Consecuencias del pacto firmado en diciembre pasado entre legisladores del Pro y del Frente Para la Victoria para incorporar tierras públicas al negocio inmobiliario
Playa Ferroviaria de Palermo. Una historia irregular
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Aurelio Ammirato, suspendió la construcción del shopping Arcos Gourmet, en el predio de las ex bodegas Giol, en el barrio de Palermo.
La medida cautelar obedece a planteos de un grupo de comuneros y legisladores por presuntas irregularidades en su ejecución. El planteo de Marcelo Charlon, Facundo Di Filippo y Rafael Gentili sostiene que “la construcción del centro comercial al aire libre es inconstitucional e ilegal pues, a su entender, no cuenta con el permiso de demolición y obra correspondiente, no se habrían observado debidamente las previsiones legales aplicables al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, a su vez, la zonificación vigente impide llevar a cabo el emprendimiento en ese predio”.
El juez Ammirato ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda la obra de modificación, ampliación y demolición parcial que se lleva a cabo en el predio hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
La obra se desarrolla en una de las doce ex playas ferroviarias con las que cuenta la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1996 y hasta 2000 estas tierras públicas estaban administradas por el ENABIEF, hasta 2007 fueron dependientes del ONABE y, a partir de la Ley Nº 26.352 “de Reordenamiento Ferroviario”, las contenía la ADIF SE –(Administración de Inmuebles Ferroviarios SE). Posteriormente, el Decreto Presidencial Nº 1382/12 disuelve el ONABE, modifica Ley N° 26.352 y crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado que, al momento, maneja todas las tierras nacionales.
Un asesinato y 12 hectáreas “liberables”
El perímetro de la ex playa correspondiente a la Estación Palermo de la Línea San Martín -de aproximadamente 12 hectáreas de superficie declaradas “liberables”- está dado, a grandes rasgos, por las Avdas. Córdoba, Juan B Justo y Santa Fe y la calle Godoy Cruz.
El sector principal afectado por esta irregular historia, es el circunscripto por la Av. Juan B Justo y las calles Paraguay, Godoy Cruz y la continuación virtual de Güemes.
Esta historia comienza en la madrugada del 2 de marzo de 2002, cuando el joven de 22 años Martín Esper es asesinado de varias puñaladas en la disco Apocalipsis, integrante del complejo clandestino Arcos del Sol, situado bajo un sector del viaducto ferroviario que atraviesa el Parque 3 de Febrero, cercano a la intersección de las Avdas Sarmiento y Casares.
Días después, el 7 de marzo, el Procurador General de la Ciudad Juan Carlos López, apremiado por la situación derivada del crimen en el boliche clandestino, clausura la disco Apocalipsis y demás boliches del complejo Arcos del Sol por no reunir los requisitos para su habilitación.
Este dictamen nada dice del resto de los boliches existentes en sus adyacencias (Guindado, Odeón Bar, The Roxy, etc.) ni de Paseo de la Infanta, todos en las mismas condiciones de ilegalidad y reclamados por la Asociación Amigos del Lago de Palermo, integrada por vecinos que defienden el espacio público, donde participan arquitectos, ingenieros y especialistas en cambio climático. Dos días más tarde, el GCBA clausura los locales de Apocalipsis, Coyote, Hanoi y Puente Mitre, boliches que componían el complejo Arcos del Sol. Tiempo después los demuelen.
El titular de la concesión ferroviaria que había dado lugar al irregular funcionamiento de estos boliches, Ricardo Álvarez Rojo, es la persona que aparece, más de dos años y medio después, en una nota del diario Página 12, el 13 de noviembre de 2004, junto al Jefe de Gobierno que le había clausurado los locales, bajo el paraguas de la empresa Arcos del Gourmet, anunciando una llamativa concesión «… adjudicada tras una licitación que el ONABE realizó en diciembre de 2002». La obra que luego de anuncia, consistía en un gran centro comercial con salas cinematográficas y de teatro, restaurantes, vinotecas, librerías, etc. a pesar de que, para el Código de Planeamiento Urbano, toda la ex playa de maniobras es Distrito UF -Urbanización Futura- y que por lo tanto sólo la Legislatura de la Ciudad y con un trámite de doble lectura podría haber autorizado ese emprendimiento.
Impacto Ambiental “sin relevante efecto”
El tiempo hace olvidar y sigue el intento de apropiación de estas tierras.
