El Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales fue aprobado hoy en Cámara de Diputados, por unanimidad, luego de obtener la semana pasada el dictamen conjunto de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda.
El objetivo del programa es que jóvenes y adolescentes que no viven con sus familias por algún motivo e ingresan a una institución de puertas abiertas o a un programa de cuidado familiar, se vayan preparando progresivamente para la vida adulta y que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar sus derechos, en pos de los compromisos asumidos internacionalmente.
Según un relevamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y UNICEF, en 2012 había en la Argentina 14.675 niños y adolescentes sin cuidados parentales.
Los niños, niñas y adolescentes que viven en los Hogares de protección del Estado cuentan allí con condiciones básicas para su desarrollo, como alimentación, educación, salud y techo, pero al cumplir los 18 años esos derechos dejan de estar garantizados.
Es por eso que el programa de acompañamiento para adolescentes, que ahora deberá obtener otra media sanción del Senado para convertirse en ley, prevé herramientas fundamentales para los chicos y chicas, como la asignación de un referente que acompañe desde los 13 a los 21 años para tomar decisiones relacionadas con su salud, educación, vivienda, planificación financiera, entre otras, y la percepción de una asignación económica mensual.
El Plan de Egreso Integral está fundado en la autonomía progresiva, contemplada por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que carece de un cumplimiento pleno. #InfanciaEnDeuda, a través del pedido de designación del Defensor/a de Niños, Niñas y Adolescentes, insiste en su reclamo para que esa figura, vacante desde 2005, sea designada a la brevedad.
Esta semana, las ONGs que conforman el colectivo #InfanciaEnDeuda presentaron a la Bicameral un reglamento para la realización del concurso de oposición y antecedentes, establecido en la Ley N° 26.061, como procedimiento necesario para la designación de la persona que se desempeñe como Defensor o Defensora. La propuesta contempla garantizar los principios de transparencia y la participación ciudadana.
