El crimen de “lesa economía”
La interpretación de la deuda externa como la herramienta principal para instaurar un neo-colonialismo no es desmesurada, si se tiene en cuenta que se remonta a apenas 12 años después de la Revolución de Mayo y quienes la contrajeron –de Bernardino Rivadavia a Martínez de Hoz, Menem y Cavallo- han actuado más como oficiosos delegados del capital extranjero con desastrosas consecuencias para el pueblo argentino.
La historia
El origen de la deuda externa argentina data de los tiempos de la guerra civil entre unitarios y federales y la conformación del Estado-Nación. En 1822, el entonces presidente Bernardino Rivadavia negoció con la firma londinense Baring Brothers & Co un empréstito por un millón de libras esterlinas para financiar obras en el puerto de Buenos Aires. El préstamo terminó de cancelarse 120 años más tarde, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón en 1945.
En su formato contemporáneo, la deuda argentina reaparece con la restauración liberal que sucede al golpe de Estado de 1955. Coherente con su principio de “independencia económica”, Perón no había participado de los primeros años del FMI (fundado en 1944 por las potencias de occidente para paliar los efectos de la Segunda Guerra Mundial), pese a que había ensayado algunos gestos de negociación con capitales estadounidenses hacia finales de su segundo gobierno. En 1955, el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu decidió que el Estado argentino debía ingresar a los organismos multilaterales de crédito: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Club de Paris. Según datos relevados por el gobierno de Arturo Frondizi -el sucesor “democrático” de la Revolución Libertadora- la deuda externa ascendía a 1.051 millones de dólares al finalizar la dictadura .
A punta de bayoneta…
Desde 1955 la deuda pública argentina continúo su incremento paulatino hasta dispararse en la década del 70. La crisis del petróleo, el excedente de liquidez en dólares y las bajas tasas internacionales de interés de comienzo de ese decenio, dieron origen a lo que se conoce como la deuda del tercer mundo generada a través de los préstamos internacionales.
En la Argentina, la receta liberal-monetarista tuvo su representante en el ministro de Economía de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, que llevó al país a solicitar -sólo entre marzo de 1976 y septiembre de 1977- tres créditos por un monto total de 595 millones de dólares. A cambio, el FMI logró que el Gobierno argentino liberara las fronteras a la importación y se despojara de toda responsabilidad sobre la regulación del movimiento financiero. Eso, sumado al plan de privatizaciones de áreas productivas del país, destrozó el aparato productivo nacional e incrementó la marginalidad de los sectores más postergados. Hacía finales de la gestión Martínez de Hoz, la deuda argentina rondaba los 7.000 millones de dólares. Gran parte de esa deuda, es aún sospechada de haber sido parte de una fuga masiva de capitales durante los tiempos de la bicicleta financiera y la plata dulce. Según un informe presentado por el diputado nacional Mario Cafiero en el año 2005, ese monto se calcula en 30.000 millones de dólares.
Cuando el tándem Videla-Martinez de Hoz abandonó el manejo de las riendas económicas del país, la sucesión cívico-militar con Roberto Viola en la presidencia y el Ministro de Economía Lorenzo Sigaut comenzó el proceso de estatización de la deuda externa que se profundizó en la retirada militar post Malvinas. El mecanismo, determinó el traspaso al Estado de pasivos contraídos por empresas nacionales y extranjeras. Mediante la herramienta conocida como “seguro de cambio”, se transfirió al Estado la carga de la deuda privada entre junio de 1981 y la víspera de la asunción de Raúl Alfonsín. Entre los beneficiarios de aquella “estatización de vacas flacas” se calculan unas 70 empresas, entre las que se encontraban los grupos económicos más importantes del país (Acindar, Loma Negra y Compañía Naviera) aunque también grandes empresas y financieras extranjeras (Techint, IBM y los bancos Río, Francés y Citybank, entre otros). En la retirada militar, el Estado nacional se hizo cargo de una deuda privada de más de 20.000 millones de dólares y mientras que la externa ascendía a 45.100 millones.
