Por Nicole Martin
El incendio en Iron Mountain en el que murieron nueve bomberos y un rescatista fue intencional, según el peritaje realizado por la Policía Federal, que encontró rastros de «sustancias combustibles» y elementos que “no se correspondían» con el equipamiento del depósito del barrio porteño de Barracas.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, a cargo de Marcela Sánchez, determinó que el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014 «fue intencional ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar».
El inspector que había pedido la clausura del galpón de Barracas, en 2008, Edgardo Castro, es concluyente en sus afirmaciones: «Para quemar media manzana en 10 minutos o menos, no hay otra forma que no haya sido intencional, hubo» cuatro o seis focos provocados por un especialista que sabía lo que estaba haciendo».
El 5 de febrero del 2014, cuando el incendio había tomado la totalidad del depósito de documentación, diez bomberos y rescatistas esperaban poder ingresar por una de las entradas, pero el portón estaba herméticamente cerrado. Mientras evaluaban la situación, una gigantesca pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda y acabó con la vida del comisario inspector Leonardo Day; de la subinspectora Anahí Garnica; de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; de José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico.
También de Sebastián Campos y Facundo Ambrosi del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y del rescatista Pedro Báricolo de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según los testimonios y pruebas acumuladas, los responsables directos de la falta de control a este depósito y sus consecuencias, son el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Cabrera, y su subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Sabor, denunciados por encubrir las irregularidades de Iron Mountain y otras empresas a las que no se inspeccionaba.
Sin embargo la fiscal Marcela Sánchez a un año y medio de estas muertes, no ha citado a declarar a ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad.
La documentación que había en Iron Mountain
El auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn sostuvo en declaraciones públicas que el banco HSBC, denunciado por fuga de divisas y cuentas no declaradas en Suiza, era uno de los principales clientes de Iron Mountain.
Reforzando la pericia que determinó que el incendio fue intencional, el funcionario recordó que no es la primera vez que esta empresa está involucrada en este tipo de hechos: “en otras parte del mundo y siempre de manera intencional se produjeron incendios: en los Estados Unidos en New Jersey tres veces, en Italia, en Ottawa y en Londres, donde desapareció documentación de empresas”.
El Auditor denunció también, la relación de Iron Mountain con el gobierno porteño sugiriendo una activa complicidad: «Es una empresa que fue la nave insignia del marketing político del macrismo en lo que tuvo que ver con el lanzamiento del polo tecnológico en Parque Patricios”.
Otra imputación grave la realizó el legislador porteño Fernando Muñoz, quien afirmó que todo el Ejecutivo de la Ciudad guardaron un silencio irresponsable sobre el incendio de Iron Mountain y afirmó que el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera antes de ser funcionario, fue un alto directivo del banco HSBC, que depositaba sus documentos secretos en esta empresa. Recordamos que este banco esta denunciado por la AFIP y la Procuración como agente de lavado de dinero ilegal.
Otro funcionario que se expresó sobre este terrible caso fue el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni: «no tenemos ninguna definición por parte de la justicia, esperemos que por más lentos que sean sus tiempos, sean justos, hemos perdido la vida de nuestros efectivos de la Policía Federal que no dudaron un instante en entregar su vida para sofocar el incendio de la empresa Iron Mountain».
Iron Mountain y talleres clandestinos
¿Corrupción e impunidad?
Edgardo Castro, el inspector de trabajo de la ciudad que había criticado públicamente a la Subsecretaría de Trabajo porteña -específicamente a su titular, Ezequiel Sabor- y al director General de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, declaró que denunciará judicialmente a Macchi por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A un mes del incendio del taller textil clandestino en Páez 2796, en el barrio de Flores, donde dos niños de siete y diez años murieron carbonizados, el inspector remarcó la responsabilidad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad, quienes ya habían sido avisados en más de una ocasión de la existencia del taller.
Allí se confeccionaban prendas para marcas internacionales y uniformes para colegios privados. Una de las marcas relacionadas por el mismo Castro es Awada, propiedad de Juliana Awada, esposa de Macri.
«Si queres combatir el taller clandestino hay que investigar las marcas», declarò Castro, quien también denunció las irregularidades en el depósito de Iron Montain tres años antes de que se produjera el incendio que provocó la muerte de los diez bomberos.
La denuncia de Castro ampliará la ya realizada en septiembre por la ONG La Alameda, que había denunciado explotación laboral en el taller textil siniestrado y en otros veintinueve domicilios, ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
¿Por qué no fue cerrado el taller después de la denuncia de septiembre?
Por las mismas razones que no clausuraron el depósito de Barracas que no cumplía con las mínimas medidas de seguridad.
Castro contó que las autoridades del gobierno porteño actúan siempre de la misma forma:
Primero, el director general de Protección del Trabajo notifica a los empresarios que hay una denuncia en contra de su taller por trabajo esclavo.
