La última intimación judicial para la destrucción del terraplén que divide los Esteros del Iberà se dictó el 2 de marzo de 2011.
En esa oportunidad la Sala IV de Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Provincia de Corrientes, integrada por los Dres. Carlos A. Rodríguez y María E. Sierra de Desimoni emitió un nuevo fallo en relación a este caso que incluye la apropiación de tierras fiscales de parte de la empresa Hacienda San Eugenio.
Dicho fallo ratificó, de manera plena y absoluta, las decisiones adoptadas con anterioridad por el mismo tribunal, ordenando la inmediata demolición del terraplén.
Cabe recordar que desde el año 2005, quince jueces de todas las instancias de la Provincia de Corrientes y hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaron seis sentencias, en las que ordenaron la demolición de la obra.
Sin embargo, pese a los 8 años trascurridos desde el primer pronunciamiento judicial, tanto los responsables de la obra como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente de la Provincia de Corrientes (ICAA) se han negado de manera sistemática a cumplir con el mandato de la Justicia.
El dato concreto de este accionar delictivo es que alrededor de 8 mil hectáreas que son propiedad del Estado Correntino fueron incorporadas a la mensura de Haciendas San Eugenio, más otro lote de 2 mil hectáreas también tierras fiscales han pasado a ser de hecho propiedad de los Macchiavello, dueños de la empresa.
Los pobladores denuncian este accionar ilegal e irracional y solicitaron a la justicia que Macchiavello destruya el terraplén para que se restaure el Ibera ya que la obra altera el escurrimiento de las aguas, por lo tanto, la mitad de estos humedales únicos en el mundo se secarán, “y es imprescindible que el Iberá vuelva a escurrir como escurrió desde que se formó hace 12 mil años y se mantenga este ecosistema vital para la biodiversidad de la zona” sostienen los denunciantes.
Qué es la reserva natural del Iberá
Los esteros y lagunas del Iberá y los ricos ecosistemas que los componen representan, sin lugar a dudas, una de las áreas biológicas más destacadas de la Argentina. Este enorme sistema de humedales, con una notable diversidad de especies vegetales y animales, constituye gran parte del patrimonio natural correntino.
Con el objetivo primordial de preservar estos recursos naturales, el Gobierno de la Provincia de Corrientes, creó la Reserva Natural del Iberá, el 15 de abril de 1983, por ley 3771.
Sus límites son: al norte, la ruta nacional Nº 12; al este limita con los afluentes de los ríos Aguapey y Miriñay; al oeste con los esteros, arroyos y afluentes del Paraná y principalmente el Batel-Batelito y al sur, la continuación de la divisoria del este, que separa el sistema de los afluentes de la margen derecha del Miriñay y al norte del Pay Ubre.
Tiene una superficie aproximada de 13.000 Km.2, que es el 14,6 % del territorio provincial.
Antiguos cauces y lechos del Río Paraná, son en la actualidad la base de esta compleja red de humedales compuestas por bañados, esteros, lagunas, embalsados y cursos autóctonos de origen pluvial.
Este gigantesco humedal correntino de agua dulce de 1.400.000 hectáreas es uno de los ecosistemas de agua dulce más importantes del planeta.
También es un excepcional reservorio de biodiversidad, un refugio para especies amenazadas de extinción, además de constituir uno de los sitios de atracción turística de mayor potencial de la Argentina.
Sin embargo, en los últimos años, arroceras a gran escala y forestación con monocultivos de especies exóticas avanzaron sobre lomas y malezales en la periferia del sistema para apropiarse de esas tierras fiscales. Pero la ambición desmedida de los empresarios ideó la forma de quebrar el sistema para usufructuarlo sin límites: se comienza a construir el terraplén.
La construcción ilegal del terraplén para apropiarse de tierras.
Esta historia, de consecuencias graves, comienza cuando la empresa Haciendas San Eugenio (ex Forestal Andina) comienza a construir un terraplén que actualmente tiene 24 km de largo y que dividió el Estero con el objetivo de apropiarse de tierras que serían destinadas a la cría de ganado (la parte de los esteros que se secará al no escurrir las aguas).
Este terraplén, totalmente ilegal, fue denunciado judicialmente por los pobladores y grupos ecologistas, existiendo una sentencia firme de demolición dictada hace ya cuatro años por la Corte Suprema de la Nación, sin ser cumplida hasta la fecha.
