Comunicado de RUMBOS Accesibilidad y TRASLADEDIS (Asociación Traslasierra por los Derechos de la Discapacidad) reclamando por los derechos de los discapacitados y jubiladas

4 de junio de 2025

Las personas con discapacidad y las jubiladas viven en la pobreza crónica

Desde RUMBOS Accesibilidad y TRASLADEDIS (Asociación Traslasierra por los Derechos de la Discapacidad) nos movilizamos para brindar nuestro respaldo al justo reclamo de las y los trabajadores que brindan servicios a las personas con discapacidad, ya que la desactualización del nomenclador le impone a sus trabajadores ingresos que están muy lejos de la canasta familiar.

A la vez, señalamos que la Ley de Emergencia en Discapacidad que se votará en el recinto es mezquina e inconstitucional:

tanto con relación a los ingresos que propone para las personas que reciben pensiones no contributivas (un 70% del haber mínimo jubilatorio), como en relación a poner un tope de 2 salarios mínimos, vitales y móviles a la compatibilidad entre tener un empleo y cobrar una pensión.

En ambos casos se legalizaría y condenaría a las personas con discapacidad a sobrevivir en la indigencia, tal como sucede con los jubilados en su conjunto.

En su lugar, proponemos que el estado garantice un ingreso no inferior a la canasta familiar en todo hogar donde viva una persona con discapacidad o jubilada, mediante pensiones, jubilaciones y/o empleo.

También planteamos que, más allá del justo reclamo de actualizar el Nomenclador de Prestaciones y agilizar los pagos, el sistema de prestaciones médico – asistenciales basado en la tercerización, precarización y sobreexplotación de las y los trabajadores que las brindan, debe ser reemplazado por un Sistema Universal de Salud Integral para el conjunto de la población.

Este sistema debe albergar a trabajadores que actualmente brindan prestaciones médico – asistenciales de manera tercerizada, asignando para ello, desde el Estado, los recursos necesarios y remuneraciones para cubrir al menos la canasta familiar.

Acompañamos el reclamo por la urgencia que no admite prórrogas e instamos a los diputados que impulsan esta ley a promover las reformas que proponemos, para adecuar el texto a la Constitución y los instrumentos de Derechos Humanos.

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