Sin licencia social. Empantanada en el Congreso. Retrocediendo en Europa, recluida en España y Portugal. Con una cuadro de cuestionamiento creciente en EEUU. Todo eso viene ocurriendo con la Ley de Semillas y la agricultura transgénica en el mundo. Sin embargo, el gobierno nacional anunció que habilitaría la Ley de Semillas hoy frenada en el país, por un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).
Comunicado Ministerio de Agricultura
El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, adelantó que el gobierno nacional emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio” que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de “bolsa blanca”.
En este sentido, el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico. Carlos Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que “la modernización del sistema de pago, que establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien”. De la reunión participaron representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y entidades técnicas y de productores, quienes coincidieron en valorar la voluntad del gobierno por alcanzar el consenso necesario para solucionar el problema histórico del comercio de semillas en el país, que en los últimos tiempos había generado conflictos entre diversos actores de la cadena.
Aníbal Fernández ponderó la interacción lograda entre los sectores público y privado, y subrayó la necesidad de que haya claridad en términos de registro para proteger “a los más débiles y vulnerables y poner un fin a tantos años de discusión”.
En tanto que el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del MAGyP, Gabriel Delgado, expresó que “las inversiones
y el desarrollo de la biotecnología y el germoplasma son fundamentales para nuestro país y el mundo. Es un camino de agregado de valor y generación de empleo que tiene que ser incentivado con reglas claras y el consenso de todos los actores”.
Del encuentro participaron además el secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez; el subsecretario de Agricultura, Juan Maceira; y representantes de SENASA, INASE y la Dirección de Matriculación y Fiscalización.
La modificación de la Ley de Semillas ha sido impulsada desde hace varios años por las más grandes corporaciones semilleras transnacionales, entre ellas, Monsanto. Las modificaciones orientadas por los intereses de estas empresas están dirigidas a profundizar la apropiación y mercantilización de las semillas.
Una de las principales modificaciones va en desmedro del derecho al “uso propio” de las semillas. Frente a esta situación cientos de organizaciones sociales y campesinas, comunidades de pueblos originarios, académicos y organizaciones políticas iniciaron campañas para impedir que la Ley de Semillas se modifique de acuerdo a la voluntad de estas empresas transnacionales. Las mencionadas campañas son: No a la nueva ley “Monsanto” de Semillas en Argentina”, “Plantate la vida no se negocia” y “No nos patenten la vida”; esto es el claro ejemplo que hay una amplia resistencia a la reforma pretendida que es desoída con esta nueva decisión política.
2. La inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Semillas por Decreto de Necesidad y Urgencia
En cada situación que el Estado Nacional intentó avanzar con la modificación de la Ley de Semillas surgieron fuertes resistencias que mostraron que la aprobación en el Congreso Nacional de la ley modificatoria no tendría un camino allanado. Por esta razón, se ha anunciado que la modificación de la Ley de Semillas se hará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, no respetando los caminos constitucionalmente establecidos y evitando el debate del proyecto de ley en ambas Cámaras del Congreso.
3. Postura de la actual CSJN sobre la revisibilidad y los requisitos exigidos por la Constitución Nacional para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia.
Con fecha 10 de Marzo de 2010, la Corte Suprema dictó un fallo en los autos caratulados “Consumidores Argentinos c/ PEN s / Amparo” En este declaró la inconstitucional del decreto Nº 558/02 que modificaba la ley Nª 20.091 de entidades de seguro. El fallo sostuvo que “El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.
Resulta claro que con respecto a modificar la actual Ley de Semillas a través de un DNU no nos encontramos ante la situación de que el Congreso no pueda sesionar o que la urgencia deba ser solucionada en un plazo incompatible con el trámite ordinario de los proyectos de ley en el Congreso. Respecto a esto último cabe destacar que el Poder Ejecutivo hace más de diez años viene tratando internamente la modificación de la Ley de Semillas y que en todos estos año no ha remitido ningún proyecto de ley relacionado al Congreso. Por lo tanto, luego de tantos años de discusión en el interior del Poder Ejecutivo no pueden justificar ahora que exista una urgencia tal que no pueda ser atendida a través del tratamiento del proyecto de ley en el Congreso.
4. Legitimación amplia para cuestionar la constitucionalidad del DNU.
Legislar a través de Decretos soslayando el Congreso Nacional daña profundamente el sistema republicano y la división de poderes. Por este motivo, la Constitución Nacional y la Corte Suprema, máximo y último intérprete de ésta, establecieron exigencias extremas para autorizar al Poder Ejecutivo ejercer facultades legislativas a través del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia.
De la jurisprudencia de la Corte Suprema surge que existirá una legitimación amplia para poder cuestionar la constitucionalidad del DNU que modifique la Ley de Semillas y que el Poder Judicial tendrá plena competencia para analizar esta situación que lesiona la forma republicana de creación de las leyes dispuestas por la Constitución Nacional.