Luego, el empresario avisado toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección porque «cuando llegan inspectores o no les abren o los sacan corriendo». El inspector agregó que «Se sienten poderosos y amparados porque están protegidos por el Gobierno de la Ciudad».
¿Existe un sistema de protección de las mafias?
Segùn Edgardo Castro, existe un sistema de protección donde Fernando Macchi «es el ejecutor» y protege a los empleadores y criticó al superior de Macchi, el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Sabor, señalando que «si se hubieran hecho 60.000 inspecciones como este funcionario declaró, no habría ni un taller clandestino«.
Se estima que la ciudad de Buenos Aires tiene tres mil talleres clandestinos. «O es un estúpido o un corrupto asociado a las mafias», aseveró Castro.
El segundo incidente en Páez 2796, fue otro incendio, -diez días después del primero- con la intencionalidad de vaciar el contenido del taller y quemar pruebas. Al día siguiente, delegados y manifestantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y otras organizaciones sociales se movilizaron desde Diagonal Norte y Florida hasta la Subsecretaría de Trabajo para denunciar la falta de control y pedir la renuncia de Macchi.
Sobre el mismo tema, Castro referenció que en la época en que Aníbal Ibarra era jefe de gobierno, hubo un siniestro similar en un taller clandestino ubicado en la calle Luis Viale al 2100, en Villa Mitre, donde murieron seis personas. «La diferencia con Macri es que Ibarra denunció al director de Trabajo, Florencio «Pichi» Varela», explicó Castro y explicitó que Fernando Macchi debería renunciar a su cargo por la cantidad de pruebas en su contra.
El dirigente ya había estado -junto a Ezequiel Sabor- en boca de los medios en 2012, cuando tres empleados de la Subsecretaría de Trabajo, -su propia repartición- sufrieron intoxicación por monóxido de carbono en las instalaciones de Bartolomé Mitre 575.
La Subsecretaría, que ostenta el poder de policía y está destinada a garantizar el cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo no disponía de: habilitación, aprobación del sistema contra incendio, requerimientos de protección, plan de evacuación presentado ante Defensa Civil o condiciones de seguridad para los ascensores y su respectiva documentación.
Sobre este punto, Castro había especificado los incumplimientos en diálogo con Noticias Urbanas: “Las instalaciones de gas y electricidad no están hechas como corresponde, el cableado eléctrico está a la vista, el ancho de escalera no es el reglamentario; no hay escalera de emergencia como tampoco de salida. En el edificio hay alto riesgo de incendio y claramente no se podría evacuar a un discapacitado motriz en las condiciones actuales».
Aunque fue presentado un reclamo por parte de la Legislatura, el Gobierno de la Ciudad se defendió argumentando que «El edificio cumple con los sistemas de ventilaciones naturales y mecánicos correspondientes» aunque no se cuenta con documentación técnica de los sistemas”.
En esta sede aún funciona la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio -a cargo de Sabor-, la Dirección General de Empleo -a cargo de Ezequiel Jarvis- y la Dirección General de Protección del Trabajo -a cargo de Macchi.
La ciudadanía espera que la muerte de diez servidores públicos, entre policías y bomberos en el incendio del depósito de Iron Mountain y la muerte de los dos chicos en el taller clandestino de la calle Páez 2796 no queden impunes y que los funcionarios sigan en sus cargos como si nada hubiese pasado. Desde nuestro medio seguiremos insistiendo en este tema que nos parece de una gravedad insoslayable.
En la última semana de mayo se han verificado inspecciones conjuntas a talleres clandestinos en el barrio de Villa Gral Mitre, Paternal y Flores de parte de funcionarios de AFIP y de la secretaria de trabajo de la ciudad. Hemos acompañado esta recorrida y en varios de los talleres denunciados, sus dueños no abrían las puertas.
En el caso de uno ubicado en Gavilan al 1400, consultados los funcionarios, declararon que se trataba de un taller chico, manejado por una familia boliviana y que no representaba ningún peligro, dando a entender que no se tomarían mayores recaudos para esa situación. Ante la pregunta del peligro que representaba para las casas lindantes un eventual incendio por las telas acumuladas en el lugar o si investigarían para que marca trabajaba ese taller clandestino, no hubo ninguna respuesta.
La lógica de la pregunta fue: esta gente produce pero no es que salen a la plaza a vender dos o tres prendas, sino que producen para alguien y ese alguien debería ser investigado y puesto a cumplir las obligaciones de la ley, como cumplen los ciudadanos argentinos. Luego los inspectores se trasladaron a otro taller, en gavilán 1575, que se incendió dos meses atrás, pero nadie abrió la puerta y lo mismo sucedió en los talleres denunciados por los vecinos, ubicados sobre Boyacá al 1500.
