Por la falta de actividad derivada de la pandemia por el coronavirus y la cuarentena obligatoria, muchos inquilinos se han visto en la situación de no poder pagar sus alquileres. La Defensoría del Pueblo de la ciudad relata en un informe la situación dramática de muchas familias.
El Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría informa que el perfil de las demandas se modificó con respecto a semanas anteriores: de las 620 consultas recibidas entre el 20 y el 30 de abril, prácticamente la mitad estuvo vinculada a dificultades para afrontar el pago y al incumplimiento del decreto que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria.
Así, el 25% de las consultas tuvo que ver con inquilinos que terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo, con aumentos entre el 50 y el 100%, en violación a la prórroga por 180 días establecida por el Decreto 320/20. Las denuncian evidencian que, en algunos casos, se utiliza el decreto para proponerle al inquilino que este aumento lo pague después del 1 de octubre. En otros, le ofrecen seis meses de contrato (que es la prórroga que por derecho puede tomar el inquilino) con un aumento superior al 30% y luego “volver a conversar”.
Otro 20% de las consultas tuvo que ver con dificultades para pagar el alquiler: inquilinos que pidieron préstamos para pagar abril, que hicieron abonos parciales, o bien que sufrieron una caída de hasta el 50% de sus ingresos o que directamente perdieron su trabajo y, ante la imposibilidad de pago, piden a las inmobiliarias terminar los contratos.
La negativa a bancarizar el alquiler (o con recargos de hasta el 21% por hacerlo) y la retención indebida del depósito de garantía luego de meses de reclamos, representaron el 14% de la demanda.
Un 12% estuvieron vinculadas al deterioro de los inmuebles (arreglos, humedad, luz de obra, corte de gas).
El resto se refirieron a problemáticas tales como el pedido de autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en locaciones comerciales o profesionales sin actividad económica, el valor de las expensas, y amenazas de desalojo por falta de pago en pensiones, hoteles y residencias estudiantiles.
