En una nota de la publicación El Grito del Sur, se supo que ya hay personas en situación de calle contaminadas con el coronavirus. El primero de los casos se produjo en uno de los paradores de Cáritas, y el restante se confirmó en el Centro de Integración «Che Guevara», sostenido por la organización Proyecto 7, que acudió a la Justicia para que el Ejecutivo porteño desarrolle un protocolo para el aislamiento de las personas en situación de calle.
Ante la confirmación de los casos, Proyecto 7 inició una acción de amparo para que el Gobierno porteño defina un protocolo de acción ante la presencia de posibles nuevos casos, dado que hasta el día de hoy -a más de 40 días de iniciada la emergencia sanitaria- las autoridades de la Ciudad no tienen en claro dónde y bajo qué condiciones debe aislarse a una persona contagiada.
Ante la presentación judicial, el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Martin Furchi le ordenó a la administración porteña que «arbitre en forma urgente los medios necesarios para prevenir, detectar y evitar el contagio y propagación del virus SARS CoV 2 (COVID-19) entre los asistentes y residentes del Centro de Integración Che Guevara», en una medida que puede aplicarse hacia el resto de los paradores de la Ciudad.
Uno de los primeros efectos del fallo fue que el SAME tendrá a partir de ahora que responder con urgencia y prioridad los llamados desde los centros de integración, algo que hasta ahora corría únicamente para los geriátricos.
