Por Mariángeles Guerrero. Francisca Fernández Droguett es militante feminista y socioambiental, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) de Chile. Realiza un recorrido del modelo económico extractivo, la privatización del agua y el trabajo de las organizaciones sociales, pueblos indígenas y campesinos. Afirma que los bienes naturales deben ser gestionados por los pueblos.
Francisca Fernández Droguett es militante feminista, socioambiental, docente y antropóloga chilena. Es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios en Chile (MAT), que aglutina a unas 100 organizaciones a nivel plurinacional. También integró la Coordinadora Feminista 8M, se desempeñó como perito de la Defensoría Penal Pública en causas indígenas y asociadas a la defensa de mujeres y migrantes; y fue asesora en el proceso de debate de la nueva Constitución que se vivió en Chile entre 2021 y 2022.
En el marco de la defensa de los bienes comunes en el sur del mundo, enhebra conceptos como «feminismo», «justicia ambiental» y «plurinacionalidad». También brinda su perspectiva sobre los desafíos que tienen los gobiernos progresistas del continente ante el avance del extractivismo norte-sur y las promoción de «falsas soluciones».
«Hay tres elementos que permiten sostener la vida: el agua, las semillas y la energía. Ninguno debiese tener condición de propiedad, porque al privatizarlos o al generar una condición de propiedad, se impide sostener y cuidar la existencia de los pueblos», define.
Una de sus banderas de lucha es por el derecho agua. Este bien común está privatizado en Chile. La Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981 —sancionados durante la dictadura de Augusto Pinochet— junto con sus reformas de 2005 y 2011, y la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, definen al agua como un bien nacional de uso público, pero a la vez establecen un sistema de reparto para el uso del recurso a través de la asignación de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DDA), que son intercambiables en el mercado.
Aunque el Estado puede regular los DDA bajo ciertas circunstancias críticas, éstos son entregados a privados a perpetuidad y con carácter heredable. No conllevan costos para sus propietarios y no existen causales para su revocación. Además, en Chile el acceso al agua no está consagrado como un derecho humano, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Costa Rica, México y Brasil, en línea con la Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El MAT surgió en 2013 en un encuentro llamado «AguAnte la vida», que organizó el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Allí nació la necesidad de conformar un espacio para la lucha antiextractivista, desde donde pensar alternativas y, puntualmente, trabajar en pos de la desprivatización del agua. Utilizan, explica Fernández Droguett, la categoría “plurinacional”, entendiendo que reúne a distintos pueblos en articulación transversal desde el norte al sur del país.
Además de los aspectos normativos en relación con el agua, el agronegocio, el modelo forestal, la acuicultura y la megaminería son amenazas concretas a este derecho. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2018 ( citados en este informe de las Naciones Unidas) señala que, en 2017, la agricultura, la minería y la industria manufacturera representaron casi el 80 por ciento de las extracciones de agua totales en el país trasandino. Estas actividades, además, contaminan las aguas. Es el caso del agronegocio en la zona central y del perjuicio que genera la actividad minera en los glaciares, de los que deriva el 70 por ciento del agua para consumo humano.
“El agua en Chile literalmente se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. Hemos dado la lucha ante las empresas tanto nacionales como trasnacionales. Los bienes comunes, tanto sociales como naturales, han sido privatizados y nuestra lucha ha estado vinculada al conflicto extractivo: en el norte contra la megaminería, en el centro y sur contra el agronegocio, en el sur contra el modelo forestal”, describe Fernández Droguett.
—¿Qué estrategias se dieron para abordar el derecho al agua en los territorios?
—Entre 2019 y 2020 hicimos más de 60 cabildos por el agua en los que participaron casi 2.000 personas proponiendo cómo podíamos pensar una gestión comunitaria del agua, entendiendo que es un bien común que no tiene que tener condición de propiedad. Es un bien inapropiable, de bienestar de los comunes.
Lo entendemos como un derecho humano pero también como un derecho de la naturaleza. Es así que nos fuimos acercando al concepto del agua como parte de la dimensión de la naturaleza, como sujeta de derecho, aspecto que ha sido parte del debate constitucionalista o del Nuevo Constitucionalismo que se dio en Bolivia y en Ecuador.
Por otra parte, propusimos la gestión por cuencas y subcuencas, el resguardo y la recuperación de prácticas ancestrales y el ejercicio de la gestión colectiva. Por ejemplo, de las obras sanitarias que están vinculadas al saneamiento de las aguas. Luego de una revuelta social que fue muy importante y que coincidió con los cabildos, hubo una primera experiencia de Convención Constitucional, donde un tercio de sus integrantes, por lo menos, eran de movimientos sociales y territoriales.
