Por la ing. María Eva Koutsovitis y el Abog. Jonatan Baldiviezo
23 de junio de 2025
Por decreto, el Poder Ejecutivo Nacional modifico el Marco Regulatorio de la empresa prestadora de agua y cloaca AySA y avanza con su privatización.
El Decreto 493/2025, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional modifica el Régimen de Propiedad de AySA, ya que sustituye el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que la participación del Estado en AySA era intransferible, habilitando su venta total o parcial, y además, modifica el Marco Regulatorio.
EL ACCESO AL AGUA DEJA DE SER UN DERECHO HUMANO Y PASA A SER UNA MERCANCÍA PARA QUIENES PUEDAN PAGARLA.
Historia del agua y el saneamiento en el país
Las epidemias de cólera y fiebre amarilla, que tuvieron lugar alrededor de 1870, fue un enorme desafío para el sanitarismo argentino y allí surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires.
En 1880, las obras construidas (redes distribuidoras de agua potable, cloacas máximas y grandes conductos pluviales) le daban cobertura a la cuarta parte de la ciudad y entre 1880 y 1980, (durante un siglo) la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación tuvo a su cargo los servicios de agua y saneamiento en todo el país. Entre 1947 y 1951, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el programa de obras de infraestructura ubicó a la Argentina como líder en la región en materia sanitaria.
La dictadura cívico-militar de 1976 desfinancio y desguazo ese sistema sanitario, proceso que termino en la década del 90 con la privatización del sector por Menem.
El servicio se mantuvo privatizado hasta que en el año 2006 y fue un verdadero desastre, por lo que se le otorgó la concesión a la empresa AySA SA. Su capital pertenece en un 90% al Estado nacional y en un 10% a sus empleados.
La prestación alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Dentro del área de concesión viven más de 15 millones de habitantes. La empresa brinda el servicio de agua potable a más de 11 millones de personas y el de cloacas a 9 millones y medio.
Como es la privatización actual
El primer paso hacia la privatización fue dado con la aprobación de la Ley N.º 27.742, ley Bases, que en su art. 7 declaró que AYSA S. A. se encuentra sujeta a privatización.
El segundo paso consistió en eliminar los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado Nacional, para que la empresa sea rentable para los futuros compradores.
Esto llevó a que, en algunos casos, el aumento de la tarifa al usuario llegara a un 1500% durante el 2024, además de la restricción del servicio por falta de pago. Recordamos que el acceso al agua potable es considerado un derecho humano, no una mercancia.
El proceso de privatización de AySA tiene argumentos completamente mentirosos, como por ejemplo la carga financiera negativa que AySA representa para el Tesoro Nacional, cuando AySA registró ganancias muy importantes en los últimos años.
Además, es una obviedad que las obras de infraestructura requieren necesariamente de la erogación de fondos públicos. La mirada de la rentabilidad a través del cobro de tarifas está completamente superada. En la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero fue de 2.5 dólares, mientras que para saneamiento es de 8.2 dólares
(Fuente: “Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage”, Hulton y Organización Mundial de la Salud (OMS), 2012).
La Argentina supo ser pionera en la región en materia de cobertura de agua potable y saneamiento cloacal. Cuando los servicios se privatizaron, no hubo inversión y el pais desde entonces no recupero los niveles de cobertura históricos. Los daños de las privatizaciones cuestan muchos años revertirlos
¿En qué consiste la privatización de AySA?
Es la transferencia del 90% de las acciones que le pertenecen al Estado Nacional a capitales privados. El nuevo marco regulatorio del servicio de agua y cloaca de cara a su privatización, respecto al marco regulatorio anterior, tienen importantes modificaciones que colisionan con el acceso al agua como derecho humano:
habilita la suspensión del servicio a usuarios residenciales por falta de pago, elimina la obligación para la futura empresa privada de expandir el área de servicio para darle cobertura a aquellas zonas que no cuentan con agua y saneamiento, como por ejemplo los barrios populares y habilita a actualizar las tarifas todos los meses pasando de 2 años a 5 la prescripción de las deudas.
