19 de febrero de 2025
Una nueva denuncia penal sacudió al Gobierno y volvió a poner bajo la lupa el discurso oficial de transparencia. Este lunes ingresó en la Cámara Criminal y Correccional Federal una presentación contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios nacionales por la presunta omisión de publicación de documentación clave en el sitio de la Oficina Anticorrupción, tal como exige el Decreto 202/2017.
El eje del caso es la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por parte de la Cancillería argentina. La denuncia fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, una agrupación política que se define como «comprometida con la lucha anticorrupción». Según consta en la presentación, el escrito fue remitido el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo oficial destinado a los sorteos de la Cámara, acompañado por un documento titulado «DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS».
El núcleo de la denuncia apunta a la actuación de María Josefina Rouillet, esposa del ministro y directiva de la AACI, institución que resultó beneficiada con una adjudicación por $114.044.133, con opción de prórroga, para brindar capacitación en idioma inglés al personal diplomático.
La contratación fue dispuesta mediante la Disposición 21/2026, firmada el 19 de enero de este año, bajo la figura de «Adjudicación Simple por Especialidad». El objetivo formal fue garantizar la continuidad del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027.
En el propio expediente administrativo se reconoce que, a partir de la Declaración Jurada de Intereses, existía un «vínculo positivo» entre Rouillet y Sturzenegger. Por ese motivo se activaron los mecanismos previstos en el Decreto 202/2017: notificación a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación, recomendación de firmar un Pacto de Integridad y publicación de todas las actuaciones en el sitio oficial.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que al revisar el buscador público de «Casos informados a la OA» constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraba ningún registro vinculado a este expediente.
Para la denuncia, esa omisión vulnera un requisito «clave» en materia de transparencia. En el apartado «Derecho», la presentación encuadra los hechos en eventuales figuras penales como incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265).
La adjudicación a la AACI se realizó con un solo oferente, un solo precio y sin competencia visible. En los papeles, el argumento fue la «especialidad» del proveedor.
Durante 2025, según consta en la documentación interna, participaron apenas 10 agentes. Para 2026, el esquema prevé 132 cupos. Si se completaran, el costo rondaría los $864.000 por alumno; si no, el valor unitario real sería aún mayor.
La propuesta también se apoyó en el estatus de «Centro Platino Cambridge», aunque los listados oficiales de Cambridge English en Argentina muestran que existen otros centros con categoría Platinum en el país, lo que relativiza la idea de un prestador único.
