26 de noviembre de 2025
La reciente decisión del presidente Javier Milei de avanzar en una modificación de la Ley de Glaciares alertó a especialistas y organizaciones socioambientales del país. La Lic. en Ciencias Ambientales y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales, Laura Isla Raffaele, egresada y docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, advirtió que la iniciativa del Ejecutivo pone en riesgo uno de los marcos legales de protección hídrica más importantes del país, en pleno Año Internacional de la Conservación de los Glaciares (declarado por Naciones Unidas).
La Ley 26.639, sancionada en 2010 establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Popularmente conocida como la Ley de Glaciares, resguarda no sólo los glaciares descubiertos (los cuerpos de hielo blanco visibles a simple vista) sino también los manchones de nieve, los glaciares cubiertos y los glaciares de escombros o de roca, formaciones típicas del ambiente periglacial que contienen importantes volúmenes de hielo en su interior.
Según Isla Raffaele, todas estas geoformas son componentes fundamentales de los sistemas hidrológicos de montaña y funcionan como reservas estratégicas de agua dulce: almacenan agua en forma de hielo y la liberan durante los períodos secos, aportando caudal a ríos y cuencas de los que dependen tanto poblaciones enteras como actividades productivas, agrícolas, turísticas y culturales. La especialista subrayó que, sin estos aportes, muchas regiones áridas del país simplemente no podrían sostener su vida y su economía.
Desde su origen, la Ley enfrentó una fuerte resistencia por parte del sector minero y de gobernadores que buscaban expandir la actividad minera. La investigadora explicó que el punto central de conflicto ha sido históricamente el ambiente periglacial, donde la existencia de glaciares de escombros se superpone con proyectos extractivos de oro, plata, cobre, entre otros minerales. La normativa prohíbe la minería y la actividad industrial en zonas donde haya cuerpos de hielo porque las obras de infraestructura, el movimiento de suelos y la generación de polvo pueden destruir o acelerar el derretimiento de estas reservas. Por esa razón, numerosos proyectos mineros no han podido ser aprobados.
En este contexto, Milei propuso que sean las provincias las que definan qué es y qué no es ambiente periglacial. Según la investigadora, esta modificación sería extremadamente riesgosa porque desplazaría la competencia técnica y científica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) hacia gobiernos que tienen intereses económicos directos en la industria minera y que, además, no cuentan con equipos especializados en glaciología.
El Inventario Nacional de Glaciares (realizado por el IANIGLA, instituto de referencia del CONICET y con la mayor concentración de glaciólogos del país) ya identificó, mapeó y clasificó todos los cuerpos de hielo protegidos por la ley. Desconocer ese trabajo científico para flexibilizar la aprobación de proyectos extractivos implicaría vaciar de contenido la protección ambiental.
La investigadora también remarcó la paradoja del contexto internacional: “mientras el mundo atraviesa el Año Internacional de los Glaciares, Argentina evalúa debilitar su principal herramienta de protección”, expresó. A su vez, muchos de los proyectos mineros impulsados en nombre de la transición energética global requieren minerales como el cobre o las tierras raras. “Es contradictorio hablar de acciones frente al cambio climático cuando, para obtener los minerales necesarios para esa transición, se propone flexibilizar una ley que protege justamente las reservas de agua más vulnerables al calentamiento global”, señaló.
Según la especialista, modificar la Ley de Glaciares para favorecer actividades extractivas implicaría comprometer la seguridad hídrica del país. “El agua es un recurso vital y estas reservas tardaron miles de años en formarse. Si los glaciares se destruyen, no hay forma de recuperarlos”, advirtió. Y concluyó que la Ley no solo debe mantenerse vigente, sino fortalecerse para garantizar que el acceso al agua y la preservación de los ecosistemas prevalezcan por sobre intereses económicos.
Contenido e Historia de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) es una ley argentina de presupuestos mínimos que protege los glaciares y el ambiente periglaciar, prohibiendo actividades como la minería en estas áreas sensibles. Su objetivo principal es preservar los glaciares como reservas de agua dulce, proteger la biodiversidad, y salvaguardar su valor como fuente de información científica y atractivos turísticos. La ley establece la creación de un Inventario Nacional de Glaciares y define que estos son bienes de carácter público, aunque su aplicación ha generado debates y controversias recientes sobre su interpretación y posibles modificaciones, señala econojournal.com.ar.
Objetivos principales
Protección del recurso hídrico: Preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce para el consumo humano y la agricultura.
Conservación ambiental: Proteger la biodiversidad y los ecosistemas sensibles que dependen de los glaciares y el ambiente periglaciar.
Información científica: Mantener los glaciares como fuentes de información para la investigación científica.
Valorización turística: Proteger su valor como atractivo turístico natural.
Disposiciones clave
Bienes públicos: Declara a los glaciares y al ambiente periglaciar como bienes de carácter público.
Inventario Nacional de Glaciares: Establece la obligación de crear un inventario nacional para identificar, caracterizar y monitorear los glaciares. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo científico responsable de esta tarea.
Actividades prohibidas: Prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en las zonas glaciares y periglaciares, así como otras actividades de alto impacto ambiental.
Regulación de actividades: Las actividades científicas o no invasivas pueden ser permitidas tras una evaluación de impacto ambiental, siempre que no afecten el ambiente periglaciar.
Debates y controversias recientes
Interpretación de las zonas periglaciares: La falta de criterios científicos detallados en la ley ha generado debate sobre la identificación precisa de las áreas protegidas, especialmente las zonas periglaciares.
Modificaciones propuestas: En 2024 y en 2025, hubo intentos de modificar la ley, lo que generó alerta en organizaciones ambientalistas que argumentan que dichas modificaciones podrían debilitar la protección de los recursos hídricos y abrir la puerta a la actividad extractiva en estas zonas, destaca Greenpeace. Ahora vuelve el gobuerno a la carga.
La ley fue vetada en 2008 por un gobierno anterior, pero fue aprobada por el Congreso en 2010 con modificaciones, lo que demuestra las tensiones políticas existentes en torno a su aplicación, según Wikipedia.
