Por Arq. Osvaldo Echavarría
Los procesos de privatización de tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires -tanto del dominio público nacional como de la Ciudad-, no son algo nuevo, pudiendo encontrarse casos emblemáticos en las ventas ilegales de porciones del Parque 3 de Febrero por Cacciatore durante la última dictadura, en la creación de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y su remate ilegal de tierras que se prolongó durante 20 años o, ya entrado el nuevo milenio, en el intento de construir un estadio en La Rural (también apropiada ilegalmente y única cuestionada ante la Justicia y con condenas) de la mano de Ibarra, De Narváez y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Aún así, en los últimos 10 años este fenómeno se ha profundizado bajo las diferentes gestiones nacionales y de la Ciudad y sus aliados circunstanciales, teniendo como consecuencia la transferencia al sector privado de casi 600 hectáreas de tierras públicas y una proyección a la profundización de este modelo.
La creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado -AABE- por el DNU 1382/12 y su reglamentario de 2015, con facultades extraordinarias y anticonstitucionales sobre las tierras del dominio público del Estado Nacional, vino a prestar servicios básicos al proceso de traspaso de tierras públicas a manos de desarrolladores privados.
Así, se permitió dedicar esas tierras a las nuevas urbanizaciones del Plan de Viviendas del Banco Hipotecario SA y, además, pasar a manos privadas las 12 hectáreas de tierras fiscales de Isla Demarchi y sectores de las playas ferroviarias de Colegiales y Palermo. Todo ello, haciendo caso omiso de la existencia de la Constitución Nacional (art. 75 – inc. 5) y del “planeamiento participativo” que indica la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; tan profunda es la relación forjada entre el Gobierno Nacional, el de la Ciudad y la familia inmobiliaria.
En casi todos los fundamentos de las diversas leyes y decretos que habilitaron este proceso en favor de los capitales inmobiliarios se repiten frases tales como “desarrollo urbano y social”, “mejoramiento territorial y ambiental” o “reconversión urbana”, intentando crear una relación directa entre construcción y desarrollo.
No obstante, tanto el rechazo social a la venta de tierras públicas y los grandes emprendimientos inmobiliarios, así como los reiterados reclamos vecinales por diversas necesidades insatisfechas parecieran dar cuenta de una diferente interpretación sobre lo que implica desarrollar a la Ciudad de Buenos Aires.
Si en el mismo período que se dieron todas estas políticas en favor del «desarrollo” inmobiliario, quienes habitamos la ciudad fuimos sufriendo cada vez más el déficit de vacantes escolares, la desigual distribución de centros de salud, una red de transporte público saturada, infraestructura insuficiente de servicios públicos como luz, gas y agua, la carencia de espacios verdes públicos, la cementización de tierras absorbentes que se tradujeron en inundaciones con pérdidas de vidas y una crisis habitacional que tiene a casi la mitad de la población obligada a alquilar y a cientos de miles viviendo en condiciones sumamente precarias ¿cómo podríamos hablar de desarrollo urbano? ¿Qué clase de desarrollo profundiza las problemáticas que sufren sus habitantes?
Cabe entonces reflexionar sobre qué consideramos como desarrollo urbano ¿Construcción es igual a desarrollo? ¿Quiénes impulsan y se benefician de esta visión sobre el desarrollo? En este modelo, ¿dónde se encuadran las necesidades y propuestas de otros sectores sociales? ¿Por qué imperan los intereses económicos de una minoría por sobre los derechos de la mayoría? ¿Cuál es el límite de este desarrollo urbano?
Es sabido que la Ciudad de Buenos Aires no puede expandirse territorialmente, a no ser por un costoso y ambientalmente desastroso avance sobre el Río de la Plata. Por lo tanto, una vez liquidadas las tierras públicas ¿cuál sería el próximo objetivo de expansión del capital inmobiliario? Encarar procesos de compra de tierra privada anularía el fabuloso negocio por los elevados valores del suelo que generó la especulación inmobiliaria que tanto fomentaron. DISPUTAR EL SUELO COMO CONDICIÓN PARA VIVIR DIGNAMENTE.
Algunos consideran que una ley es una respuesta institucionalizada que busca resolver una demanda o conflicto social, en pos de alcanzar un bienestar general. Sin embargo, también existen posturas que afirman que los legisladores responden y defienden los intereses de los grupos de poder que los llevaron y sostienen en sus cargos.
Seguramente la política conjugue ambas formas de proceder, pero esta distinción tal vez podría permitirnos pensar en los motivos detrás de las más de 56 leyes y 11 decretos que a lo largo de la última década permitieron la consolidación de este fenómeno de extractivismo urbano. Entonces ¿qué es lo que motiva a funcionarios públicos a impulsar políticas tan opuestas a las necesidades comunes de quienes viven en la ciudad y que hacen al ejercicio pleno de derechos como salud, educación, seguridad, cultura, espacios verdes, entre otros?
Por otro lado, ¿dónde se expresan los sectores que continúan presionando -y con éxito- para profundizar la apropiación de tierras públicas por parte de las corporaciones inmobiliarias? El punto central se encuentra en cómo se planificará el futuro de Buenos Aires y qué rol tendrá el Estado en ese proceso.
El nuevo Código Urbanístico aprobado a fines de 2018 fomenta la construcción en altura recopilando los deseos del mercado inmobiliario y desde el Gobierno PRO se habló de una Buenos Aires para 6 millones de personas, lo que implicaría duplicar la cantidad de habitantes existentes. Sin embargo, si la ciudad actual ya es insostenible, no quedan muchas esperanzas de que las cosas mejoren en una Buenos Aires pensada para acumular la mayor cantidad de edificios posibles.
No queda mucho margen de maniobra para revertir este escenario. Esa es la advertencia principal que traemos desde los colectivos vecinales que nos organizamos para visibilizar la realidad y avanzar con propuestas que frenen la venta de las tierras públicas y las destinen al bien común.
El caso paradigmático es el de las ex playas ferroviarias de Caballito, Colegiales, Liniers, Palermo y Villa Urquiza. Decenas de manzanas vendidas de manera inconstitucional por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y rezonificadas por la Legislatura porteña a la medida de los mega emprendimientos inmobiliarios elitistas de empresas como IRSA, Sancor Seguros, Caputo, Consultatio, Grupo Portland -entre otros-, que sólo saturarán los barrios donde se construyan y eliminarán el escaso suelo absorbente de lluvias que aún queda en la ciudad.
Mientras tanto, duermen en los cajones de la Legislatura los proyectos de ley impulsados por organizaciones y entidades vecinales de diverso tipo para constituir grandes parques públicos en esas tierras, que mejorarían la salud física y mental de la población, al mismo tiempo que servirían para regular el efecto “isla de calor”, las inundaciones, reducir la contaminación y mitigarían con su nueva forestación el salvaje ataque que el Gobierno porteño viene llevando adelante contra el sumamente necesario arbolado urbano.
La disputa por el futuro de la ciudad está expuesta en su máximo esplendor. La Ciudad de Buenos Aires podrá continuar siendo una ciudad expulsiva, fragmentada, planificada por las «desarrolladoras» y sus aliados políticos para maximizar sus negocios por medio de la especulación inmobiliaria; o podrá ser una ciudad integrada, sustentable, inclusiva, segura, planificada democráticamente en base a la participación popular, donde su suelo sea puesto a disposición de las necesidades básicas de su población para vivir dignamente y se preserve su invaluable patrimonio histórico-cultural.
Este debate debe cruzar todos los espacios en donde se organice nuestro pueblo, porque sus consecuencias serán transversales a todas las personas que habiten estas tierras.
