daca que permitió la violación del propio reglamento  de la Legislatura  al permitir, los bloque opositores,  que con 28 legisladores tenga mayoría en todas las comisiones. Cuando la Alianza tenía 27 legisladores había comisiones donde tenía minoría por el sistema proporcional Don.

Con este esquema actual,  el oficialismo traba todos los proyectos de la oposición y con compra de votos gana las elecciones de sus propios proyectos, con mayoría simple.

Habría que preguntarle a los principales bloques opositores como fue que permitieron que el PRO tenga mayoría en todas las comisiones porque esto hace que la legislatura se convierta en una escribanía. La única manera de hacer valer el voto opositor es con 32 legisladores contra 28 del PRO,  pero las leyes que  por reglamento  son tratadas en las comisiones antes de pasar al recinto, donde  el oficialismo tiene mayoría, si el PRO no está de acuerdo, nunca llegan a ser tratadas.

¿Denunciaron esta situación que va en contra del reglamento?

Lo hemos denunciado judicialmente y dentro de la legislatura, pero se mantiene igual el esquema, hay  comisiones especiales que maneja la oposición que son decorativas, no despachan proyectos, no tienen mucho presupuesto, a nosotros nos dieron la de trata de personas que no despacha proyectos. Las que despachan son las de vivienda, educación, presupuesto, ahí está el poder. Las denuncias que realizamos no prosperaron.

Entonces, ¿el nuevo código servirá o no para la ciudad? Si afecta la vida en los  barrios ¿Por qué no se discuten sus directicas también en las comunas?

Gustavo Deplast: El principal problema del código es que plantea una ciudad para 7 millones de personas, y esta ciudad como todas, es un ente vivo, y desde hace 75, 80 años, se auto mantiene en más o menos 3 millones de personas. La ciudad no necesita tener 7 millones de personas. El objetivo de la reforma es la consolidación del modelo de los edificios en altura, mal llamadas torres, porque también abarca los edificios pegados entre medianeras que siguen siendo de altura.

Para poder lograr incrementar la cantidad de vecinos en la ciudad, cuentas que hemos realizado con asesores del despacho muestran que usando los lotes vacíos que quedan en la ciudad, con edificios de planta baja y tres piso de altura máxima se pueden duplicar la cantidad de habitantes, llegar a los seis millones, sin necesidad de que haya edificios de ocho, diez o doce pisos.

¿Esta modalidad cree que la alienta el polo inmobiliario?

Claramente. Es un negocio especulativo donde también participan las autoridades que son parte integrante del negocio inmobiliario. Con la construcción de tres o cuatro pisos se puede tener una ganancia razonable, pero a partir de más altura el que gana es el especulador. No hay ninguna necesidad fisiológica, de planeamiento o de trasporte que haga que se necesiten doce pisos, los ocho pisos agregados son la ganancia desmesurada que tiene el especulador.

¿Porque dice especulador y no constructor? 

Porque en el nuevo código, también permitido por el actual a través de maniobras de la actual administración, no hay límites para el privado, no hay control desde el estado  de lo que se construye, de qué manera se construye, y sobretodo, donde se construye. Esto se quiere legalizar con la reforma.

Las excepciones al actual código favorecieron a los emprendimientos inmobiliarios porque permitió que manzanas que eran mayoritariamente de casas bajas, pasaran a ser en ocho años edificios en altura y esto se pretende llevar a todos los barrios.

El nuevo código de planeamiento urbano debería haberse presentado hace siete u ocho años atrás, ¿porque no se presentó? , porque en cada uno de esos años, se han dado permisos de obra en la ciudad a un promedio de 2 millones de metros cuadrados cubiertos por año, es decir, en los 8 años de demora permitieron incorporar a la ciudad 16 millones de metros cuadrados cubiertos, mayoritariamente en 10 barrios, muchas veces de forma ilegal.

¿Existe la presunción de lavado de dinero en estos emprendimientos?

Gustavo Vera: Si hablamos de esta desmesurada construcción privada, estamos hablando, sin dudas, de mecanismos de lavado de dinero.

Esto lo ha dicho el GAFI en 2011 y estuvimos a punto de ser expulsados del GAFI  (El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales) porque en el país se construía a gran escala y no había que demostrar de donde había salido el dinero.