En Argentina hay funcionarios, como el diputado neuquino Marcelo Bermúdez, que cuestionan que el agua sea un derecho humano.
—Totalmente. Hay tres elementos que permiten sostener la vida: el agua, las semillas y la energía. Ninguno debiese
tener condición de propiedad, porque al privatizarlos o al generar una condición de propiedad, se impide sostener y cuidar la existencia de los pueblos. Por eso hemos hecho una fuerte campaña tanto local, pero también internacionalista, de entender que estos son los pilares fundamentales de los cuidados de los pueblos y de la naturaleza. Hoy estamos en un momento muy peliagudo del avance de la ultraderecha, que nos recuerda claramente lo que en Chile vivimos de manera más temprana con las políticas neoliberales en la década de los 80. Pero que se sigue replicando y aún más en Argentina, intensificando en un corto tiempo.
—¿Cuáles son las condiciones necesarias en una comunidad para avanzar hacia proyectos de gestión comunitaria del agua?
—Las condiciones necesarias para que una comunidad pueda avanzar hacia proyectos de gestión comunitaria del agua, por ejemplo en Chile, es obviamente derogar el Código de Aguas que ha privatizado el bien común. Para que el agua realmente esté en manos de la administración y control de la comunidad, y en resguardo el equilibrio ecosistémico, tiene que haber un reconocimiento del agua como derecho humano, pero también como un derecho de la naturaleza para no dar cuenta de la gestión solamente en clave del consumo humano sino también del bienestar de la naturaleza, del equilibrio ecosistémico y de la restauración. En definitiva, las condiciones necesarias son: la desprivatización, el fin de la política extractivista y el control y administración por parte de los pueblos, tanto a nivel rural como urbano.
—¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los gobiernos progresistas de la región en relación al extractivismo?
—Los gobiernos progresistas de la región tienen el principal desafío de asumir una radicalidad respecto a la ruptura extractivista y también de las falsas soluciones. Por ejemplo, diseñar un conjunto de políticas institucionales y leyes que realmente estén a favor del cuidado, poniendo en el centro la vida y no las ganancias.
Lo veo muy limitado porque los gobiernos progresistas no solo en algunos casos han intensificado el extractivismo y lo han incentivado, sino que hoy también están encabezando proyectos de falsas soluciones: complejos eólicos, fotovoltaicos, explotación del litio y de hidrógeno verde.
Todo en el marco de seguir perpetuando las ganancias y una mirada absolutamente colonial. Los gobiernos progresistas tienen un gran desafío de apostar a un cambio estructural. Eso implica una transformación en la matriz productiva, energética y de consumo. Deben realmente asumir una perspectiva de superación del extractivismo.
– Foto: Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT
de memoria histórica desde los territorios.
—En la práctica cotidiana, ¿cómo construir una mirada decolonial de la naturaleza? ¿Cómo aprender de la plurinacionalidad?
—Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios pensamos lo plurinacional como una coexistencia, como el apoyo mutuo entre pueblos originarios, afros, migrantes, sectores campesinos y sectores populares.
No reducimos lo plurinacional a lo indígena, sino a lo originario, a lo afro, a lo migrante, a todos los distintos flujos de prácticas, de saberes, haceres y sentires que los pueblos vamos encontrando en los territorios.
Pensar una ciudad en clave de la plurinacionalidad es, por ejemplo, tener en cuenta la importancia de la vivienda mirando al sol, la posibilidad de entender que el ciclo natural del territorio es con la llegada del sol. También es preguntarnos por qué tenemos que plantar pasto si tenemos la posibilidad de plantar hierbas medicinales o alimentos.
Es cambiar una lógica que está pensada para un bienestar muy occidental, no vinculado con los ciclos en un período de crisis climática, ecológica y social. Esta dimensión de lo “pluri” implica recuperar esos saberes pero recrearlos en el marco de las propias vivencias. El descolonizar implica asumir nuestros mestizajes desde lo descolonizador y no desde lo criollo en positivo.
Es pensar en ciudades donde habitan pájaros, donde habitan espíritus, donde son fundamentales los centros ceremoniales de los pueblos originarios, pero también los espacios donde hacer fiestas, donde construir comunidad, donde encontrarnos. Ciudades en las que los comedores populares estén en directa relación con las semillas que se están sembrando y la comida que se está cultivando.
Es la posibilidad de pensar en barrios generando sus propias energías y no estas falsas soluciones con grandes complejos eólicos o fotovoltaicos. Es pensar en esa multidimensionalidad.
Y el feminismo también ha pensado eso, desde la economía feminista situada: redes de abastecimiento popular, organización de comedores populares, limpieza de canales y cuidado de las semillas.
Fuente: Agencia Tierra Viva
