Esteros del Iberá: una increíble historia de destrucción ambiental, robo de tierras fiscales y amenazas a pueblos originarios

Esta historia que sucede en la provincia de Corrientes la hemos contado en la edición de El Adán del mes de marzo del 2013, asombrados en aquel entonces, que ningún medio nacional, ni oficialista ni opositor, tomará este problema para hacerlo conocer. Pensamos que ante una resolución de la Corte Suprema de Nación a favor de la demanda de la comunidad Guaraní del departamento de Concepción, que denunció hace unos 6 años atrás la construcción ilegal de un terraplén de 24 km de largo, que divide al Estero de Iberá, le impide escurrir sus aguas con la intención que una parte se seque y usar esas tierras fiscales para la siembra de soja y hacer un polo turístico en la zona.
Creímos que esta historia estaba terminada después del fallo de la Corte Suprema, pero no es así.
La comunidad guaraní del Paraje Yahaveré, del departamento de Concepción nos informó de las amenazas que están recibiendo para obligarlos a abandonar sus tierras ancestrales y del impedimento de circulación a los pobladores de la zona, a pesar de otras resoluciones judiciales en contra de esa actitud mafiosa.
La comunidad Guaraní acusa a dos actores principales de estas amenazas. Se trata de la empresa Haciendas San Eugenio y de la Estancia el Tránsito, propiedad del multimillonario Douglas Tompkins. Contamos en exclusiva, el despojo de tierras fiscales y la persecución a pueblos originarios, que está ocurriendo en esa parte del territorio nacional

La situación actual

En este mes de agosto el conflicto entre la empresa San Eugenio y los pobladores de la Comunidad de Yahaveré y el Movimiento Socio Ambiental, “Guardianes del Iberá” se agravó por las graves amenazas de parte de la empresa para que abandonen sus tierras.
Los Guaraníes dieron a conocer detalles de la situación en el Paraje Yahaveré, cuando a fines de agosto uno de los pobladores quiso trasladarse desde el vecino pueblo de Concepción a su casa en el Paraje Yahaveré, distante a unos 20 kilómetros y se encontró con una tranquera cerrada con un candado, en el único camino de circulación que hay en la zona.
En ese lugar la empresa Haciendas San Eugenio, colocó un puesto de guardias armados y ante el pedido de abrir la tranquera lo amenazaron diciéndole a este poblador, que el lugar era “propiedad privada”.

Esto ya había ocurrido años atrás y la justicia fue en contra de la empresa. Una medida cautelar del año 2006 dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 disponía: “se ordene a los responsables de los establecimientos rurales “El Tránsito” y “Luján” o cualquier otro comprometido, que se abstenga de realizar actos que impidan o restrinjan – a través de actos de acción u omisión, el paso en tránsito de las personas o vehículos con destino al Paraje Yahaveré o desde allí a hacia otras localidades.” (Expediente Número 57.003/06. 07 de Julio de 2006).

Los pobladores de las Comunidades Ñupui y Yahaveré denuncian esta situación, ya que son los únicos que no pueden pasar.
“A la gente del magnate norteamericano Tompkins los dejan pasar, demostrando que están unidos contra nosotros” cuenta Ceferino Ríos, Karaí de la Comunidad Guaraní de Ñupui.
También denuncia que la empresa Haciendas San Eugenio comenzó a alambrar parte del territorio ancestral de la comunidad de Yahaveré acompañados por custodia policial.
Otro poblador, Omar Ramírez declara que “ellos justifican la presencia policial porque dicen que los pobladores amenazamos a sus peones. Pero esas son puras mentiras para que los acompañe la policía mientras se meten en nuestras tierras”.
Cabe destacar que los pobladores de Yahaveré recibieron su reconocimiento como Comunidad Guaraní preexistente a la República Argentina y a las Estancias y con ocupación tradicional de su territorio de forma comunitaria mediante la resolución 572 del INAI del 8 de Agosto de 2013 (publicado en el Boletín Oficial de la Nación), donde consta el otorgamiento de su Personería Jurídica.
“Como pobladores originarios tenemos el derecho a nuestro territorio consagrado por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”, reclamó Hernán Sotelo, Karaí de la Comunidad Guaraní de Yahaveré.