La mayoría de los propietarios de los 350 mil inmuebles ociosos que hay en la ciudad,  tienen que ver con el juego y con el futbol donde tenemos representantes de jugadores que están vinculados a los carteles mexicanos.

Hemos pasado por diferentes fases de operaciones de lavado de dinero  y la ciudad ha sido un botín donde se han puesto a construir torres a gran escala,  para tratar de legalizar dinero mal habido.

Esto le hemos denunciado y  esperamos que se investiguen los delitos vinculados al crimen organizado y el blanqueo de dinero en la ciudad.

El GAFI, además,  puso la lupa en el 2011 especialmente en la ciudad donde  Macri llevaba varios años en el gobierno. La puso sobre la especulación inmobiliaria, a tal punto, que el Congreso Nacional tuvo que votar leyes especiales que corrigieran de alguna manera esto de que se podrían construir edificios o hacer grandes emprendimientos,  sin explicar el origen del dinero.

 ¿Por qué no se lleva la discusión del nuevo código a las comunas?

Gustavo Deplast: Obviamente  porque la ciudad es tierra amarilla. Cuando imaginamos como iba a ser el procedimiento para implementar el nuevo código, nos imaginamos algo diferente a lo que ocurrió.

La primera reunión del gobierno fue con IRSA  y con tres o cuatro constructoras, después con la Cámara Argentina de la Construcción, después con la Sociedad Central de Arquitectos,  y con grupos de constructoras menores. Nos imaginamos, equivocadamente,  que las reuniones serian masivas y que en las comunas los vecinos eligirìan el modelo que querían para sus barrios.

 Gustavo Vera: El ejemplo es lo que ocurrió en la comuna 4 con la entrega de las tierras de Casa Amarilla, donde se construirían viviendas populares,  a Boca Juniors, ( hay una denuncia en curso).  Ahí las tierras se entregaron sin pasar por legislatura, se otorgaron discrecionalmente, por esto decimos que estamos en presencia de una dictadura inmobiliaria avalada por el gobierno, porque no solo no se consulta a las comunas sino que se apropiaron de la totalidad de las comisiones que despachan proyectos, no hay juego republicano de representación popular. Sale solo lo que quiere el poder ejecutivo de la ciudad.

Gustavo Deplast: En realidad lo que este nuevo código tiene por objetivo es darle legalidad a este modelo tan desigual de crecimiento que tiene la ciudad y los negocios entre el poder inmobiliario y el poder ejecutivo.

¿Cómo votaran los otros bloques en la Legislatura? Piensan que el PRO o el poder inmobiliario compraran votos de la oposiciòn?

Gustavo Vera: Si la votación se hace este año,  hay muchos grupos que están necesitando dinero para la campaña, entonces el gobierno generosamente por izquierda le ofrecería ese recurso, juntaría los votos como los junto para la manzana de Puerto Madero.

Todo el tiempo  se están canjeando votos por cargos, por contratos que no van a los despachos. Estos años me he cansado de ver leyes que se han votado donde consiguieron los tres o cuatro votos que faltaban para las votaciones simples o los 10 o 12 si hacía falta para llegar a  la mayoría especial, con el sistema de toma y daca. Es absolutamente escandaloso.

 

¿Planteaste este tema en el recinto?

Este punto lo hable directamente con Martin Lousteau  y le dije que no puede ser hipócrita, no puede aparecer como  oposición a un gobierno cuyo bloque le vota todas las leyes al ejecutivo que tienen que ver con la entrega de tierras públicas para la especulación inmobiliaria.

Ellos  avalaron un presupuesto discrecional, aprobaron una inflación dibujada. Esto hace en la práctica el bloque de Martin Lousteau y también facilitaron que tengan absoluta mayoría en las comisiones los del PRO y que hagan lo que quieran de forma ilegítima.

 

Cuando decís oposición,  el FPV también está votando leyes a favor al PRO…

Cuando digo oposición digo diferentes casos en diferentes circunstancias,  el PRO se las arregla para conseguir esas mayorías, y consigue esas mayorías a cambio de negocios sucios.

 

¿Solo con ECO o también con el FPV?

ECO y Confianza Pública son quienes más acompañan al oficialismo, en algunas ocasiones participa el FPV, aunque ahora hay varios bloques allí, en la última votación el bloque peronista de María Rosa Muin, apoyó que esos terrenos de Puerto Madero que eran para emprendimientos de educación  se los dieran  a inmobiliarias.