Es así que el 12 de mayo de 2008, el GCBA, a través de la Agencia de Protección Ambiental -APRA- y con la firma de Horacio Walter, titular de la Dirección General de Evaluación Ambiental, otorga a Arcos del Gourmet el «Certificado de Aptitud ambiental», categorizando a la obra como «sin relevante efecto ambiental» (Disposición N°195-DGET-08). Como “presidente” de Arcos del Gourmet, firma Pablo Bossi (quien aparece junto a Aníbal Ibarra en una fotografía del diario Página 12).
A través de esta Disposición que quedo vigente, el actual Gobierno de la Ciudad, entiende que, una obra que ocupará un terreno de más de 3,5 hectàreas (35.876 m2), sobre el que se construirán 24.000 m2 cubiertos, más 14.554,5 m2 de cocheras -para más de mil vehículos- ubicada sobre la Av Juan B Justo, a media cuadra de la Av Santa Fe, sobre uno de los nudos de tránsito y de ruido más conflictivos de la ciudad como es la zona Pacífico-Plaza Italia, con dos estaciones de subte y dos estaciones de tren en sus inmediaciones, por donde circulan miles de personas por hora y transitan -sólo por la Av. Santa Fe- 29 líneas de colectivos en dos direcciones, obra destinada a acrecentar todos esos valores en forma exponencial, “no tiene efectos ambientales relevantes sobre el entorno”.
La empresa Irsa informó que “nos encontramos trabajando para el desarrollo de locales comerciales, incluyendo espacios verdes y un polo gastronómico, en una superficie total construible de aproximadamente 24.000 metros cuadrados…”. Dicho desarrollo será llevado adelante por intermedio de su subsidiaria Arcos Gourmet.
El avance del proyecto. Irregularidades
Luego del anuncio de Irsa, pasó el tiempo y recién hubo indicios de concreción del proyecto en el predio ferroviario en diciembre de 2011, cuando sobre la calle Paraguay y sobre la calle Godoy Cruz aparecen carteles de obra de la empresa CRIBA anunciando una «modificación y ampliación c/demolición parcial» y se da comienzo a la obra.
El cartel de obra dice: “Distrito de zonificación” e “Indicadores reglamentarios”.
Según dicho cartel, se trata de, en un terreno de 35.876 m2, demoler 3.700 m2, para luego construir 6.169 m2 cubiertos -con un total de 24.211,92 m2- que contiene una playa de estacionamiento subterránea de 12.649 m2. Quedarían libres 17.260 m2
Todo ello llevado a cabo por cuenta de la “Adjudicataria de la Licitación Pública Nº 64/2002”: la empresa Arcos del Gourmet, transferida a IRSA .
Una de las irregularidades es que este sector de Palermo es Distrito UF -Urbanización Futura- donde sólo la Legislatura de la Ciudad puede dar normas para construir. El «Distrito de Zonificación» y los «Indicadores Reglamentarios» (como el Factor de Ocupación total FOT), en el cartel de obra, están dados por la Providencia 3729-DGPINT-2004 (período Ibarra) y la Disposición Nº 178-DGIUR-2006, firmada por el Director General de Interpretación Urbanística de la administración Telerman, Arq Juan Luis Gilli.
(Un dato llamativo: el Arq Gilli, presto declaración indagatoria en agosto de 2004 ante el Juez Ricardo Farías a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 14 en la causa abierta “violación dolosa del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires” al permitir obras no autorizadas en el Predio Ferial de Palermo («la Rural»).
El pacto del PRO- Frente para la Victoria
En agosto de 2012 se publica el Decreto Nacional Nº 1382/12 por el que se disuelve el ONABE -Organismo Nacional de Administración de Bienes- y se crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Todas las tierras públicas del país pasan a depender de esa agencia, incluidas las ferroviarias, que por una ley anterior estaban bajo jurisdicción de la ADIF SE. (Este Decreto deroga dos leyes y modifica otra; una irregularidad por demás significativa).
El 20 de septiembre de 2012 se publicó el Decreto Nacional Nº 1723/2012, que desafecta los predios ferroviarios pertenecientes a las ex playas ferroviarias de Palermo, Caballito y Liniers, decreto que posee visos notables de irregularidad: no desafecta del dominio público las tierras, las desafecta del uso ferroviario y dispone su utilización para el “desarrollo de proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios, a cuyos fines instruye a la ANSES y al Ministerio de Economía “para que constituyan una Sociedad Anónima”. A su vez, la Agencia de Administración de Bienes del Estado “deberá instrumentar la transferencia a título gratuito de los inmuebles consignados…, a favor de la Sociedad Anónima mencionada en el artículo precedente”. Todo ello en abierta contradicción con el art. 75 – inc. 5 de la Constitución Nacional, que otorga facultades sólo al Congreso de la Nación para «Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional».