Un jaque a la democracia
Con la democracia recuperada, Raúl Alfonsín intentó echar luz sobre los hechos acontecidos durante las tinieblas de la dictadura: uno de ellos era la deuda externa. A comienzos de su gobierno, se declaró una moratoria unilateral hasta junio de 1984 con el fin de investigar el origen de la deuda. Para eso se creó una comisión de 18 auditores externos que sólo alcanzó a relevar el 50 por ciento de las deudas “estatizadas”.
Mientras tanto, en un intento por unificar fuerzas continentales, el ministro de Economía Bernando Grinspun propuso la creación de un club de países latinoamericanos deudores para negociar en conjunto, proyecto rechazado por los organismos multilarales y los Estados Unidos.
Ese primer plan económico de Alfonsín fracasó y en 1985 el ministro Juan Vital Sourrouille lanzó el Plan Austral, que tampoco logró contener el proceso de recesión e inflación. En 1988, el Banco Central a cargo de José Luis Machinea disolvió la comisión encargada de investigar la deuda. Al estallar en 1989 la hiperinflación, el gobierno dejó de pagar los vencimientos de la deuda, que al momento de la renuncia de Alfonsín alcanzaba los 57.777 millones de dólares.
Al asumir Carlos Menem la Presidencia, la Argentina fue uno de los países que negoció sus deudas con Estados Unidos a través de lo que se conoció como el “Plan Brady” (elaborado por el secretario del Tesoro Nicholas Brady). Ese acuerdo dio a la Argentina cierto aire a través de la toma de créditos internacionales y la limpieza de los balances que los bancos no pudieran cobrar. Todo se cerró hacia 1992 con la colocación de cuatro bonos de cancelación de deuda. Un año antes, en 1991, había sido designado como ministro de Economía Domingo Cavallo, quien había sido uno de los responsables de aquella estatización de deuda privada en su calidad de presidente del Banco Central durante la gestión de Sigaut.
La receta monetarista
Con la excusa de batallar contra la inflación, el ministro Cavallo se aferró a las recetas monetaristas y asentó su plan en dos pilares: la privatización de las empresas nacionales y la paridad cambiaria. La reducción del gasto se encaró con el achicamiento del aparato estatal, baja de los salarios, suba de impuestos regresivos y la apertura indiscriminada de las fronteras para bienes de capital y servicios financieros.
Aunque la inflación fue controlada, los vencimientos y los nuevos compromisos adquiridos elevaron la deuda a 87.091 millones hacia el final del primer mandato de Menem, quien sería reelecto en 1995. A mediados de los 90, el “efecto Tequila” afectó a la economía argentina, que entró en recesión a comienzos de 1997. En ese tiempo, la drástica reducción de los beneficios sociales incrementó la marginalidad, la pobreza y la conflictividad.
Ya con Roque Fernández en el Palacio de Hacienda, la deuda pública argentina superaba los 90.000 millones de dólares, la recaudación disminuía y la convertibilidad se tornaba insostenible.
En las postrimerías del menemato, los problemas del sistema global y el desequilibrio interno generado por la devastación del aparato productivo nacional agravaron la situación; otras crisis internacionales le siguieron a la del Tequila (en Brasil, los países asiáticos y Rusia) y terminaron por hundir aún más al país. Cuando Menem entregó la presidencia, tenía una deuda que ascendía a 145.000 millones de dólares.
Blindaje, megacanje y después
Durante el decenio menemista, la deuda argentina había sido manejada por un conjunto de bancos comandados por el Citybank, que luego provocarían un colapso financiero que derivó en la revuelta social de diciembre de 2001.
Cuando Fernando De la Rúa asumió la Presidencia en 1999, entre sus propuestas no figuraba poner fin a una convertibilidad que se había revelado ficticia, al obligar al país a seguir endeudándose y reducir el gasto público para sostener la moneda.
El entoces ministro Machinea y las autoridades FMI acordaron en el 2000 el “Blindaje 2001”, por el que el Estado argentino recibió un nuevo préstamo de 40.000 millones de dólares. La condición fue el pago inmediato de deudas preexistentes y una serie de medidas destinadas a “racionalizar” la economía con más recortes y ajustes sobre los beneficios sociales.
