Ante presentaciones judiciales para revertir la medida, la Justicia convalidó el aumento de hasta 375% en la tarifa de agua que rige desde abril pasado en la ciudad de Buenos Aires y 18 municipios del conurbano.
En efecto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo de una asociación de consumidores contra AySA y el Estado nacional, que había solicitado frenar el exorbitante incremento.
La resolución fue adoptada en los últimos días antes de la feria judicial de verano por la Sala II de la Cámara, que a su vez confirmó el fallo del juez Pablo Cayssials donde se rechazó en primer término la medida cautelar interpuesta por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC).
Con estas medidas, la Cámara y el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 avalaron el aumento autorizado por el Gobierno de Cambiemos y ratificaron la vigencia de la Disposición 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, lo que implica que Cayssials defina la constitucionalidad o no del tarifazo.
La Disposición 62 fue firmada por el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Berciatura, que depende del secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, que a su vez reporta al ministro Rogelio Frigerio.
Poco después de conocer la nueva normativa, el director general de AySA, Martín Heinrich, justificó el aumento y dijo que se trata de «un proceso de normalización tarifaria», en abril del año pasado había declarado que Buenos Aires pagaba una cuarta parte de lo que se pagaba en el resto del país.
Heinrich al conocer la medida judicial declaró a los medios que actualmente, definir la suba para cada hogar «es bastante complejo porque está asociado con el tamaño de la propiedad», pero remarcó que el incremento general será de 216,6%, con un máximo de 375%.
En realidad y más allá de estos desorbitantes aumentos, hace muchos años que no solo en el país, sino en el mundo, hay un intenso debate acerca de si el agua es un derecho o una mercancía y en base a ese criterio es la base de discusión del valor de las tarifas de servicios públicos. Es una discusión fundamentalmente ideológica y de intereses encontrados.
¿El agua es un derecho o una mercancía?
En estos meses el nuevo gobierno nacional y su par de la ciudad de Buenos Aires, han desatado una controversia de mucha tensión que gira en torno al precio a pagar por la provisión de servicios esenciales como el agua, el gas y la electricidad. Desde el punto de vista oficial la situación está sintetizada en una frase de corte netamente comercial, sin considerar el carácter público de los mismos: el servicio sale tanto, si podes pagar bien, sino lo cortamos.
Esta postura está enfrentada radicalmente con la concepción que se discute en todo el mundo acerca de si los servicios básicos, sobre todo el agua, son un derecho humano y no una mercancía.
En un continente que tiene muy escasa disponibilidad del recurso, como es Europa, ha prosperado una iniciativa ciudadana que considera al agua un derecho humano inalienable y ha reclamado a la Unión Europea garantizar a todos los habitantes el disfrute del suministro y gestión de los recursos hídricos, excluyéndolo de la categoría de producto comercial.
El reclamo es respaldado por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública.
La vida es la reina de la naturaleza
La lógica del sistema mercantil a nivel global es que a todo lo que existe, se le puede imponer la lógica de que puede ser un negocio, cualquier cosa puede ser una mercancía vendible y debe producir las mayores ganancias posibles. No importa si el faltante de ese bien, en estos casos esenciales, pone en riesgo una supervivencia digna.
Si observamos que en el mundo existen 1100 millones de personas que no tienen acceso al agua podemos decir que el mercado es un gran planificador de desastres. Cosificar la vida, determinar que todo es una mercancía y apropiarse en forma particular de los recursos de todos, no es la mejor fórmula para vivir en comunidad.
El agua es vida y es un derecho de toda la naturaleza. No es una mercancía. No es objeto de apropiación privada. Pertenece al bien común universal. Por ello, tiene que estar en manos públicas y comunitarias.
La Nación y las provincias suscribieron en 2003 el denominado Acuerdo Federal del Agua, estableciendo los principios de la Política Hídrica de la Argentina. El objetivo: “la creación de una base jurídica sólida, una gestión eficiente y sustentable de los recursos “para todo el país” y “todos sus habitantes”.
En la actual gestión de Cambiemos en Nación y Ciudad, se está impulsando la imposición de un criterio comercial en el consumo del agua, tal vez para seducir inversores transnacionales que vuelvan a tomar el control privado del servicio con la promesa de inversiones, tal como sucedió en los años noventa con gestiones que resultaron un fracaso.
Los procesos de mercantilización y privatización del agua, fueron impulsados mundialmente por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs – Banco Mundial ) provocarando que más de una sexta parte de la población mundial no tenga acceso al agua. Frente a esta situación, los movimientos sociales declararon el agua como un derecho de las personas y los ecosistemas, que debe ser gestionado exclusivamente desde la esfera pública y con criterios de equidad social.
ONU – Resolución 64/292
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento: «El derecho al agua es indispensable para una vida humana digna, cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.
“El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico para beber, para el saneamiento personal, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. Son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas “.
El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos y sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar, porque no es una mercancía.
Las Naciones Unidas también han reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, incluyendo el servicio de electricidad y gas pues hacen a la vida misma y sostiene en documentos oficiales, que no existe dignidad para el ser humano si sus derechos están conculcados.
En tal sentido, no solo el agua, sino la energía eléctrica y el gas son derechos básicos que no deben tener carácter comercial.
En caso de prosperar la visión mercantilista en estos temas cruciales para la supervivencia de millones de personas, muchos ciudadanos verán cercenados en nuestro país, importantes derechos básicos de vida.