¿Cuál es el contexto de la privatización de AySA?
1) La disolución del ENOHSA y el desguace del Instituto Nacional del Agua.
El ENOHSA es el organismo nacional que tenía a su cargo las políticas de agua y saneamiento de nuestro país, donde trabajaban prestigiosos sanitaristas. Se ocupaba de planificar, ejecutar y administrar obras en todo el país y financiaba obras de infraestructura, realizaba tareas de investigación y desarrollo tecnológico.
El Instituto Nacional del Agua se ocupaba de temas vinculados a la calidad de agua, modelación hidráulica y diseño de importantes obras hidráulicas y el manejo de sistemas de alertas, como por ejemplo el Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata y el Sistema de Gestión de Amenazas Hidrológicas.
Cuenta con destacados laboratorios de hidráulica, hidrología y de calidad de aguas de los más avanzados del mundo.
Cuando no se accede al agua potable, la mortalidad infantil se multiplica, la esperanza de vida se reduce drásticamente y las mujeres tienen que destinar el doble de tiempo a las tareas no remuneradas de cuidado.
El debate que deberíamos estar dando es el de la gratuidad y la universalidad del servicio, no la rentabilidad del mismo.
La privatización del servicio de agua y saneamiento en la década del 90 fue un gran retroceso en términos de cobertura de agua y saneamiento cloacal; en paralelo, las tarifas se volvían inasequibles para los usuarios y los servicios brindados eran de baja calidad. La lógica del negocio, generó enormes pasivos ambientales cuyas consecuencias seguimos padeciendo hasta el presente.
Modificaciones introducidas por el decreto:
• Privatización de AySA: La Ley N° 27.742 ya había declarado a AySA «sujeta a privatización». Este decreto es una condición esencial para posibilitar el ingreso de capital privado a la sociedad, dado que el régimen anterior fue diseñado para una sociedad estatal, dificultando su adecuación a nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión.
• Modificación del Régimen de Propiedad de AySA: Se sustituye el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que la participación del Estado Nacional en AySA era intransferible. El NOVENTA POR CIENTO (90 %) del capital de AySA pertenece al ESTADO NACIONAL y el restante DIEZ POR CIENTO (10 %) a los empleados de la sociedad adheridos al PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA.
Milei habilita que el ESTADO NACIONAL pueda enajenar (vender) total o parcialmente su participación accionaria, de acuerdo con las Leyes Nros. 23.696 y 27.742.
Planificación y Obras
• Los «Planes de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de AYSA eran elaborados por la Concesionaria y aprobados por la Autoridad de Aplicación con intervención. Se revisaban cada 5 años.
• La privatización incorpora el «Plan Director de Mejora Estratégica. Es un documento de carácter técnico elaborado por la Agencia de Planificación estatal que no es vinculante y que define las estrategias para la expansión y ampliación del Servicio Público, con sujeción a la financiación disponible de la empresa privada. Debe ser revisado cada 5 años.
Régimen Económico y Tarifario
• Ley 26.221:
Las tarifas debían ser razonables con criterios de equidad distributiva, con subsidios establecidos por el Estado.
Existía un Fondo Fiduciario para inversiones en el servicio público, financiado por cargos a usuarios, créditos y aportes específicos. Los artículos relacionados con este fondo fueron derogados.
• DNU 493/2025:
o Las tarifas deben permitir a la Concesionaria cubrir todos los costos operativos, impuestos, inversiones y obtener una rentabilidad similar a la de actividades de riesgo comparable.
o El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dictará las normas complementarias y de aplicación del régimen tarifario.
o Se prevén Revisiones Tarifarias ordinarias (cada 5 años como máximo, con ajuste automático por inflación cada 3 meses como máximo) y extraordinarias.
o Se eliminan explícitamente las disposiciones del Fondo Fiduciario.