A pesar del fallo que condena su accionar, la empresa siguió ocupando tierras fiscales y afronta otra denuncia por “robo de tierras en la Reserva Provincial Esteros del Iberá”.
Para fundamentar esta denuncia, los ambientalistas y pobladores agrupados en la organización “Salvemos al Iberá”, accedieron a través de la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia, a los planos de la mensura 1935-D, propiedad de San Eugenio, Sociedad Anónima (ex Forestal Andina).
En la misma se observa que un sector fiscal de una franja de 1.107,06 hectáreas ubicada en la costa de la laguna Medina, tiene una leyenda que dice “Estado de la Provincia de Corrientes” y es la prueba que la empresa Forestal Andina robó tierras fiscales en el paraje Yahaveré, en el corazón del Iberá.
Los ecologistas denunciaron que, además de apropiarse de las tierras de la reserva, con la construcción del terraplén que aún está en pie y que frena el escurrimiento natural de los esteros y bañados, la empresa busca que una parte del estero se seque para usar esas tierras para la cría de ganado, mientras la otra parte se inundará perjudicando a poblaciones que viven en la ribera del Estero del otro lado del terraplén.
La denuncia de Bruno Leiva
Bruno Leiva, poblador nacido en el Paraje Yahaveré se dio cuenta rápidamente de lo que estaba ocurriendo, de la gravedad de la situación y demandó a la firma ganadera cuando la obra apenas tenía un kilómetro y medio de extensión.
Ante la denuncia, el Juzgado Nº12 resolvió la destrucción de la obra. Sin embargo, la firma ex Forestal Andina -ahora denominada Estancias San Eugenio-, apeló el fallo que luego fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia que dictó sentencia firme, declarando “inadmisible” dicho recurso y confirmó la resolución de la Cámara de Apelaciones que ordenó “demoler la obra nociva para el medio ambiente”.
La empresa no sólo desconoció el fallo sino que siguió con la construcción, que hoy tiene 24 kilómetros de extensión.
A pesar de esta actitud la empresa de no acatar la orden, el proceso judicial y el fallo del Tribunal Superior en materia ambiental son inéditos.
Es un fallo ejemplar que ha agotado todas las instancias. En su momento, la empresa decidió llevar la causa al máximo órgano de justicia de la provincia con el argumento de la inaplicabilidad de la ley, argumentando que la destrucción del terraplén generaría más impacto ambiental que la manutención de la obra, entre otros fundamentos.
Pero el fallo Nº151 rechaza el “recurso de inaplicabilidad de ley” presentado por la firma ganadera y los magistrados dejan en claro que uno de los argumentos principales que sustentaron la sentencia alude a la “desobediencia de la demandada a la medida judicial de primera instancia que ya en 2006 ordenaba el cese del daño ambiental”.
El poblador Bruno Leiva piensa presentar un proyecto para sugerir al juez de turno el modo en que se debería derribar la obra para que esta acción genere el menor daño posible para recomponer el ambiente al estado lo más natural que se pueda.
Otro terraplén y demandas judiciales al ICAA
Cuando los fallos no se respetan otros se animan a hacer lo mismo, en este caso apropiarse de tierras fiscales para hacer negocios.
Actualmente existen acciones judiciales contra cuatro nuevos emprendimientos de empresas de grandes dimensiones, algunas con ubicación estratégica dentro de la Reserva del Iberá.
Una de estas arroceras cuenta con medida cautelar (Causa Cirignoli Sebastián c/ Ramón E. Aguerre), otra está a estudio para el otorgamiento de una cautelar similar a la causa anterior y una tercera, está denunciada por la Intendencia de Carlos Pellegrini, de la localidad de Mercedes, dentro de la Reserva misma.
Los grupos ecologistas asimismo, han denunciado la construcción de un nuevo terraplén de similares o más graves características que el de Forestal Andina ubicado en una zona central del Iberà que amenaza gravemente la diversidad biológica existente allí.
Es inexplicable para los pobladores que esta situación continúe sin resolverse y no se ejecuten los fallos judiciales que exigen la demolición de estas obras que roban tierras fiscales y destruyen de manera irreversible el Iberá, un ecosistema único en el mundo.
Por Ricardo Guaglianone
Fuentes:
Agencia Biodiversidad
Boletín del Ibera
Renace, Red Nacional
de Acción Ecológica