La regulación sobre la propiedad intelectual de las semillas implica un debate directo sobre la “posibilidad de apropiación y de mercantilización de nuestros bienes comunes” y, siendo la “semilla” para el productor el primer eslabón del proceso productivo, deviene elemental su resguardo para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Los derechos de propiedad intelectual son instrumentales y deben estar subordinados al ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
En este sentido, todo régimen de propiedad intelectual, que haga más difícil el ejercicio de los derechos a la vida, la salud y la alimentación adecuada, es incompatible con las obligaciones en materia de derechos humanos que el Estado se ha comprometido a respetar y proteger. A través de la normativa que se proyecta, el Poder Ejecutivo Nacional podría violar los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación adecuada reconocidos en la Constitución Nacional, al restringir por vía de decreto de necesidad y urgencia el pleno goce y ejercicio del derecho ancestral de los agricultores a reservar e intercambiar libremente las semillas, base de la reproducción de la vida misma y presupuesto esencial del ejercicio de dichos derechos.
Monsanto/Syngenta: Caracteres siniestros
Se habla mucho de la agricultura “climáticamente inteligente”, sin embargo es el dinero inteligente quien está usando la crisis del clima para controlar un espectro aún más amplio de insumos agrícolas.
A menos que los reguladores antimonopolios muestren la autoridad que han escondido las últimas cuatro décadas, la cuestionada operación de $45 mil millones de dólares en la que Monsanto (número 1 global en semillas y número 5 en pesticidas) apuesta por adueñarse de Syngenta, (número 1 en pesticidas y número 3 en semillas) llevará a esas dos empresas a controlar 54% de las ventas comerciales de semillas y una tercera parte del mercado mundial de pesticidas.
Los seis compadres:
El mercado global de semillas y pesticidas está dominado por seis compañías que, juntas, controlan 75% de los insumos agrícolas. Si una fusión como la de Monsanto-Syngenta se hace realidad, no quedarán más de cinco gigantes — o posiblemente menos.
Si la corporación suiza Syngenta se mantiene firme y sigue rechazando la presión de Monsanto, la empresa de San Louis Missouri podría hacer trato con BASF en Alemania. BASF es la número tres en plaguicidas. Pero no podemos hacernos la imagen completa sin contar con Bayer, DuPont y Dow —tres importantísimas compañías químicas con intereses muy importantes en el sector de pesticidas y fitomejoramiento. No querrán ser testigos mudos.
Cualquiera que sea el resultado del jaloneo de la compra venta, los agricultores y los consumidores seremos los perdedores.
¿Parcelas inteligentes?
En los años recientes Monsanto gastó mil millones de dólares comprando dos compañías de alta tecnología de monitoreo climático. Ahora mismo Monsanto asegura que cuenta con información histórica detallada sobre 30 millones de campos agrícolas en Estados Unidos, con el acercamiento a unidades de 10 x 10 metros. Desde que compró Climate Corp., que usa satélites y naves aéreas para monitorear parcelas y vender seguros para la cosecha, Monsanto incrementó la base de sus clientes gracias a su plataforma “Climate Basic” (clima básico) que cubre más de una tercera parte de toda la tierra agrícola en Estados Unidos e intenta extender su monitoreo a todo el planeta.
Cuando una sola compañía vende la semilla, sabe la prevalencia de las plagas y vende el plaguicida, sabe además las condiciones locales de los suelos y con ello administra el fertilizante, además de predecir las condiciones del clima y con ello vende el seguro para la cosecha, comienzan a perder sentido las nociones “inter-sectorial” o “antimonopolio”.
Agro-robot:
Existe aún otra perspectiva. Tres grandes empresas, encabezadas por John Deere, controlan 77% del mercado mundial de maquinaria agrícola, con valor de $65 mil millones de dólares. Las tres están desarrollando máquinas robóticas para el trabajo agrícola, diseñadas para dispensar semillas, plaguicidas y fertilizantes. En el corto plazo las semillas de Monsanto, los pesticidas de Syngenta y los fertilizantes de Agrium podrían terminar dentro de un tracto-robot de John Deere controlado por drones y desde los satélites comerciales. El dinero “inteligente” aconseja que, si hay que apostar, consideremos que tal vez para 2020 las máquinas robóticas dispensadoras de semillas.
“Climáticamente inteligente”:
La llamada “agricultura climáticamente inteligente”, son las tecnologías que los gobiernos van a necesitar si quieren seguridad alimentaria en medio del caos climático. El cambio hacia los caracteres “climáticamente inteligentes” convierte las fallas de la biotecnología en virtudes y les permite recuperar tiempo perdido. También les ayuda a colocar una batería de técnicas de biotecnología (transgénicos en esteroides) con las que esperan evadir las regulaciones existentes, que sólo se refieren a las semillas transgénicas “convencionales”. Lo que nos regresa al problema inicial de la fusión Monsanto/Syngenta.
Las variedades de cultivos tolerantes a los herbicidas, se suponía que permitirían a los agricultores a usar menos químicos tóxicos, requiriendo así menos combustibles fósiles. Sin embargo, diversos estudios científicos están concluyendo que no solo las plagas y enfermedades se han vuelto resistentes a las variedades de Monsanto, sino que el herbicida de esa empresa, “Roundup”, (a base de glifosato), según la Organización Mundial de la Salud, es “probablemente carcinogénico”. Con el estancamiento de las ventas de semillas y el fortalecimiento de las malezas, el intento de Monsanto por apoderarse de Syngenta se interpreta como un movimiento para proteger sus ganancias incorporando una mayor “protección química” para sus variedades. Monsanto puede o no asociarse con John Deere, pero todos nosotros, a los que aún nos gusta comer, podríamos perder mucho si no se rompe el monopolio de los mega monstruos agrícolas.
Mayor información: Pat Mooney, Director del Grupo ETC