Corte del Servicio por Mora
• Ley 26.221:
o Restricción y no corte del servicio: Para usuarios residenciales por dos (2) períodos consecutivos de falta de pago (con 15 días de anticipación).
o Corte del servicio: Para usuarios no residenciales por falta de pago de dos (2) períodos de facturación (con 10 días de anticipación).
o Hospitales, sanatorios y cárceles públicos o privados no pueden ser cortados.
• Privatization:
o Se faculta el corte del servicio por atraso en el pago de facturas, tanto para residenciales como no residenciales.
o La mora mínima para el corte es de 60 días para usuarios residenciales y 15 días para no residenciales (contados desde el segundo vencimiento).
o La intimación de pago puede ser electrónica y debe cursarse con al menos 7 días hábiles de anticipación al segundo vencimiento.
o La Concesionaria debe informar sobre la tarifa social al cursar la intimación.
o Hospitales, sanatorios y cárceles públicos o privados no pueden ser cortados.
• La baja del Contrato de Concesión puede darse por incumplimientos graves. .
Por la experiencia anterior de privatización la preocupación de muchos actores sociales es por los posibles impactos negativos en la calidad del servicio, la estabilidad laboral, el acceso al agua potable y el saneamiento, y el aumento de tarifas.
Antecedentes Históricos: La Trayectoria de AySA y sus Predecesoras
De Obras Sanitarias de la Nación a Aguas Argentinas (privatización de los 90s)
La historia de AySA se entrelaza profundamente con la tradición de servicios públicos en Argentina, con sus raíces en Obras Sanitarias de la Nación (OSN), una entidad de propiedad estatal establecida en 1912.
Durante la presidencia de Carlos Menem en 1993, OSN fue privatizada.
La entidad resultante, Aguas Argentinas, pasó a ser controlada por la compañía francesa Suez, en asociación con otros socios minoritarios. Esta privatización se llevó a cabo bajo el marco de la Ley 23.696, conocida como la «Ley de Reforma del Estado».
La privatización de los años 90 es un punto de referencia crucial en el debate actual. Para los críticos, este período funciona como una advertencia, un «déjà vu del menemismo», donde las promesas de eficiencia y modernización se tradujeron en servicios costosos, deficientes y desiguales, con inversiones insuficientes y un notable descuido ambiental. Durante esa gestión privada, el 90% de las aguas residuales se vertían al río casi sin tratamiento.
La Reestatización de AySA en 2006
Bajo la presidencia de Néstor Kirchner, rescindió el contrato con Aguas Argentinas, lo que condujo a la reestatización del servicio y a la creación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Esta decisión fue formalizada mediante el Decreto 304/2006 y ratificada por la Ley N° 26.100.13
La reestatización fue una respuesta directa a las fallas de la concesión privada. El Estado adoptó una nueva perspectiva que veía el agua como un derecho humano, en lugar de solo un producto enfocado en las ganancias. Tras la reestatización, AySA emprendió un «enorme plan de obras», como la construcción de la planta potabilizadora de Berazategui. Este período se caracterizó por una considerable inversión pública, estimada en 25.000 millones de pesos en siete años.
Organizaciones como la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores han advertido sobre los riesgos de la privatización de AySA. Han expresado preocupación por el impacto que la medida pueda tener en la «calidad del servicio, el empleo y la equidad en el acceso al agua potable y el saneamiento».
Se ha señalado que la decisión del Ejecutivo podría poner en «riesgo de vida» a la población y que la privatización podría convertirse en un «negocio para extranjeros en perjuicio de los consumidores».
AySA cuenta actualmente con una plantilla de 6.202 empleados. Aunque el plan gubernamental incluye la permanencia de los empleados como accionistas con el 10% del capital social se aclara en la concesión que el futuro operador privado tendrá autonomía para definir sobre la continuidad del personal. Habrá seguramente miles de despidos.