También está el voto del Frente Renovador cuando fue lo de la Villa Olímpica y el Paseo del Bajo, para que se desarrollen negocios inmobiliarios allí.

Hay compañeros del FPV que han tenido una conducta consecuente con su voto en las votaciones claves.  Algunos han tenido conducta y otros claramente no, pero señaló que el PRO hace valer su aparato económico  y logra armar estas mayorías circunstanciales  y logra votaciones ruinosas para la ciudad.

Nosotros  no solo hemos denunciado estas prácticas sino que las llevamos al terreno de la justicia, donde hubo fallos favorables,  a veces circunstanciales, a veces más estructurales. El último fue el del pasaje Ireneo en Caballito y hemos tenido una fuerte intervenciòn para evitar los atropellos que sucedían en el ámbito educativo y en los aumentos del subte.

Deplast: podemos mencionar el caso del estacionamiento medido que salió con 34 votos cuando se necesitaban 40, no llegaban al número y lo sacaron igual, violando la Constitución que dice, “cuando hay entrega de tierras públicas por más de cinco años, se necesita mayoría especial”. Esto lo impedimos.

 

Sobre el tema de trata de persona y talleres clandestinos, ¿cómo es la situación actual en los talleres en la ciudad?

El año pasado votamos una ley para derogar normas que habilitaban cabaret, wiskerias que eran prostíbulos disfrazados, en esto avanzamos bastante no así en el tema de departamentos privados, donde hay trata y distribución de drogas y son un negocio de la policía de la ciudad.

En esta nueva etapa policial esperaba que se superaran los vicios de la federal y se profundizaran los niveles de profesionalismo que había adquirido en algún punto la metropolitana,  cosa que aún no sucedió.

En investigaciones complejas tanto la policía aeroportuaria como la metropolitana, intervinieron en delitos complejos con índices de imparcialidad, que son digno de rescatar.

 

¿En qué casos viste este accionar?

Por ejemplo, las escuchas de la metropolitana donde aparece Lidia Sasha llamando a un proxeneta invitándolo a sumarse a la campaña del Pro. Pudieron  haberla borrado como hicieron otras fuerzas en otros procedimientos pero lo informaron a la justicia.

Las dos fuerzas trabajaban muy bien en la parte de inteligencia con el servicio judicial.

Esperábamos que ese nivel de profesionalismo, sin dejar de condenar los hechos represivos donde cometieron errores y bochornos, como el caso dela represión en el Borda o la represión  en Lugano del Barrio Papa Francisco, pero si se lo compara con la federal, no tuvieron jefes separados por narcotráfico, ni por hechos de corrupción, si por procedimientos brutales.

¿Se podrá trasparentar el accionar policial en estos temas?

La federal de jefe de brigada para arriba no puede justificar su patrimonio, están hasta la recontra mano, la federal tiene una caja en la ciudad  que recauda el doble de lo que recibía de presupuesto, todas las comisarias tienen una caja negra que la maneja el jefe de brigada, los subcomisarios y comisarios, que no solo recaudaban de talleres clandestinos, de prostíbulos, de locales mal habilitados, sino que extorsionaban a vendedores ambulantes, a manteros, generando una caja sistematizada, profesionalizada, desde la época de Vallecas.

Nosotros  hicimos en el 2009 una investigación con el diario Critica, llegando a la cifra de 4500 millones anuales de recaudación ilegal, cuando en ese mismo año, las comisarias recibían  $2500 para sostenerse, gran parte del no remunerativo que cobraba la federal, tiene su origen en estas cajas negras,  por lo tanto en la unión de la Metropolitana con la Federal, esperábamos que de jefe de brigada para arriba,  se trasparenten las declaraciones juradas, y no que se los traspase sin beneficio de inventario.

 

¿Usted hace donación de su salario de legislador?

En el caso de los salarios, más de un millón de pesos ya fue devuelto a través de escribano público, podemos mostrar todas las actas, estamos tratando de dejar un precedente de que se puede legislar de una manera totalmente diferente, porque esto es una especie de Emirato Ârabe.

El presupuesto de la legislatura es similar al presupuesto de toda La Matanza, que se administra con 5 mil millones de pesos y la Legislatura está casi en esa cifra. Habría que mejorar toda la estructura y trasparentar gastos y procedimientos que son escandalosos.

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