La tierra sagrada que no se podrá privatizar

Integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha festejaron el fallo del Juzgado Federal Civil y Comercial 11 que impide a la Empresa EIDICO S.A. y/o DESARROLLADORA DE SAN BENITO S.A. escriturar lotes del Estado Nacional (que fueran vendidos en forma irregular por la ONABE) ubicados entre el Arroyo Garín y el Canal Villanueva del Partido de Escobar y Tigre (Prov. Bs. Aires), donde se está construyendo el Complejo Villa Nueva, que incluiría 11 barrios náuticos.  La Justicia Federal falló contra EIDICO y favorece al sitio sagrado Punta Querandí.

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Si bien la desarrolladora inmobiliaria sigue teniendo en su poder el cuestionado boleto de compra-venta, la Justicia considera que no están dadas las condiciones para escriturar, avalando el reclamo de organizaciones de pueblos originarios. El organismo estatal había argumentado que “no estaban reunidos los requisitos indispensables para otorgar una escrituración válida”.

La demanda judicial en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 fue iniciada a fines de 2010 por EIDICO para lograr la escrituración de tierras que habían sido transferidas en abril de 2007 en la cuestionada operación de la ONABE (Organismo Nacional de Bienes del Estado). El boleto de compra-venta otorgado a CHILESPA S.A., quien cedió sus derechos a San Benito SA, incluía el sector conocido como Punta Querandí.

A partir del 2009, pese a no ser titular del inmueble, casi todas las tierras fueron destruidas por EIDICO para hacer un barrio náutico (1500 metros de largo por 40 metros de ancho). La única excepción fue el pequeño sector de Punta Querandí, protegido con un campamento indígena desde el 2010, el cual fue efectivo para frenar dragas y topadoras.

Esta obra hidráulica (¿habrá tenido autorización de algún organismo?) continuó la primera extensión del Canal que había sido efectuada en el 2000 para hacer el ingreso al country Santa Catalina, emprendimiento que destruyó el sitio sagrado “Garín”, muy cercano y similar a Punta Querandí.

En sus considerados, el juez contempló las dos situaciones que fueron planteadas por vecinos, organizaciones indígenas y el Movimiento en Defensa de la Pacha: el oscuro método de compras de las tierras y  la existencia de un sitio sagrado de los pueblos originarios. Además, fue tenido en cuenta el “Amicus Curiae” presentado en septiembre de 2011 por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la Fundación Eco Sur, quienes elevaron al magistrado el reclamo de vecinos y pueblos originarios.

Parece ser que los sectores  inmobiliarios relacionados con los más ricos de la Argentina,  no tienen límites  en sus ambiciones  de poseer más y más, aún a costa de vulnerar derechos de otros. En este caso la justicia puso un límite.

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