El control del Iberá

Ante esta situación, la agrupación ecologista “Guardianes del Iberá”, denuncia que durante años estos dos grandes propietarios disputaron su interés de ser la cabecera de acceso al Iberá de la zona, pero ahora se unieron contra los pobladores. Cualquiera puede ir a la zona y corroborar que el terraplén denunciado por las comunidades, que corta transversalmente el escurrimiento de las aguas en el sector de los bañados del río Corriente (también conocido como cañada Mbigua), fue refaccionado y sigue allí. No hubo destrucción del terraplén como dictó la Corte Suprema Nacional, ni restauración ambiental ni nada parecido. El acuerdo entre los privados y la Provincia es desarrollar un polo turístico a costa de los intereses de los pobladores.
Mirian Sotelo, vocera de la Comunidad Guaraní Yahaveré afirma que “solo escucharán de proyectos cuando se avance claramente sobre la titularización de nuestras tierras, por eso nos quieren desgastar y afectar nuestra economía”.

La historia de este conflicto

La última intimación judicial para la destrucción del terraplén que divide los Esteros del Iberá, con el fin de apropiarse de esas tierras por particulares, se dictó el 2 de marzo de 2011. En esa oportunidad la Sala IV de Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Provincia de Corrientes, integrada por los Dres. Carlos A. Rodríguez y María E. Sierra de Desimoni emitió un fallo en relación a este caso que incluye el robo de tierras fiscales de parte de la empresa Hacienda San Eugenio.
Dicho fallo ratificó, de manera plena y absoluta, las decisiones adoptadas con anterioridad por el mismo tribunal, ordenando la inmediata demolición del terraplén.
Cabe recordar que desde el año 2005, quince jueces de todas las instancias de la Provincia de Corrientes y hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaron seis sentencias, en las que ordenaron la demolición de la obra.
Sin embargo, pese a los 8 años trascurridos desde el primer pronunciamiento judicial, tanto los responsables de la obra como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente de la Provincia de Corrientes (ICAA) se han negado a cumplir con el mandato de la Justicia.
El dato concreto de este accionar delictivo es que alrededor de 8 mil hectáreas que son propiedad del Estado Correntino fueron incorporadas a la mensura de Haciendas San Eugenio, más otro lote de 2 mil hectáreas, también tierras fiscales, han pasado a ser de hecho propiedad de los Macchiavello, dueños de la empresa. Los pobladores denunciaron este accionar ilegal e irracional y solicitaron a la justicia que Macchiavello destruya el terraplén para que se restaure el Iberá ya que la obra altera el escurrimiento de las aguas, por lo tanto, la mitad de estos humedales únicos en el mundo se secarán, “y es imprescindible que el Iberá vuelva a escurrir como escurrió desde que se formó hace 12 mil años y se mantenga este ecosistema vital para la biodiversidad de la zona” sostienen los denunciantes.

