Buenos Aires es por lejos, la ciudad más rica del país y dispone de un abultado presupuesto que es manejado por pocas personas.
La Ciudad Autónoma tiene tres millones de habitantes y está financiada a través de un volumen de dinero que se equipara con las ciudades más importantes del mundo: $222.000.000.000.
Para tomar dimensión de la importancia de esta cifra y del manejo poco democrático de este dinero, podemos comparar con la situación de otros presupuestos en distritos y ciudades del país.
Veamos las comparaciones para ver la dimensión de este tema:
La Provincia de Buenos Aires cuenta con 16 millones de habitantes y se maneja con un presupuesto de 630 mil millones de pesos.
Cada distrito de esta gigantesca provincia tiene a su vez, su propio presupuesto. En el caso de La Matanza que tiene 2,2 millones de habitantes, financia todas sus áreas, con 7.100.000.000.
Otro caso que da una referencia comparativa importante es la Ciudad de Córdoba, que tiene un millón quinientos mil habitantes y su presupuesto total suma 23.700.000.000.
Si a su vez, comparamos la ciudad de Buenos Aires con estructuras nacionales vemos con mayor claridad este tema: el PAMI dispone de $116.467 millones para la atención de salud de 5 millones de jubilados y el mantenimiento de su estructura edilicia y burocrática.
El manejo poco democrático lo referimos también, a la definición política que tiene la constitución de la ciudad y que ningún bloque en la legislatura y menos el jefe de gobierno cumplen: el modelo de gestión esta definido como democracia participativa, no como democracia representativa, es decir, las autoridades electas deberían darle, por mandato constitucional, una gran participación a los ciudadanos en la definición de las políticas públicas y en el manejo del presupuesto de la ciudad.
El paso institucional más destacado para cumplir con este objetivo, destacado en la Carta Magna, es la descentralización del poder a través de las comunas en la ciudad. Esta instancia constitucional tiene una importancia jurídica igual a la Legislatura o al Ejecutivo de la ciudad y esta ordenada su implementación en el capítulo segundo, que crea los “gobiernos comunales autónomos” donde la democracia participativa tendrìa su real proyección.
Ningún bloque legislativo de los distintos partidos en la Legislatura y menos el gobierno central le dan importancia a este tema, a tal punto que las comunas no disponen de presupuesto asignado por ley y nunca figura como prioridad en ninguna campaña política cuando hay elecciones.
La importancia de analizar en qué se gasta el dinero en la ciudad, quien define los objetivos y quienes controlan las prioridades es fundamental, porque es profundamente inconstitucional que se excluya a los vecinos en estas instancias.
¿Puede un puñado de hombres con el jefe de gobierno a la cabeza, disponer de tamaña fortuna sin respetar los mecanismos constitucionales de democracia participativa?
¿Por qué razón no se asigna presupuesto por ley a las comunas de la ciudad?
¿Por qué los legisladores porteños de todos los partidos se manejan como si fuera una democracia representativa cuando no lo es?
A nuestro entender, dos instancias son claves en las próximas elecciones de 2019: no permitir que ninguna fuerza política tenga mayoría en la Legislatura y separar la elección de jefe comunal de la de jefe de gobierno, como marca la Ley de Comunas.
En la primer opción, no se permitirá que un partido defina solo el destino de la ciudad.
En la segunda opción, los vecinos pueden elegir candidatos comunales que se comprometan con el destino de cada barrio en cada comuna, expresado en sus propuestas electorales.
En la anterior elección todos los bloques firmaron una resolución para violar este mandato constitucional que figura en la ley de comunas y permitió unificar las elecciones de jefe de gobierno y jefes comunales.
En cuanto a la mayoría de legisladores que tiene ahora el PRO en la ciudad, constituye una desgracia para todos los porteños, porque se va a profundizar un modelo que excluye la participación de los vecinos en la definición de políticas públicas y el control del presupuesto de la ciudad.
