La jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad N° 4, declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 5.966, que autorizó la quema de residuos en el área metropolitana en mayo de 2018. La ley, impulsada por el jefe de gobierno de la ciudad, fue votada solo por el oficialismo y sus aliados.
La oposición y denuncias la encabezaron asociaciones vecinales y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreteros y Recicladores que manifestaron su rechazo con marchas y denuncias que no tuvieron en cuenta los legisladores cuando votaron la ley. Greenpeace denuncio también, que la incineración de basura mata, por que produce graves consecuencias en la salud por la contaminación del ambiente.
La jueza Liberatori señaló que la ley fue sancionada sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura y consecuente Audiencia Pública y que el gobierno no tuvo en cuenta “ los presupuestos mínimos contenidos en la Ley General del Ambiente ni las disposiciones de la Ley Nacional de Residuos Domiciliarios que autorizan en la etapa de tratamiento la valorización de residuos entendida como el reciclaje en todas sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización y no menciona ni autoriza la termovalorización de basura, no constituyendo este un método adecuado de reciclaje”.
Quemar, un gran negocio a costa de la salud
Para cumplir con la Ley, se instalarían plantas para quemar la basura a un costo de 500 millones de dólares cada una, cifra que hacía que la ciudad se endeude groseramente para avanzar en este proyecto. Los que rechazaban esta idea decían con el 4% de ese costo se podrían montar 40 centros verdes para reducir la cantidad de residuos.
Además que las plantas generarían conflictos en los barrios de la ciudad donde se pretendía instalarlas.
El sistema de quema de basura significaba un retroceso grave y perjudicial para el ambiente y la salud de los porteños porque produce contaminación y polución. El gobierno dice que la quema de residuos no es contaminante porque no producen gases que afecten al calentamiento de la atmósfera, pero los especialistas sostienen que genera cenizas y residuos muy peligrosos para el ambiente y la población.
La acción de amparo colectivo ambiental para pedir la nulidad fue presentada por: la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio de los Dr. Jonatan Baldiviezo y Dr. Diego Falcón del equipo de litigio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El abogado Jonatan Baldiviezo declaro que “la Justicia falló favorablemente a las peticiones y declaró nula la modificación de la ley de basura cero que estaba vigente y nunca se cumplió en la ciudad”.
Las organizaciones que presentaron el amparo el año pasado sostenían que la tecnología de incineración atentaba contra las políticas del reciclado y eran un claro retroceso en materia ambiental.
