Por Jonatán Baldivieso, maría Eva Koutsovitis y Alejandro Volkind
Jorge Macri continúa acomodándose en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y analizando qué negocios de las gestiones anteriores mantiene, interrumpe o renegocia.
No son pocos los negocios, desde lo público, que fueron iniciados en las gestiones previas del PRO y que continúan a toda marcha. Recordemos que se privatizaron más de 500 hectáreas de tierras públicas, se reconcesionaron todos los servicios públicos, se privatizó nuevamente toda la costanera avanzando hasta las reservas, se autorizaron mega emprendimientos inmobiliarios como Costa Urbana en la costanera sur y el Parque de la Innovación en la zona norte.
Se dio vía libre al festival de la especulación inmobiliaria con la aprobación del nuevo Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación, se permitió la ocupación masiva y gratuita del espacio público por parte de la actividad gastronómica y las tiendas de ropa, y –con la nuestra– se otorgaron gigantescos beneficios fiscales a las empresas de mayor envergadura de la ciudad.
Con respecto a este último tema, hace un par de semanas Macri realizó un anuncio que no tuvo la debida repercusión si se considera lo que está en juego al frenar el “Plan de Transformación y Reconversión del Microcentro porteño”.
A los fines de este Plan, se dispuso que el área céntrica de la ciudad Autónoma de Buenos Aires estará comprendida por las calles Avenida Santa Fe, Crucero General Belgrano, Avenida del Libertador, Avenida Leandro N. Alem, Avenida Paseo Colón, Avenida Belgrano, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini, en ambas aceras.
El microcentro en stand by
A través de la resolución conjunta 1.078/2024, los ministros de Desarrollo Económico, de Hacienda y Finanzas, y el secretario de Desarrollo Urbano, a pedido de Jorge Macri, decidieron suspender el régimen creado a través de la ley 6.508.
Esta ley “de Reconversión del Área Céntrica” es un capítulo más de la política de distritos con beneficios fiscales, en este caso orientada al sector inmobiliario.
La ley autorizaba a otorgar, a quienes realicen en el microcentro proyectos de rehabilitación o reconversión de edificios para viviendas o actividades estratégicas, el beneficio fiscal de descontar del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la totalidad de las actividades económicas que desarrollen en la ciudad, un porcentaje del monto invertido en las obras de hasta el 60% para los 15 primeros postulantes, y del 50 %, para los demás.
Lisa y llanamente, el GCBA se hace cargo del 60% de la inversión que impliquen los proyectos de refuncionalización de los edificios de oficinas sin solicitar a cambio ningún tipo de contraprestación ni devolución.
De esta forma, Jorge Macri dispuso la medida, hasta ahora, más rupturista con los lineamientos históricos de política económica y fiscal (y por qué no, de caja política) del PRO en la ciudad, si consideramos que se frena uno de los “distritos”. O con los negocios electorales realizados por su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, si consideramos que esta ley buscaba apoyo electoral para su carrera presidencial, que quedó trunca.
La ley 6.508 no pensó la refuncionalización del microcentro para mitigar la crisis habitacional, sino con el fin de que los grandes bancos o constructoras pudieran reacondicionar sus edificios para destinarlos al alquiler turístico o para vender las nuevas unidades funcionales a una demanda alimentada con créditos especiales otorgados por el Banco Ciudad.
La refuncionalización de un edificio necesita modificar el reglamento de copropiedad con la aprobación unánime de sus propietarios. Esto es sumamente difícil en los plazos de la ley, pero la dificultad desaparece cuando el propietario es dueño de la totalidad del edificio, como en los casos del Banco Hipotecario, el Banco Galicia o Havanna.
Por otra parte, sólo los grandes terratenientes y corporaciones pueden aprovechar los beneficios fiscales porque pueden incorporar las deudas impositivas de todas sus actividades en la ciudad. En definitiva, la ley 6.508 pretendió camuflar la transferencia directa de subsidios mil millonarios a grandes propietarios bajo la necesidad de adoptar medidas frente a la crisis habitacional y dar vida al microcentro.
Apenas llegó Jorge Macri al gobierno, realizó un análisis interno de la situación dejada por el gobierno anterior de Larreta con respecto a este “Plan”. Encontró que se habían aprobado 21 proyectos a los siguientes propietarios y en las siguientes direcciones:
En total, estos 21 proyectos aprobados implican para la ciudad un costo fiscal de unos 215.000 millones de pesos, mientras los privados sólo se hacen cargo de 152.000 millones. Hasta el momento las empresas obtuvieron un beneficio de 1.189 millones.
En el listado de beneficiarios, hay proyectos de edificios no construidos, por ejemplo el de Alsina 730. Según lo declarado por la propietaria, María Susana Álvarez, al momento de realizar la propuesta el edificio se encontraba en la etapa de construcción del subsuelo. La sociedad porteña costearía el 60% de los 26 pisos. No se comprende en este caso dónde estaría la “rehabilitación” o “refuncionalización” de un edificio que aún no existe.
