Por Graciela Fernández
En el año 2009 se aprobó la Ley n° 3.343 de re-urbanización del Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31bis).
En cumplimiento de dicha ley se conformó la «Mesa de Gestión y Planeamiento Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis“. La Mesa trabajó durante un año y el 31 de mayo de 2011 aprobó el «Dictamen Urbanización Barrio 31 Carlos Mugica».
En este Dictamen, actualmente vigente y con fuerza normativa, se decidió destinar los predios conocidos como FlechaBus pertenecientes al Estado Nacional (de aproximadamente 1.6 ha de superficie) a la construcción de viviendas de alta densidad para las familias del barrio.
Sin embargo, mientras los vecinos están discutiendo y elaborando su nuevo proyecto de re-urbanización «participativamente», el PRO, a través del Decreto N° 928/2017, firmado el 10 de noviembre por el Presidente Macri, decidió autorizar la venta del predio de Flechabus, terrenos que pertenecen al Estado Nacional, ubicados sobre la Av. Libertador esquina Ramos Mejía (de 2,7 hectáreas de superficie), para fines privados y así los excluyó del proceso de re-urbanización.
De esta forma, el Gobierno del PRO, tanto el de la Ciudad como el Nacional, han decidido no destinar estos suelos para la construcción de viviendas para el Barrio Carlos Mugica, sino que serán subastados y vendidos para que empresarios amigos exploten esas tierras públicas.
La maniobra es bastante turbia, pues estos predios ya tienen comprador. Empleados de la Secretaría de Integración Social y Urbana del GCBA, que conduce Diego Fernández, habrían admitido que el terreno se puso a la venta para ser comprado por el Grupo América (Vila-Manzano).
El decreto abarca mas predios
Este decreto no sólo autorizó la venta de estos terrenos sino también los predios conocidos como «Containera» donde se están construyendo viviendas para las familias del barrio Cristo Obrero que deben relocalizarse por el cambio de la traza de la Autopista Illia.
La escasez de suelo en la ciudad para otorgar una solución habitacional a las familias, la ausencia de mecanismos que protejan a los vecinos frente a la presión del mercado inmobiliario, más la idea de seguir ampliando el negocio de viviendas exclusivas cercanos a Puerto Madero, llevan a pensar que el proceso de integración social y urbana del Barrio Carlos Mugica está más orientado a la expulsión del mismo con el correr de los años, que a su permanencia. Es decir, constituye más un proceso de gentrificación a largo plazo más que un proceso de integración social y urbana sustentable por décadas.
La gentrificación es el desalojo de sectores pobres de áreas de interés comercial, por su localización, por el valor del suelo y también la revalorización de la zona en función de los intereses del capital inmobiliario. Los funcionarios hablan de “renovación urbana”, de “puesta en valor”, de “jerarquización y reciclaje de edificios históricos”, para disfrazar en las palabras, la expulsión de los pobres en aras de negocios con tierras que dejan rentas extraordinarias.
La venta de este predio forma parte del Plan Sistemático de Venta de Tierras Públicas, iniciado por el PRO en la ciudad y ampliado a nivel nacional ahora con Macri, que constituye una violación grave de la Constitución porque no son autorizadas por el Congreso de la Nación, único con potestad para autorizar la venta de tierras del Estado Nacional.
La Traza de la Autopista Illia
El predio «Containera» donde se están construyendo viviendas para las familias del barrio Cristo Obrero, están localizadas en la zona de la Traza de la Autopista Illia y el gobierno de la ciudad, en el mismo objetivo de vender tierras públicas a empresarios privados y amigos, ha presionado a las familias para que acepten una re-localización que ahora será forzada legalmente.
La tan promocionada Autopista Illia tiene varios objetivos: continuar con el gran negocio de la obra pública por sus elevados montos y es un argumento, una excusa para desplazar gente pobre de terrenos o utilizar tierras lindantes, que en el mercado inmobiliario son muy valiosas. La obra de la Iliia fue aprobada por la Legislatura a través de la ley N° 5.733 y saldrá más de 2.000 millones de pesos (110 millones de dólares) que enriquecerá a los amigos del poder.
La trama de este negocio es compleja y bien pensada. El gobierno de la ciudad adquiere una fracción de los predios conocidos como Containera, el que corresponde al sector dónde se están construyendo las viviendas para el barrio Cristo Obrero (1,2 hectáreas).
Luego le otorga la propiedad del mismo a las familias relocalizadas, pero la venta de todo el predio tiene aproximadamente de 33 ha a 40 ha. Es decir, por un lado en la ciudad presionan a las familias para re-localizarse en otras zonas, pero en caso de no lograrlo, les darán la tenencia de las viviendas a los que decidieron quedarse, mientras el resto de las tierras públicas las compraran empresarios y desarrolladores urbanos, que luego, seguramente, trataran de comprar las viviendas de los adjudicatarios, para hacer una zona exclusiva como Puerto Madero.
El marketing detrás de los negocios
El argumento falaz siempre es el mismo: apelar a los pobres, a la necesidad de vender algo público juntar plata para algo noble, pero la venta de tierras públicas exceden largamente estos objetivos semánticos.
Lo concreto: la Legislatura aprobará el Proyecto de Ley N° 2534-J-17 para destinar a emprendimientos inmobiliarios un predio público del Estado Nacional ubicado sobre la Av. Libertador y Ramos Mejía ( 2,7 ha de superficie) y autorizar la construcción de edificios con una altura máxima de 45 m y una capacidad constructiva de 85.000 m2.
Estas tierras se venden a privados, justificados con el discurso de necesitar dinero para la Autopista Iliia, para poder urbanizar las villas o para hacer jardines maternales o para mejorar la atención médica o cualquier otra cosa a la que no se pueda oponer “el buen ciudadano”. Una vez conseguido su objetivo de vender, el PRO avanza con sus velados objetivos, que siempre son beneficiar a los amigos del poder.
En 2018, van a tener mayoría propia en la Legislatura.
Fuentes: Observatorio del derecho a la ciudad / Periódico VAS / Agencia Nueva Ciudad
[9] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=163
[10] Despacho Nº 0645/17: Comisión de Planeamiento Urbano. Despacho de Mayoría: Ley: Aprobación del Convenio con la AABE y modificación del CPU para diversas parcelas frentistas a la Av,. Gral Paz y otras con el objeto de financiar obras públicas para la construcción de los viaductos del Sistema de Red de Expresos Regionales -RER. Despacho de Minoría (2): Resolución: Archivo. (Exp. 2534-J-17, Jefe de Gobierno). Ley 2ª Lectura.
