Ya en democracia, tendría que haberse dicho la verdad sobre la guerra de Malvinas, en lugar de encubrirla. Si bien la comisión encabezada por Benjamín Rattenbach era sólo de “análisis y evaluación”, el honrado general no se prestó a realizar un informe que dijera algo para ocultar todo, sino que fue al fondo de la cuestión:
“La fuerza, empleada equivocada e inoportunamente, no es el medio idóneo para hacer valer los derechos frente al adversario y ante la comunidad internacional”. En los considerándos ya se establece que el clima no era el mejor para iniciar la invasión, ya que “existía en numerosos países, particularmente en los países europeos, un rechazo hacia el gobierno argentino, por la cuestión de los derechos humanos”.
Sobre la improvisación irracional de la dictadura, establece: “…las capacidades del enemigo han sido consideradas en forma poco profunda, al igual que el análisis de la probable reacción británica, no existiendo certeza acerca de qué documentos o funcionarios fueron consultados”. Y “el escasísimo aviso previo que se dio a las unidades propias para cumplir misiones de guerra provocó que se enviasen a Malvinas tropas sin adiestramiento ni equipamiento adecuado”.
Se expresan claramente las “fallas de coordinación entre comandos”; la “falta de preparación del personal y material” y la “de información sobre el enemigo”. Además, “no existía un plan de defensa de las islas en caso de que Gran Bretaña decidiera recuperarlas por la fuerza”. Luego, el informe califica a las medidas de las tres armas como “irreflexivas y precipitadas”, que convirtieron la invasión “en una aventura militar, sobre todo cuando se hizo efectiva la reacción bélica británica”.
Se refiere también a las fanfarronadas oficiales, absolutamente irracionales, como cuando Galtieri hablo desde el balcón de la Casa Rosada, o cuando el canciller argentino Nicanor Costa Méndez (un civil), decía: “La bandera argentina no será arriada mientras corra una gota de sangre por las venas del último soldado argentino que defiende las islas Malvinas”. El primero en arriarla fue el general Mario Benjamín Menéndez, el comandante de la isla. Bravuconadas que costaron la vida de centenares de jóvenes.
El informe continua: “No se previeron las necesidades de orden logístico” que “fue causa de serios problemas de desnutrición” de los soldados. Además, se subraya la “falta de capacidad integral de la flota”. El 60% de las bombas argentinas sobre buques británicos “no explotaron porque no tenían su tren de fuego preparado para blancos navales”.
Respecto al comandante militar de Malvinas, general Mario Benjamín Menéndez, dicen las conclusiones:
“No exhibió ni evidenció las aptitudes de mando y arrojo indispensables en la emergencia, y no fue en esa oportunidad –única en su vida militar– el ejemplo y la figura que la situación exigía frente a las tropas”.
Un documento que debería ser conocido tanto por las generaciones que sufrieron el régimen como por las venideras. El “Informe Rattenbach”, que por su honradez y precisión redime a una parte de los militares argentinos, aunque no por supuesto a los implicados en los hechos, debería distribuirse en edición oficial para que la sociedad sepa lo ocurrido.
Las distintas reparticiones oficiales del país deberían editar y repartir este libro sobre la guerra de Malvinas: una razón noble y justa que tiene relación directa con la soberanía nacional sobre las islas, un tema aún pendiente, que en su momento, en manos de una dictadura despiadada, reaccionaria e incompetente, llevó a la muerte a centenares de jóvenes y llenó al país de vergüenza.
Las condenas recomendadas en el informe
La derrota fue tan dura para la Junta Militar, que se vio obligada a nombrar a esta Comisión Investigadora presidida dignamente general Benjamín Rattenbach, que elaboró en 1983 el informe a pedido de la Comisión de Análisis y Evaluación Político Militar de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur. El informe califica la Guerra de Malvinas como una “aventura irresponsable”.
Sobre esta base, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenó a Galtieri a 12 años de reclusión con accesoria de destitución; al almirante Jorge Isaac Anaya a 14 años de reclusión con accesoria de destitución y al brigadier Basilio Arturo Lami Dozo a 8 años de reclusión.
Quedaron absueltos, por prescripción de los delitos, los jefes militares Osvaldo Jorge García, Helmut Conrado Weber, Juan José Lombardo, Leopoldo Alfredo Suárez del Cerro, Mario Benjamín Menéndez y Omar Edgardo Parada.
En 1988, al cabo de la revisión en segunda instancia civil y federal de la condena a Galtieri y demás responsables militares, un tribunal ratificó las condenas por los delitos cometidos unificándolas en 12 años solo para los tres máximos jefes militares. No hubo otros condenados por responsabilidades en la Guerra de Malvinas. Finalmente Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem.
