Por Nicole Martin y Micaela Petrarca
El mundo de los talleres clandestinos se instalan sin pausa y sin obstáculos en los barrios de Capital Federal porque el Gobierno de la Ciudad y la policía sacan provecho de la situación.
El legislador porteño Gustavo Vera, junto a la Fundación La Alameda, llevan denunciados a 1500 talleres clandestinos.
Específicamente en la zona de Flores, donde ocurrió el incendio del taller de Páez 2796 que dejó sin vida a dos hermanos de siete y nueve años, detectó 348 talleres clandestinos donde viven aproximadamente 2200 chicos.
Ante la falta de interés para iniciar medidas, presentó un proyecto de ley con la intención de frenar el circuito de ilegalidad y devolverles dignidad y condiciones sanas de vida a aquellas personas que están sometidas a jornadas de trabajo esclavo y condiciones de vida deshumanizantes.
-¿Qué propone el proyecto de Ley para terminar con los talleres clandestinos y el trabajo esclavo?
Tiene cuatro medidas que están integradas. En primer lugar, la habilitación obligatoria de todas las marcas. Es decir, deben auditarse junto con los intermediarios y los proveedores, y certificar que son libres de trabajo esclavo. Las que no quieran auditarse tendrán un nivel de penalización, siempre dependiendo del nivel de infracción o irregularidad. En principio, van a figurar en una página de infracción del Gobierno de la Ciudad. Si sus mercaderías son de dudosa procedencia estarán inhabilitadas para comercializar en Capital Federal.
En segundo lugar pedimos al Estado, que no contrate proveedores que no estén previamente certificados. Es decir, fabricantes que respeten las reglas de los convenios colectivos de trabajo. Hemos encontrado talleres que fabricaban ropa para gendarmería, la policía, prefectura, guardapolvos y sabanas para hospitales. Y todos provenían de trabajo esclavo.
En tercer lugar, abrir al menos cuatro o cinco polos textiles estatales para que trabajen varias cooperativas. Al ser del Estado, se pueden administrar de forma que no se conviertan en mega talleres clandestinos. No se puede ignorar que va a participar gente que sale del trabajo esclavo en una situación de extrema vulnerabilidad y lo más probable es que se imponga la ley del más fuerte.
En Barracas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, controla el horario de ocho horas, la repartición de ganancias en partes iguales, las asambleas democráticas y el registro de los trabajadores. También colaboró en el capital inicial y la comercialización. En el caso de otro polo, proponemos que sea un organismo de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo Económico, junto con la fiscalización de otras organizaciones de la sociedad civil, quienes tengan que controlar su funcionamiento y el apoyo a la cultura cooperativa.
Una vez que ya están funcionando estas tres medidas, empezamos a estudiar zonas como Avellaneda para recuperar el concepto de zona residencial. A partir de ese momento, si se tiene un taller en un domicilio particular, se clausura y se lo invita a trabajar amablemente en un polo.
-Además del INTI y el Gobierno de la Ciudad, ¿Qué otro organismo estaría comprometido con que se cumplan estas medidas?
En el momento que salga la ley, creo que va ser sencillo juntar grupos. Probablemente la pastoral migratoria, y algunas facultades como la de economía o de derecho. También la escuela de diseño, dado que actualmente muchos diseñadores forman parte de la campaña “ropa limpia” para terminar con el trabajo esclavo.
-¿En qué etapa está el proyecto de ley?
Está discutiéndose en la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, pero aún falta empezar a tratarlo en recinto. Con respecto a los polos textiles se están haciendo consultas y averiguaciones con el Gobierno de la Ciudad para ver qué lugares específicos podrían servir.
-Habiendo 29 diputados del bloque PRO en la Legislatura, ¿Cuál es tu proyección de lo que puede pasar?
