La Corte Suprema dejó firmes las multas al PRO por la causa «aportantes truchos» de 2017, en la que simularon aportes de personas beneficiarias de planes sociales, a partir de los datos de ANSES.
La causa se inició en la Justicia Federal de La Plata, por supuestas irregularidades e incumplimientos a la Ley 26.215, que establece el marco normativo para el financiamiento de los partidos políticos.
Ese tribunal desaprobó las presentaciones, tanto de la coalición entonces gobernante como de las fuerzas que la integraban y fijó multas, que fueron apeladas y ratificadas en fallos de cámara. La nueva apelación llegó hasta la corte suprema.
Al PRO se le impuso una multa por un monto de 3.246.965,53 de pesos; a la UCR, un monto de 990.599,65; y a la Coalición Cívica, un monto de 990.599,65.
En los primeros meses de 2018 la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, brindó una conferencia de prensa donde negaba los hechos:
«La ley de financiamiento de los partidos tiene fallas», pero aun así, le pidió la renuncia a la funcionaria y contadora del PRO, que además era su amiga y contadora personal, María Fernanda Inza.
La decisión de la Corte afecta a Vidal, que busca posicionar nuevamente en CABA donde es diputada nacional y busca encabezar la boleta de legisladores porteños del PRO.
Las víctimas de la maniobra de Vidal son personas muy humildes, que fueron afiliadas al Pro y figuran como aportantes y luego de siete años de estas denuncias aún siguen afiliadas al pro, aun cuando mucha gente fue al juzgado a hacer pericias caligráficas para demostrar que eran afiliaciones truchas.
Ademas de esta causa, sigue su curso otra investigación en el juzgado electoral que encabeza Alejo Ramos Padilla que procesó por “falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa del origen de fondos de campaña” a Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin.
Ellos estuvieron a cargo de recibir los aportes para la campaña electoral. Sobre cada uno pesa un embargo de hasta 50 millones de pesos y podrían recibir penas de un año y medio de prisión, e inhabilitación por 10 años para ejercicios de administración.
