Por Nicole Martin y Micaela Petrarca
Patricia, dueña de un local en la Av. Avellaneda desde hace quince años, cuenta su experiencia y da detalles de la increíble trama mafiosa.
La puja existente entre los locales de Avellaneda y los manteros que se apropiaron de las calles y las veredas, se arrastra desde hace ocho años atrás. Patricia y su marido Luis, llevan adelante un local desde hace quince años. Ellos vieron, en primera persona, la transformación de la zona, vivieron las injusticias y ante la falta de soluciones, barajan la posibilidad de bajar sus persianas.
El año pasado, FECOBE Y CAME presentaron un informe sobre la venta ilegal que posicionó a Avellaneda en segundo lugar con el 24.5% de manteros en la Ciudad. La mayoría de los miles de manteros se ubican en la Avenida Avellaneda, desde el 2500 hasta el 4000. La competencia es de todo tipo, desde indumentaria y calzado, artículos domésticos, juguetes e incluso alimentos y bebidas.
Los problemas empezaron desde su llegada y la complejidad del asunto se acrecentó con los años. Lo primero que percibió Patricia fue la competencia cero: “No sé sinceramente de dónde sacan la mercadería, venden remeras por la mitad de lo que la vende un local. Con lo que sale una tela es imposible competir y tienen buena calidad. O es robada o no sé”. La fuerza de los manteros los obligó a abandonar su lugar sobre la av. Avellaneda y alejarse a una zona de menor comercialización.
El negocio de las inmobiliarias
Sin embargo, no pudieron huir de la mayor estafa: las inmobiliarias. Con sólo un pago de «la llave” cada tres años, sacan entre 70 y 80 mil dólares. «Es una coima para renovar el contrato, plata en negro que no figura en ningún lado y cotizado al dólar blue«, explica Patricia.
Este monto se eleva a partir de 150 mil si el negocio está sobre la avenida. «El alquiler del local se cobra 25 mil pesos, pero sólo son registrados por recibo 6 mil», agrega. Es decir que, aproximadamente, del 100% de las ganancias del local de Patricia, entre el 70 y el 80% son destinados al gobierno y a la mafia inmobiliaria.
El pago de «la llave» empezó hace ocho años, antes se entraba con el abono del primer mes y se dejaba algún otro de comisión. Además, el negocio inmobiliario saca dinero de otras aristas: el cobro de coimas para permitir las construcciones de aquellos negocios que tienen incluidos talleres clandestinos y a locales dentro de las galerías, con contratos de $600 por tres meses.
En este marco, un mantero paga $400 por día y muestra su mercadería en la vereda. Mientras que los inspectores cobran multas de más de $500 a los locales por tener un perchero en la calle. «Es indignante, los manteros nos usan el agua que expulsan nuestros aires acondicionados para hacer licuados», sumó.
Aún falta sumar a la cuenta los impuestos, el impacto ambiental por el ruido de las máquinas y semanalmente, la coima a un policía retirado para más protección. Patricia, cuando tenía el local sobre Avellaneda, pagaba por seguridad: “Si no lo hacías, al otro día te caían ladrones. Cobraran $50 por semana y en una cuadra hay más de 50 locales».
Y si bien respondían con eficacia, ella sabe que los ladrones son los mismos que hace 25 años atrás: “Menos la policía y el gobierno, todo el mundo acá sabe quiénes roban”.
La “avivada” –como le llama Patricia- de último momento es la policía caminera. Las personas de otras provincias que compran en Avellaneda, deben pagar $500 por cada bolsa. “Es un especie de peaje de la mercadería», comenta.
Ante el aumento de las irregularidades y la falta de medidas de las autoridades, los vecinos se organizaron y marcharon alrededor de diez veces para denunciar estas situaciones, hasta que el miedo por las amenazas los silenció: “no tuvimos el apoyo del gobierno y nos dimos cuenta que los dueños de la situación, los que mandan, son ellos, las mafias».