Creo que el PRO está obligado hacer algo. Ya tuvo cuatro incendios en dos meses y la situación es bastante catastrófica. Hay conexión entre el crecimiento de negocios en Avellaneda y el de los narcos en el Bajo Flores, así que no se trata solo de un problema laboral, sino también de seguridad.
-¿Cuándo empezó a asentarse el trabajo esclavo en Avellaneda?
Tuvo varias etapas. En la época de la convertibilidad, cuando se devalúa el peso en el 2002, la industria textil estaba devastada porque era mucho más económico importar ropa que fabricarla. Una vez que la economía tocó fondo, lo primero que se reactivó fue la industria alimentaria y textil. Ya que ésta última no funcionaba hace tiempo, no había costureros, cortadores ni gente especializada en el rubro. Había mucha gente desocupada pero reclamaban salarios y trabajo digno, entonces, las patronales prefirieron traer mano de obra migrante más barata y obligarla a trabajar ignorando cualquier ley de protección al trabajo. Ahí nacen los talleres clandestinos.
Se convirtió en algo sistémico, donde cada vez más mafias se hicieron cómplices para conformar una matriz de coimas. El crecimiento exponencial de los talleres clandestinos fue entre fines del 2002 y el 2006, cuando ocurrió la primera crisis. El 30 de marzo un taller clandestino ubicado en Páez 2796 se incendió y murieron cinco menores de edad y una joven embarazada que vivían y trabajaban ahí. Ocurrió en un contexto particular: el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, había sido destituido de su puesto por la tragedia de Cromañón.
Frente a la sensibilidad de la gente con relación a los organismos de control, comenzaron a discutirse políticas públicas como la Ley de asistencia a víctimas de trata e incluso se inauguró el primer polo textil en Barracas para cooperativas de trabajadores que habían salido de la esclavitud. En aquel período dejaron de funcionar 2000 talleres clandestinos en Capital Federal y aumentó al 20% el trabajo registrado.
Todas estas medidas se interrumpen con la sucesión de Mauricio Macri. El Gobierno deja de denunciar marcas e inspeccionar y vuelve a florecer la esclavitud. Ahí es cuando entramos nosotros con la Alameda a hacer investigaciones y denuncias de talleres, mayoritariamente ubicados en Flores.
-¿Cómo se trabajan este tipo de denuncias?
Cuando recibimos una denuncia sobre una posible situación de trata la llevamos a la antigua fiscalía anti-trata que preside el Dr. Marcelo Colombo. Y antes de elevarla a un juzgado, se notifica a la Dirección de protección al trabajo, la Agencia Gubernamental de Control y a la Subsecretaría de Control de Trabajo. Allí se verifica si efectivamente se está ante una situación de trata.
El procedimiento empieza con un inspector que toca el timbre del taller y, si éste no atiende, se tramita una orden de allanamiento. Una vez hecho, si se detecta una situación de reducción de servidumbre, explotación de menores, trata con fines de explotación laboral, etc. va al juzgado. Algunas veces no se puede allanar pero por los testimonios de los vecinos se acredita la denuncia y se eleva el caso al juzgado.
-¿Cómo actúa la policía frente a esta situación?
Ellos tienen un mapa del delito, pero no para combatirlo, sino para pasar la gorra. Cada una de las comisarías incorpora a los talleres clandestinos a la recaudación de los bunker de laboratorios de droga y la extorción a vendedores ambulantes, que forman parte de la caja negra de acumulación mafiosa. Incluso en ocasiones hay relación entre los viejos inspectores y las comisarías y se reparten dividendos.
-¿Cuáles son los beneficios que ustedes tienen a partir de este tipo de lucha?
En principio, muchos rescatados se ofrecen voluntariamente para hacer cámaras ocultas y detectar a importantes marcas que explotan a sus costureros en talleres clandestinos. Lograr rescatar vidas humanas del infierno de la esclavitud, que recuperen un mínimo de dignidad, paga con creces todas las denuncias y los obstáculos que hemos tenido en esta lucha.
