Por Lic. Carlos Wilkinson*
Al Movimiento Comunero le parece muy bien que se consulte a los vecinos sobre las obras públicas que quieren y necesitan en los barrios. Más aún, la esencia de la democracia participativa establecida en la Constitución de la Ciudad, es no sólo la consulta sino la intervención directa de los ciudadanos en la elaboración, decisión y control de las acciones públicas.
Para eso la constitución creó el Cuarto Poder de la Ciudad – las Comunas – como la institución central de la democracia participativa; esos gobiernos locales cercanos a los vecinos, diferenciados e independientes del gobierno central y compuestos por dos organismos: una Junta Comunal elegida por la ciudadanía y un Consejo Comunal integrado por los vecinos y sus organizaciones. El Consejo Comunal es el organismo de participación popular permanente y directa, que debe deliberar y gobernar con los representantes elegidos en las Juntas Comunales, para llevar a la práctica la democracia participativa en la ciudad.
Sin embargo, el gobierno se opuso constantemente al funcionamiento de las Comunas tal como lo estipula la ley. Tardó cinco años en dar las primeras elecciones comunales y lo hizo, no por voluntad propia, sino por una sentencia de cumplimiento obligatorio emanada del Superior Tribunal de Justicia local. Puestas a funcionar contra su voluntad política, nunca les dio presupuesto propio, ni le transfirió las funciones que dictamina la ley, ni reconoció las Juntas Comunales como órganos colegiados de los gobiernos comunales, ni mucho menos los Consejos Comunales como organismo participativos legalmente establecidos.
BA Elige y las comunas
En el marco de esta voluntad política claramente opuesta a la participación ciudadana, llama la atención el lanzamiento del Programa BA Elige, con un respaldo de 500 millones de pesos, cuando a las Comunas jamás les asignaron un peso. Publicitado marketineramente como si, a través de él, los ciudadanos ejercieran la participación, decidiendo las obras que quieren que se hagan en sus barrios, se parece más a un estudiado mecanismo para falsificar e impedir la participación real y libre de los vecinos, que para promoverla.
El primer elemento que hace pensar de esta manera, es que el ámbito de propuestas vecinales posibles se restringe a obras que empiezan y terminan, sin implicar ningún gasto posterior de funcionamiento. Esto quiere decir que se puede proponer instalar un semáforo, pero no instalar un jardín maternal; porque el segundo implica una inversión en personal para su funcionamiento y el primero no. Tal restricción limita enormemente el espacio donde se deja participar a la ciudadanía, acotándola a cuestiones muy específicas y dejando de lado áreas enteras de gran significación para la vida ciudadana.
El segundo elemento es que limita la participación a un mecanismo de elección de propuestas exclusivamente virtual. A nadie cabe duda de que usar los medios virtuales, es una forma de ampliar el acceso de la ciudadanía a proponer ideas, proyectos, etc., lo que resulta uno de los atributos más positivos de este programa. Pero que el proceso de participación ciudadana se reduzca exclusivamente a proponer, apoyar y votar virtualmente, sin ninguna posibilidad de intercambio entre los ciudadanos y funcionarios intervinientes, es una grave y profunda restricción del mismo.
Participación y trasparencia
Esta virtualidad exclusiva, torna toda la actividad supuestamente participativa de la ciudadanía, en un proceso nada transparente y, por el contario, muy oscuro e imposible de controlar por los vecinos. En efecto, quienes dirigen y llevan adelante las distintas etapas del proceso, conocen todos los datos sobre las personas que proponen y votan, pero estos no conocen nada de dicha información. Concretamente un ciudadano que hace una propuesta, no tiene información alguna sobre quien la apoya, quien la evalúa “técnicamente” y quien la vota, ni puede comprobar, en consecuencia, si la votación virtual fue hecha por personal contratado del gobierno o por ciudadanos reales, ni tampoco los criterios de la evaluación, ni si ésta fue fundada en razones técnicas o razones “políticas”. Al impedir cualquier posibilidad de intercambio de los ciudadanos entre sí y con los funcionarios intervinientes, el programa BAElige se convierte en una falsificación de la participación.
En el Movimiento Comunero decimos que es un “juego participativo”, por su similitud con los juegos que organizan los entretenedores de niños, contratados por los padres para animar las fiestas infantiles, a fin de que estos se muevan en espacios y por canales previamente establecidos, en lugar de que jueguen libremente. La diferencia es que los vecinos no somos niños ni las autoridades por nosotros elegidas son nuestros padres; nosotros somos los soberanos y mandantes y ellos nuestros representantes y mandatarios. Y una verdadera democracia participativa es aquella donde el pueblo delibera y gobierna CON su
representantes.
En consecuencia la propuesta del Movimiento Comunero es que el programa informático del BAElige sea transferido a cada Comuna y que se incorpore al proceso de elaboración participativa del plan y presupuesto comunal anual.
*Integrante de la mesa de coordinación
del Movimiento Comunero