Qué es la reserva natural del Iberá

Los esteros y lagunas del Iberá y los ricos ecosistemas que los componen representan, sin lugar a dudas, una de las áreas biológicas más destacadas de la Argentina. Este enorme sistema de humedales, con una notable diversidad de especies vegetales y animales, constituye gran parte del patrimonio natural correntino. Con el objetivo primordial de preservar estos recursos naturales, el Gobierno de la Provincia de Corrientes, creó la Reserva Natural del Iberá, el 15 de abril de 1983, por ley 3771. Sus límites son: al norte, la ruta nacional Nº 12; al este limita con los afluentes de los ríos Aguapey y Miriñay; al oeste con los esteros, arroyos y afluentes del Paraná y principalmente el Batel-Batelito y al sur, la continuación de la divisoria del este, que separa el sistema de los afluentes de la margen derecha del Miriñay y al norte del Pay Ubre. Tiene una superficie aproximada de 13.000 Km2, que es el 14,6 % del territorio provincial. Antiguos cauces y lechos del Río Paraná, son en la actualidad la base de esta compleja red de humedales compuestas por bañados, esteros, lagunas, embalsados y cursos autóctonos de origen pluvial. Este gigantesco humedal correntino de agua dulce de 1.400.000 hectáreas es uno de los ecosistemas de agua dulce más importantes del planeta.
Sin embargo, en los últimos años, arroceras a gran escala y forestación con monocultivos de especies exóticas avanzaron sobre lomas y malezales en la periferia del sistema para apropiarse de esas tierras fiscales. Pero la ambición desmedida de los empresarios ideó la forma de quebrar el sistema para usufructuarlo sin límites: comenzaron a construir el terraplén, denunciado por los pobladores para secar una parte de los Esteros.

La construcción ilegal del terraplén para apropiarse de tierras

Esta historia comienza cuando la empresa Haciendas San Eugenio (ex Forestal Andina) comienza a construir un terraplén que llegó a los 24 km de largo y que dividió el Estero del Iberá, para apropiarse de tierras (la parte de los esteros que se secará al no escurrir las aguas).

Este terraplén, totalmente ilegal tiene una sentencia firme de demolición dictada hace ya cinco años por la Corte Suprema de la Nación y a pesar del fallo, la empresa siguió ocupando tierras fiscales y ahora está acusada por “robo de tierras en la Reserva Provincial Esteros del Iberá”.
Para fundamentar esta denuncia, los ambientalistas y pobladores agrupados en la organización “Salvemos al Iberá”, accedieron a través de la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia, a los planos de la mensura 1935-D, propiedad de San Eugenio, Sociedad Anónima (ex Forestal Andina). En la misma se observa que un sector fiscal de una franja de 1.107,06 hectáreas ubicada en la costa de la laguna Medina, tiene una leyenda que dice “Estado de la Provincia de Corrientes” y es la prueba que la empresa Forestal Andina robó tierras fiscales en el paraje Yahaveré, en el corazón del Iberá.

La denuncia de Bruno Leiva fue el inicio de todo

Bruno Leiva, poblador nacido en el Paraje Yahaveré se dio cuenta rápidamente de lo que estaba ocurriendo cuando la obra del terraplén apenas tenía un kilómetro y medio de extensión. Ante la denuncia, realizada hace 9 años, el Juzgado Nº12 resolvió la destrucción de la obra.
Sin embargo, la firma Estancias San Eugenio, apeló el fallo que luego fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia que dictó sentencia firme, declarando “inadmisible” dicho recurso y confirmó la resolución de la Cámara de Apelaciones que ordenó “demoler la obra nociva para el medio ambiente”.
La empresa no sólo desconoció el fallo sino que siguió con la construcción, que hoy tiene 24 kilómetros de extensión. A pesar de esta actitud de la empresa de no acatar la orden, el proceso judicial y el fallo del Tribunal Superior en materia ambiental son inéditos. Es un fallo ejemplar que ha agotado todas las instancias. En su momento, la empresa decidió llevar la causa al máximo órgano de justicia de la provincia con el argumento de la inaplicabilidad de la ley, argumentando que la destrucción del terraplén generaría más impacto ambiental que la manutención de la obra, entre otros fundamentos. Pero el fallo Nº 151 rechazó el “recurso de inaplicabilidad de ley” presentado por la firma ganadera y los magistrados dejan en claro que uno de los argumentos principales que sustentaron la sentencia alude a la “desobediencia de la demandada a la medida judicial de primera instancia que ya en 2006 ordenaba el cese del daño ambiental”. El poblador Bruno Leiva piensa presentar un proyecto para sugerir al juez de turno el modo en que se debería derribar la obra para que esta acción genere el menor daño posible para recomponer el ambiente al estado lo más natural que se pueda.