El último día de noviembre de 2001, De la Rúa y el otra vez ministro Cavallo firmaron el “megacanje” que postergó por tres años el vencimiento de deudas por 50 mil millones de dólares, a cambio de un aumento en los intereses del 14,5 al 16 por ciento anual. Como resultado, la deuda pública total pasó de 124.358 a 126.606 millones de dólares, y los intereses de 82.246 a 120.650 millones.
Esos títulos, declarados en default durante la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá que anunció el cese del pago de la deuda externa.
Allí los “fondos buitre” compraron los bonos por monedas y a través del juez Thomas Griesa reclamaron el pago total, con ganancias del 1600%.
La causa Olmos
Un Quijote contra la deuda fraudulenta
En pleno brote de euforia nacionalista por el desembarco del Ejército argentino en las Islas Malvinas en 1982, un tucumano de 55 años ingresaba a la sede del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal.
Aquel 4 de abril de 1982, Alejandro Olmos presentó una denuncia contra el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, su secretario de Programación y Coordinación Económica Guillermo Walter Klein (h) y otros funcionarios, por haber contraído una deuda externa ilegal y lesiva para los intereses del pueblo argentino.
Con el aporte de otros denunciantes, la causa llegó a abarcar a todos los ministros de Economía del Proceso, a Jorge Rafael Videla, Guillermo Suárez Mason y una veintena de ex funcionarios.
Las figuras penales en discusión eran: defraudación pública (Art. 173, inc. 7, del Código Penal), traición a la patria (Art. 227) y violación de la Constitución Nacional (Art. 248).
Ignorado por la prensa hegemónica, el periodista, historiador y político sostuvo y amplió durante 18 años la causa, a la que difundió a través del Foro Argentino de la Deuda Externa, con su libro “Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron” y en cuanto espacio público se le permitió expresarse, hasta que el fallo del juez federal en lo criminal Jorge Ballesteros le dio la razón el 13 de julio de 2000 -dos meses y medio después de su muerte- al declarar a la deuda “ilegítima y fraudulenta”.
“La deuda externa de la Nación (…) ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados (…) que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado”, afirmaba la sentencia de Ballesteros.
La denuncia de Olmos daba cuenta no sólo del crecimiento desmesurado de la deuda pública y privada, de 8085 millones de dólares en 1975 y 45.087 millones en 1983, sino también de la renuncia a la soberanía jurídica perpetrada con la llamada “cláusula Martínez de Hoz”. “Primero se modificó la ley, después se hipotecó al país”, sostendría en su libro, al explicar que a pocos días de lanzado el plan económico dictatorial, con un decreto emitido el 20 de abril de 1976 se modificó el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación para permitir que todos los contratos de la deuda externa argentina se sometieran a la jurisdicción del estado de Nueva York.
Esa cláusula aún continúa vigente y entre otras cosas explica por qué el juez estadounidense Thomas Griesa tiene potestad sobre los títulos de deuda adquiridos por los famosos “fondos buitres”.
Los días actuales
Es muy digna la actitud del gobierno nacional de oponerse a seguir firmando compromisos que generarían graves problemas a la población si accediera a las pretensiones de estos fondos buitres. También es muy valiente su actitud de terminar con este flagelo de la deuda externa que se extendió por 40 años sin que ningún gobierno hiciera nada al respecto, logrando negociar su pago con una quita del 67%.
Se podrá estar en desacuerdo con muchas de sus políticas, pero hay que prestar atención a los voceros económicos y mediáticos que pretenden que el país se retrotraiga a situaciones que generaron mucho sufrimiento a través grados de marginalidad y desempleo inéditos en la historia argentina, por la aplicación de esas recetas monetarista donde el hombre común es solo un número más y su situación cotidiana no le importa a ningún banco o financista. También hay que reconocer el inmenso apoyo internacional que obtuvo nuestro país en este tema y la habilidad que manifestó para poner en evidencia a estos fondos buitres y a un capitalismo “sin rostro” donde no hay hombre ni Dios, solo importa el dinero y el poder.
Por César Pucheta y Alexis Oliva
