El Bloque Peronista de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que preside la legisladora, María Rosa Muiños, se opuso este jueves durante la Sesión ordinaria a la iniciativa del Poder Ejecutivo que modifica el Código Procesal Penal de la Ciudad. La iniciativa fue aprobada solamente con los votos de bloque oficialista Vamos Juntos y rechazada por toda la oposición.
«La aprobación de esta iniciativa representa un claro retroceso respecto de las garantías vigentes en el Código actual y constituye graves restricciones a la libertad de las personas. Nos preocupa que el oficialismo lo lleve a cabo sin el acompañamiento de la oposición y sin escuchar, no sólo las dudas y objeciones de los legisladores, sino las de todos los especialistas que conforman el sistema judicial de la Ciudad, quienes han venido a esta Casa a oponerse al proyecto del Ejecutivo», consideró Muiños, al tomar la palabra en el recinto.
En primer lugar, la legisladora citó a la presidenta de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Silvia Manes, quién rechazó «la forma en que se incorporan las medidas especiales de investigación, ya que introduce nuevas figuras como agentes encubierto, revelador e informantes que actuarían infiltrándose en la investigación sin el conocimiento del investigado y, por ende, sin ejercicio de su legítimo derecho de defensa».
Asimismo, Muiños hizo propias las palabras del Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, quien advirtió que “la reforma limita injustificadamente el derecho a la defensa, porque actualmente todo imputado tiene derecho a ser asistido desde el primer instante en que es detenido. El nuevo Código permitirá a las fuerzas de seguridad diferir de forma arbitraria este derecho”.
Y agregó «En todo caso, se deberían volver a evaluar antecedentes como el proyecto de mi autoría, que propone la creación del cargo de Defensor de la Víctima dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa».
«Las intervenciones telefónicas serán ilimitadas, al quedar abierta la posibilidad de renovarlas y la duración de la vigilancia estará sujeta a la libre interpretación de los jueces», agregó la legisladora peronista.
«A partir de ahora se duplicará el plazo de detención por peligro de fuga, porque el Fiscal pasará a tener 24 horas para intimar al hecho y luego, otras 24 horas para resolver sobre la libertad. La situación se agrava porque también se extenderá de 24 a 48 horas el tiempo que tiene el Tribunal para resolver sobre la prisión o libertad del detenido», consideró Muiños.
En la misma línea, el legislador Santiago Roberto remarcó que “ningún diputado opositor acompañó el proyecto del Ejecutivo que, tal como fue aprobado, da vía libre para espiar a los vecinos” y afirmó que “es grave que no se hayan generado los consensos necesarios para modificar un Código que anteriormente había sido aprobado por unanimidad”.
Agregó que “estamos de acuerdo en que el Código necesita mejoras, pero las reformas propuestas presentan una desproporción entre lo que se pretende investigar y las medidas que habilita; y arrasa con los derechos a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos».
Por último destacó que “con este nuevo Código Procesal Penal, la Ciudad se está alejando del Estado de Derecho y acercando a un Estado Policial”.