Otro terraplén y demandas judiciales al ICAA

Cuando los fallos no se respetan otros se animan a hacer lo mismo, en este caso apropiarse de tierras fiscales para hacer negocios. Actualmente existen acciones judiciales contra cuatro nuevos emprendimientos de empresas de grandes dimensiones, algunas con ubicación estratégica dentro de la Reserva del Iberá. Una de estas arroceras cuenta con medida cautelar (Causa Cirignoli Sebastián c/Ramón E. Aguerre), otra está a estudio para el otorgamiento de una cautelar similar a la causa anterior y una tercera, esta denunciada por la Intendencia de Carlos Pellegrini, de la localidad de Mercedes, dentro de la Reserva misma.
Los grupos ecologistas asimismo, han denunciado la construcción de un nuevo terraplén de similares o más graves características que el de Forestal Andina ubicado en una zona central del Iberá que amenaza gravemente la diversidad biológica existente allí.
Es inexplicable para los pobladores que esta situación continúe sin resolverse y no se ejecuten los fallos judiciales que exigen la demolición de estas obras que roban tierras fiscales y destruyen de manera irreversible el Iberá, un ecosistema único en el mundo.

Por Ricardo Guaglianone
Fuentes:
Pobladores del Paraje Yahaveré, Concordia
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
Agencia Biodiversidad,
Boletín del Iberá
Renace, Red Nacional de Acción Ecológica

El terraplén y la complicidad oficial

Cuando la obra tenía apenas unos kilómetros, el pasaje Yahaveré estaba casi por completo bajo el agua y el terraplén se convirtió en un dique.
La demolición de la construcción no se cumple y los pobladores del paraje no pueden utilizar estas tierras que les corresponde por derecho posesorio. La empresa no quiere destruir el terraplén, entonces el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) es quien debe hacer esa tarea.
Ambos se niegan a pesar de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que falló en el mismo sentido que los tribunales locales.

Ausencia reglamentaria

Los límites de la Reserva Natural del Iberá, 1,3 millones de hectáreas, creada por ley provincial nunca llegaron a delimitarse.
Tampoco hubo ningún tipo de zonificación para administrar el uso del territorio en manos de los propietarios de tierras. Una norma del año 1996 creó a su vez, el “Parque Provincial del Iberá”, pero su tamaño, forma y límites aún esperan concreción.
La ocupación ilegal de tierras tiene que ver con este tema inconcluso: si las tierras del parque provincial no están delimitadas, las empresas se apropian de grandes extensiones que luego no se incluyen como propiedad del estado correntino y pasan a engrosar el patrimonio de estas empresas en forma ilegal.
¿Desidia o complicidad?

El Iberá es único y hay que preservarlo

El ciervo de los pantanos posee allí la mayor población en el país; el venado de las pampas, el aguará guazú, el tordo amarillo o el pato crestudo se conservan junto a centenares de especies de plantas y peces.
Los vertebrados mayores suman unas 500 especies, son el 25% del total del país.
Dentro de los esteros se encuentra el “Sitio Ramsar.
La laguna de Iberá es el principal espejo de agua del sitio Ramsar que se protege bajo la categoría de “humedal de importancia internacional”.

Las especies amenazadas

Ocupando parte del antiguo cauce principal del río Paraná, que hoy fluye alejado y desconectado del Iberá, el complejo de humedales del Iberá capta las aguas de origen pluvial en su cuenca y las deriva al cauce actual del Paraná a través del río Corrientes.
La gran extensión de territorio anegado, una de las mayores del país, ha constituido una importante barrera para el avance de la expansión agrícola, de modo que el paisaje y la diversidad biológica ha permanecido poco alterada hasta las últimas décadas del siglo XX, preservando innumerables especies animales y vegetales.