En los últimos quince días hubo una noticia que pasó desapercibida en los grandes medios de comunicación. Se trata de la amenaza realizada por la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) y la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (FECAC) de que algunas estaciones de servicio -que no dependen directamente de las petroleras- dejarían de cobrar con tarjeta de crédito a partir del 1° de enero, de manera rotativa y escalonada, comenzando los fines de semana.
El reclamo de las estaciones de servicio es monolítico: los bancos les cobran una comisión del 1,25% y deben financiarlo por 28 días hasta que reciben el dinero. Por otro lado, para reabastecerse de combustible deben hacer el pago en 24 horas. A esto hay que sumarle la medida tomada por el Gobierno de liberar el precio del combustible, supeditándolo a las variables de los precios internacionales. Esto provoca que los importes cobrados con tarjeta por las estaciones de servicio queden desactualizados al momento de reintegrarles el dinero, generando una diferencia que las perjudica.
Otra de las conclusiones es que las operaciones con tarjetas de crédito en La Paternal oscilan entre el 50 y 60% de las ventas, lo que comporta un nivel altísimo de dependencia respecto de ese medio de pago y vuelve prácticamente inútil la medida que intentan aplicar las diferentes cámaras. Como sostiene Alberto, uno de los propietarios consultados, esa medida “sería un suicidio para las estaciones de servicio”.
Por último, resulta recurrente la afirmación de que éste es un conflicto entre dos sectores económicos, donde el Estado se encuentra ausente y no cumple su rol de mediador para garantizar que las consecuencias no afecten a terceros -en este caso los consumidores- y el reclamo común es que se involucre activamente como agente regulador.