Un mes después, a fin de octubre de 2012 los diputados Aníbal Ibarra, Juan Cabandié (Fp/laV) y Gabriela Cerruti (NE) presentan en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley (Exp.3394-D-2012) que, basándose en ese Decreto del PEN, propone la rezonificación de la ex playa ferroviaria con el objeto de sumarla al mercado inmobiliario, reforzando el fraude existente, ya que nunca había pasado por la Legislatura el proyecto. (Autorizado solo por funcionarios de tercer nivel del Gobierno de la Ciudad).
Otras desconsideraciones irregulares
El proyecto que se llevará adelante no contempla la conservación de los valiosos e históricos galpones ferroviarios que están dentro del predio. Tampoco contempla que, a pesar de los túneles aliviadores construidos en el curso del Maldonado, la zona todavía se inunda y lo que se edifique sufrirá y agravará ese efecto, que se suman al impacto de la reciente construcción de varias torres sobre la Av Juan B Justo (de la mano norte).
El proyecto de ley que aprobó este proyecto fue una improvisación que ni siquiera solicitó una Evaluación Ambiental Estratégica acerca de las consecuencias de instalar sectores de “equipamiento” y residenciales de “alta densidad” sobre la Av Juan B Justo y la calle Godoy Cruz, arterias ya seriamente comprometidas por el tránsito vehicular existente.
Estos y otros puntos son referenciados por los vecinos en la Audiencia Pública del 13 de diciembre de 2012, en la que se vierten duras críticas al proyecto de ley, que no se tienen en cuenta para nada y, finalmente, el 20 de diciembre se aprueba la Ley N° 4.477 que crea dos zonas: Nuevo Palermo I y Nuevo Palermo II.
Palermo I es la obra del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Nación) que no cumple la ley Nº 3146 que obliga a habilitar un parque público dentro de su proyecto. Por el contrario, están avanzando más allá de lo permitido, construyendo playas de estacionamiento para los vehículos de sus empleados y visitantes.
Nuevo Palermo II: es el sector de playa ferroviaria ubicado entre las Avdas Santa Fe, Juan B Justo y calles Paraguay y Godoy Cruz que no cumple con la ley que autoriza que un 65% de esas tierras públicas se destinen a construcción y un 35% a uso público ya que “el espacio “público” resultante quedará controlado por la empresa IRSA, ya que se encontrará ubicado dentro del shopping que va a construir.
Sintéticamente, queda todo entre amigos
Esta es una obra dedicada a la “Adjudicataria de la Licitación Pública Nº 64/2002” del ONABE, sobre un predio de dominio público del Estado Nacional de 35.000 m2 de superficie en Distrito Urbanización Futura, “autorizada” por una Disposición de la Dirección General de Interpretación Urbanística del GCBA en 2006, con Certificado de Aptitud Ambiental del mismo GCBA que la califica como “sin relevante efecto ambiental” en 2008, pero que fue iniciada en 2011, con planos registrados en 2012 y con una ley de la Ciudad que rezonifica el predio e intenta blanquear las irregularidades, publicada en 2013.
El llamado a concurso de arquitectura para las playas ferroviarias de Palermo, Caballito y Liniers, se rige por ley publicada el 15 de febrero de 2013, pero está vigente desde el 17 de enero de 2013 en la Resolución 7/2013 de la ANSES que autoriza “los llamados para la implementación de los Concursos Nacionales para el Desarrollo de Planes Maestros para la urbanización de las Playas Ferroviarias de Palermo, Liniers y Caballito” y está presente también en las «bases» elaboradas por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), cuyo presidente actual es el Arq. Enrique García Espil, que fue el Secretario de Planeamiento Urbano de la administración De la Rúa que permitiera en 1997/99, a la Sociedad Rural construir ilegalmente sobre el Predio Ferial del Parque 3 de Febrero. (Junto con el Arquitecto Gilli y otros más, fue llamado a prestar declaración Indagatoria en mayo de 2000 en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33 por violación al Código de Planeamiento Urbano de la ciudad).
Por Asociación Amigos del Lago Palermo
